Por Canuto  

El BCE sostiene que el euro digital ofrecería una privacidad comparable con el efectivo, aunque organizaciones de derechos digitales reclaman garantías técnicas verificables antes de su eventual emisión.
***

  • El BCE afirma que el Eurosistema no podría vincular directamente a usuarios individuales con pagos específicos.
  • Los pagos fuera de línea revelarían los detalles únicamente al pagador y al beneficiario, mientras los bancos mantendrían controles contra el lavado.
  • Una posible emisión en 2029 dependerá de la legislación europea, un piloto de 12 meses y una decisión posterior del BCE.


El Banco Central Europeo (BCE) defendió las protecciones de privacidad previstas para el euro digital, una moneda digital de banco central que todavía depende de la aprobación legislativa y de pruebas operativas antes de llegar al público. Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo de la institución, afirmó en una entrevista publicada el 24 de agosto que el Eurosistema no podría vincular por sí mismo a usuarios individuales con pagos específicos, tanto en operaciones en línea como fuera de línea.

La promesa busca responder a uno de los principales temores asociados con las monedas digitales emitidas por bancos centrales: que la digitalización del dinero facilite una vigilancia más amplia sobre los ciudadanos. Sin embargo, organizaciones de derechos digitales consideran que las salvaguardas actuales descansan demasiado en compromisos institucionales y todavía no ofrecen suficientes mecanismos técnicos independientes para impedir una recopilación mayor de datos durante la implementación.

El BCE limita el seguimiento directo de las transacciones

Cipollone sostuvo que el euro digital tendría una privacidad más sólida que las transferencias bancarias convencionales porque el Eurosistema no recibiría información capaz de identificar directamente a los usuarios individuales. En sus declaraciones, aseguró que el diseño garantizaría “el máximo nivel de privacidad que la tecnología actual puede ofrecer”, una formulación que coloca la protección de datos en el centro de la defensa pública del proyecto.

Las operaciones en línea se procesarían mediante bancos y otros proveedores de servicios de pago, que ya mantienen una relación identificada con sus clientes. Esas entidades podrían conocer quién realiza una transacción al cumplir con los controles obligatorios de lucha contra el blanqueo de capitales, pero el Eurosistema recibiría información de liquidación seudonimizada, según la explicación ofrecida por el ejecutivo del BCE.

La separación entre la identificación del cliente y la liquidación pretende reducir la capacidad del banco central para reconstruir el historial financiero de una persona. En la práctica, no significa que toda la cadena de pago sea anónima, porque los intermediarios seguirían aplicando las reglas contra el lavado y otras obligaciones regulatorias asociadas con los servicios financieros.

El debate también se relaciona con la infraestructura europea para activos digitales, donde Cipollone ha defendido el uso de dinero de banco central como mecanismo de liquidación segura. El BCE sostiene que los estándares comunes, la cooperación y la seguridad jurídica serán necesarios para escalar las finanzas tokenizadas, aunque la privacidad del euro digital seguirá dependiendo del diseño final aprobado por los legisladores.

Los pagos fuera de línea buscan imitar al efectivo

La modalidad fuera de línea constituye la parte del proyecto que más se aproxima a la experiencia del efectivo. Los pagos se realizarían directamente entre dispositivos, como teléfonos inteligentes o tarjetas de pago, y los detalles personales de la operación solo quedarían disponibles para el pagador y el beneficiario involucrados directamente.

Este funcionamiento permitiría completar pagos durante interrupciones de la red, una característica que el BCE presenta como una forma de resiliencia para el sistema. No obstante, los usuarios tendrían que cargar fondos previamente en el saldo fuera de línea, por lo que el gasto disponible quedaría limitado al valor almacenado localmente en el dispositivo.

Los controles contra el blanqueo de capitales no desaparecerían con esa modalidad, sino que se aplicarían cuando una persona añadiera o retirara fondos de la billetera fuera de línea. El BCE compara ese proceso con las verificaciones que realizan los clientes al depositar o retirar efectivo físico, una analogía que intenta distinguir la privacidad del pago cotidiano de la identificación necesaria en los puntos de entrada y salida.

El diseño plantea así una privacidad acotada, no una ausencia total de controles financieros. Mientras una transferencia en línea conservaría la intervención de bancos o proveedores de pago, una operación fuera de línea reduciría la exposición de los detalles entre las partes, siempre dentro del límite de los fondos cargados previamente.

Organizaciones civiles piden garantías técnicas

El grupo austríaco de derechos digitales epicenter.works y organizaciones asociadas cuestionan que las promesas actuales puedan ejecutarse de manera independiente. La coalición advirtió que las salvaguardas del borrador dependen demasiado de garantías institucionales, porque las leyes, las políticas y sus interpretaciones pueden cambiar durante la puesta en marcha del sistema.

La declaración de los grupos pidió establecer un umbral de privacidad que cubra los pagos rutinarios y reclamó documentación pública sobre los mecanismos centrales. También respaldó que el código se publique cuando sea posible, de modo que investigadores externos puedan examinar el comportamiento del sistema y evaluar si sus controles corresponden con las promesas oficiales.

Entre las herramientas propuestas por las organizaciones figuran las pruebas de conocimiento cero, la criptografía de umbral y el cifrado autenticado. Estas tecnologías podrían limitar la información que una institución necesita conocer o procesar, aunque su presencia en una arquitectura técnica no garantiza por sí sola que el sistema completo cumpla las expectativas de privacidad.

La diferencia entre ambos enfoques es relevante para la confianza pública: el BCE destaca quién tendría acceso a los datos bajo las reglas previstas, mientras la sociedad civil busca restricciones técnicas que dificulten obtener información adicional incluso si una política cambia. El resultado de esa discusión determinará si la privacidad queda como una promesa administrativa o se convierte en una propiedad comprobable del euro digital.

La legislación europea definirá el calendario

El Parlamento Europeo no aprobó en julio el reglamento final del euro digital, sino que autorizó el inicio de negociaciones con el Consejo después de aprobar su posición el 9 de julio. El Consejo había adoptado su posición negociadora en diciembre de 2025, por lo que ambas instituciones todavía deben acordar un texto común antes de aprobarlo por separado.

El BCE indicó que podría estar preparado para una posible primera emisión durante 2029 si los legisladores adoptan la legislación necesaria para finales de 2026. Esa fecha no representa una decisión definitiva de lanzamiento, porque el Consejo de Gobierno del BCE tendría que evaluar por separado si las condiciones justifican proceder con la emisión.

Antes de una eventual decisión, el proyecto contempla un piloto de 12 meses durante la segunda mitad de 2027. La prueba incluiría transferencias en línea y fuera de línea, pagos comerciales y la experiencia de los usuarios, con la participación de 36 proveedores de pagos seleccionados por el BCE, entre bancos y empresas no bancarias.

Los resultados del piloto y el texto legislativo final serán decisivos para comprobar si las características anunciadas funcionan fuera de los documentos de diseño. Hasta entonces, la coexistencia entre efectivo y euro digital seguirá siendo la posición defendida por Cipollone, quien también citó el trabajo del BCE en nuevos diseños de billetes como evidencia de que la moneda física no sería reemplazada.

La discusión enfrenta dos exigencias que no necesariamente se excluyen: preservar controles contra el blanqueo y, al mismo tiempo, evitar que cada pago cotidiano se convierta en una fuente permanente de vigilancia. El piloto, las negociaciones europeas y las garantías técnicas definirán si el euro digital puede cumplir ambas condiciones sin dejar la confianza pública únicamente en manos de declaraciones institucionales.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín