Por Canuto  

La implementación de la Ley GENIUS acumula meses de retraso mientras la OCC intenta concluir sus normas para noviembre. El calendario mantiene abiertas preguntas decisivas sobre las reservas, el cumplimiento AML y el futuro de USDT en Estados Unidos.
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  • La OCC espera publicar en noviembre la norma final para emisores de stablecoins, pero FinCEN podría terminar sus reglas AML hasta 2027.
  • Tether aún no obtiene una determinación de reciprocidad del Tesoro y prepara USAT como alternativa para el mercado estadounidense.
  • USDC, RLUSD y PYUSD parten de posiciones más cercanas al cumplimiento, mientras productos institucionales esperan mayor certeza regulatoria.

La Ley para Establecer una Innovación Nacional y Orientadora para las Stablecoins de los Estados Unidos, conocida como Ley GENIUS, no cumplió el plazo de un año que el Congreso fijó para que las agencias redactaran sus normas. El retraso ya suma cuatro meses y continúa, mientras la Oficina del Contralor de la Moneda, OCC por sus siglas en inglés, mantiene noviembre de 2026 como objetivo para publicar una regla final. Hasta entonces, la fecha efectiva del marco y las obligaciones concretas para emisores, bancos e intermediarios siguen sujetas a incertidumbre.

La ley define qué entidades pueden emitir stablecoins de pago para usuarios estadounidenses, cómo deben respaldarse esos tokens y bajo qué condiciones podrán canjearlos sus tenedores. El alcance incluye bancos nacionales, instituciones autorizadas por los estados y empresas no bancarias que soliciten una licencia federal, de modo que el régimen pretende cubrir tanto a emisores tradicionales como a compañías nativas de la industria cripto.

Un calendario que sigue deslizándose

Según el calendario citado en la información de origen, la Ley GENIUS entrará en vigor el 18 de enero de 2027 o 120 días después de que se emitan las normas finales, lo que ocurra primero. Como ninguna agencia ha concluido todavía todas sus reglas, el plazo de 120 días aún no ha comenzado. Una finalización de la OCC en noviembre trasladaría la aplicación práctica aproximadamente a marzo de 2027, aunque la fecha legal dependerá del conjunto de normas y del mecanismo previsto por la ley.

El proceso se complicó porque varias autoridades deben coordinar requisitos superpuestos bajo procedimientos y facultades legales diferentes. La OCC prepara estándares prudenciales para bancos nacionales y emisores no bancarios con licencia federal, mientras la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, NCUA, avanzan propuestas paralelas para entidades bajo sus respectivas supervisiones.

La OCC debe definir las exigencias sobre reservas, gestión de riesgos, capital, liquidez, custodia y exámenes regulatorios, adaptando prácticas bancarias a entidades que custodian criptoactivos y emiten tokens en blockchains públicas. En paralelo, la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, publicó en junio una propuesta para implementar los requisitos de programas de identificación de clientes previstos por GENIUS. El calendario definitivo de las normas contra el lavado de dinero sigue abierto.

Las normas de FinCEN exigirían programas conforme a la Ley de Secreto Bancario, reportes de actividades sospechosas y controles de transacciones frente a las listas de OFAC. Aplicar esos controles a direcciones seudónimas, operaciones entre cadenas y puentes de blockchain añade dificultades que no aparecen en los sistemas convencionales de transferencias bancarias, por lo que la implementación podría avanzar por etapas y no de forma simultánea.

La OCC ha señalado que pretende finalizar su propuesta en noviembre y comenzar a procesar solicitudes posteriormente, según la cobertura disponible. Sin embargo, si FinCEN termina sus reglas AML a comienzos de 2027, los emisores podrían obtener una licencia prudencial antes de contar con una guía definitiva para sus programas de cumplimiento.

Reservas, auditorías y nuevas cargas de transparencia

La Ley GENIUS exige que cada stablecoin en circulación tenga respaldo dólar por dólar mediante dólares estadounidenses, letras del Tesoro, depósitos bancarios asegurados o acuerdos de recompra del Tesoro. El texto excluye bonos corporativos, fondos del mercado monetario con exposición crediticia y otros activos sujetos a riesgo de impago, una condición potencialmente más estricta que las prácticas actuales de algunos emisores.

Circle mantiene reservas de USDC principalmente en letras del Tesoro y fondos del mercado monetario, pero la definición final de “reservas calificadas” determinará si debe modificar ese componente de su cartera. Para Circle, el ajuste podría ser incremental y no una reestructuración completa, aunque la decisión de la OCC marcará el límite entre una reserva considerada líquida y otra que el regulador juzgue incompatible con la ley.

Los emisores cuya capitalización de mercado supere los USD $50.000 millones deberán someterse a auditorías anuales, mientras que todos los participantes tendrán que presentar informes semanales a su regulador principal y publicar divulgaciones mensuales, según la interpretación recogida en la información de origen. Esas obligaciones superarían la información que cualquier emisor de stablecoins ofrece hoy de forma voluntaria y crearían un estándar de transparencia comparable, o incluso superior, al aplicado por la Comisión de Bolsa y Valores a los fondos del mercado monetario.

La norma final también tendrá que precisar los requisitos de capital para emisores no bancarios, que no cuentan con marcos equivalentes a los de las instituciones financieras tradicionales. La propuesta contempla capital capaz de absorber pérdidas operativas sin tocar las reservas destinadas al canje de tokens, pero el tamaño y la composición de ese colchón permanecieron abiertos a comentarios.

Otro punto relevante será el régimen de exámenes en sitio que la OCC propuso para los emisores con licencia federal. Las empresas no bancarias nunca han afrontado una supervisión federal presencial de ese tipo, y el costo de prepararse para los examinadores podría favorecer a los grupos grandes, capaces de distribuir la carga regulatoria sobre una base de activos más amplia.

Tether espera reciprocidad mientras gana espacio USDC

Tether enfrenta la pregunta más importante para la aplicación internacional de la Ley GENIUS. USDT era la stablecoin más grande por capitalización, con aproximadamente USD $140.000 millones en circulación a agosto de 2026, pero Tether Limited está incorporada en las Islas Vírgenes Británicas y nunca ha obtenido una licencia como institución financiera en Estados Unidos.

La ley permite que emisores extranjeros atiendan a negocios estadounidenses mediante una vía específica, siempre que el Tesoro emita una “determinación de reciprocidad”. Esa decisión debe confirmar que la jurisdicción de origen ofrece una supervisión regulatoria comparable, pero hasta agosto de 2026 no se había emitido para ninguna jurisdicción, incluidas las Islas Vírgenes Británicas.

Sin esa determinación, Tether no podría ofrecer legalmente USDT a negocios estadounidenses cuando la Ley GENIUS entre en vigor, aunque el token continuaría negociándose en mercados globales accesibles por internet. La restricción afectaría sobre todo el respaldo directo de intercambios, custodios e instituciones financieras estadounidenses, y no necesariamente eliminaría de inmediato la liquidez internacional de USDT.

Tether respondió con una estrategia doble: anunció planes para registrar USDT bajo la vía de emisores extranjeros y lanzó USAT, una stablecoin orientada a Estados Unidos. USAT fue diseñada para cumplir desde el inicio con la Ley GENIUS, con reservas mantenidas en letras del Tesoro bajo custodia estadounidense, por lo que funcionaría como cobertura si el Tesoro deniega la reciprocidad a las Islas Vírgenes Británicas.

La competencia ya refleja esa incertidumbre. La participación de USDT en el volumen de negociación de intercambios estadounidenses cayó de 72% en enero de 2026 a aproximadamente 64% en agosto, mientras USDC subió de 18% a 26% en el mismo periodo. El movimiento es gradual, pero el motivo exacto no está identificado; una explicación plausible es que algunos participantes prefieran activos percibidos como más cercanos al marco regulatorio estadounidense.

Los proveedores de servicios de activos digitales tienen hasta julio de 2028, tres años después de la firma de la ley, antes de que se les prohíba ofrecer stablecoins no conformes. Ese periodo de transición da margen a Tether, pero también puede producir un mercado de dos clases, donde USDC y RLUSD operen bajo supervisión completa mientras USDT conserva temporalmente su presencia entre usuarios estadounidenses.

Emisores preparados y proyectos institucionales en espera

USDC de Circle aparece como el producto más cercano al cumplimiento total porque sus reservas se concentran principalmente en letras del Tesoro y la empresa opera bajo licencias de transmisor de dinero en varios estados. La eventual exigencia de retirar exposiciones que no encajen en la definición final de reservas calificadas supondría un ajuste operativo, no necesariamente un cambio estructural en el modelo de emisión.

RLUSD de Ripple superó los USD $2.000 millones de capitalización de mercado durante agosto de 2026 y fue diseñada con el cumplimiento regulatorio como prioridad. Sus reservas se mantienen en activos denominados en dólares bajo custodia regulada, mientras el crecimiento en XRP Ledger la posicionó como una alternativa para liquidación transfronteriza, con casi USD $1.000 millones de oferta directamente en esa red.

PYUSD de PayPal, emitida a través de Paxos Trust, opera bajo la supervisión del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y mantiene reservas en letras del Tesoro y depósitos de efectivo. Su transición al marco federal requeriría obtener una licencia adicional y ampliar la infraestructura de cumplimiento, pero la información disponible no apunta a una reestructuración fundamental de sus reservas.

La demora también afecta proyectos institucionales que necesitan reglas ejecutables antes de comprometer capital. La red de depósitos tokenizados de The Clearing House, con JPMorgan, Bank of America, Citi y Wells Fargo entre sus participantes, apunta a un lanzamiento durante la primera mitad de 2027, un calendario que depende de conocer las normas finales y la fecha efectiva del régimen.

La propuesta de FASB del 18 de agosto para tratar ciertas stablecoins como equivalentes de efectivo en balances corporativos se conecta con este calendario regulatorio. El tratamiento contable exige un derecho de redención a la vista y reservas segregadas uno a uno, requisitos que se superponen con la arquitectura de la Ley GENIUS; si ambos marcos concluyen a tiempo, los tesoreros corporativos tendrían mayor certeza regulatoria y contable para mantener tokens.

El consorcio de stablecoins con reparto de ingresos OUSD, que incluye a Visa, Mastercard, Stripe y BlackRock entre más de 140 socios, busca aprovechar esa convergencia. Una stablecoin que califique como equivalente de efectivo y cumpla las reglas de reservas podría ofrecer a las empresas una herramienta liquidable en blockchain, con una función financiera cercana a la de una letra del Tesoro y la ventaja de una liquidación programable.

El dólar como objetivo estratégico

La Ley GENIUS incorpora una lógica que va más allá de la protección al consumidor, aunque sus reservas y divulgaciones también atienden ese objetivo. Las stablecoins denominadas en dólares representaban aproximadamente USD $170.000 millones de oferta circulante a agosto de 2026, y cada dólar mantenido como respaldo se invierte en letras del Tesoro o permanece en depósitos bancarios asegurados.

Si el mercado alcanza USD $1 billón en circulación hacia 2030, como sugieren varias proyecciones citadas en la información de origen, las exigencias de reservas podrían convertirse en una fuente importante de demanda para la deuda pública estadounidense. El mecanismo vincula el crecimiento de los pagos digitales con la capacidad del Gobierno estadounidense para atraer capital hacia instrumentos de corto plazo denominados en dólares.

La reciprocidad para emisores extranjeros busca evitar que compañías sujetas a controles menos comparables capturen el mercado estadounidense mediante arbitraje regulatorio. En esa lectura, el retraso no ha provocado una reacción política significativa porque el propio proceso de elaboración de normas envía a los mercados globales la señal de que Estados Unidos avanza hacia un marco integral para stablecoins.

El régimen europeo MiCA, plenamente operativo desde enero de 2026, exige un respaldo similar para stablecoins denominadas en euros, pero prohíbe expresamente pagar rendimiento sobre los saldos. La Ley GENIUS no prohíbe de manera explícita esos pagos, por lo que una autorización de la OCC para compartir ingresos de reservas podría ofrecer a las stablecoins en dólares una ventaja competitiva.

El debate sobre el rendimiento tendría consecuencias directas para los USD $1.350 millones de ingresos anuales asociados a las recompensas de USDC de Coinbase y para los protocolos DeFi que generan rendimiento sobre depósitos de stablecoins. Si el Congreso aprueba la Ley Clarity con una prohibición específica, esa disposición podría modificar el resultado; si no lo hace, la norma de la OCC tendrá un peso determinante en la competencia entre emisores y plataformas.

La dimensión geopolítica también alcanza al yuan digital de China, que funciona como moneda digital de banco central y no como stablecoin privada respaldada por reservas. Un mercado de stablecoins en dólares de USD $1 billón, sujeto a reglas creíbles aunque opere sobre redes que la Reserva Federal no controla directamente, podría ampliar la influencia monetaria estadounidense en el comercio digital.

Las decisiones que definirán el mercado

La primera decisión pendiente es la definición precisa de reservas calificadas. La ley menciona letras del Tesoro, depósitos asegurados y repos del Tesoro, pero la regla final deberá determinar si también admite valores respaldados por hipotecas de agencias o acuerdos de recompra inversa a un día, instrumentos con riesgo crediticio reducido pero no incluidos expresamente en el estatuto.

La segunda es el alcance de los exámenes regulatorios y la carga que impondrán a emisores no bancarios. Una supervisión federal presencial puede elevar la confianza institucional, pero también aumentar los costos fijos de operar una stablecoin, con el riesgo de concentrar el mercado en empresas que ya tienen capital, equipos legales y sistemas de control suficientemente grandes.

La tercera pregunta se refiere al rendimiento y al reparto de los ingresos generados por las reservas. La Ley GENIUS no prohíbe expresamente los intereses sobre saldos, pero la eventual Ley Clarity podría imponer una restricción distinta, de modo que el Congreso y la OCC todavía tienen capacidad para alterar la economía de productos que hoy atraen usuarios mediante recompensas.

La cuarta gira alrededor de la interoperabilidad entre cadenas. Un USDC en Ethereum y otro USDC en Solana son técnicamente activos emitidos en entornos distintos, aunque la infraestructura de Circle los conecte; la norma final deberá aclarar si cada instancia requiere tratamiento separado o si la licencia federal cubre todas las versiones del token, sin importar la blockchain subyacente.

Dos escenarios podrían cambiar la trayectoria prevista. Si la OCC no cumple su objetivo de noviembre y retrasa la finalización hasta mediados de 2027, los participantes podrían operar con interpretaciones propias del estatuto; y si el Congreso aprueba la Ley Clarity modificando GENIUS, las agencias tendrían que reconsiderar un proceso construido bajo otra autoridad legal.

La carta del 25 de agosto de la Asociación Blockchain, favorable a las propuestas, sugiere que una parte relevante de la industria considera aceptable el rumbo actual. La ausencia de una oposición amplia reduce la señal de que podrían abrirse periodos de comentarios prolongados, aunque no elimina los riesgos de coordinación entre agencias ni garantiza que la norma de noviembre llegue sin cambios importantes.

Los próximos indicadores serán la publicación de la regla final de la OCC, las primeras determinaciones de reciprocidad del Tesoro, cualquier reestructuración de reservas anunciada por Circle y la adopción de USAT en intercambios y protocolos DeFi. También será crucial comparar ese calendario con la norma AML de FinCEN, porque una brecha amplia entre ambos marcos dejaría a los emisores cumpliendo estándares prudenciales definitivos mientras esperan orientación contra el lavado de dinero.

La información disponible destaca que el retraso no elimina la dirección estratégica de la Ley GENIUS, pero sí prolonga el periodo en que empresas, bancos y usuarios deben tomar decisiones con reglas incompletas. Para Tether, Circle, Ripple, PayPal y los proyectos institucionales, la fecha de la norma final determinará si el mercado estadounidense se abre con rapidez o entra en una transición larga y fragmentada.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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