Por Canuto  

La votación fallida del Senado sobre la CLARITY Act reavivó el temor de que la incertidumbre regulatoria empuje a las empresas cripto hacia custodios, accesos restringidos y controles centralizados.
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  • La moción para iniciar el debate sobre la CLARITY Act obtuvo 49 votos a favor y 50 en contra, once menos de los necesarios para superar la clausura.
  • Albert Castellana, CEO de GenLayer Labs, sostiene que la regulación debería concentrarse en quién puede congelar fondos, detener transacciones o cambiar reglas.
  • Matt Hougan, CIO de Bitwise, considera que el revés legislativo es un tope de velocidad y no necesariamente el final del mercado alcista.

La CLARITY Act quedó temporalmente estancada en el Senado estadounidense después de que una moción para iniciar su debate recibiera 49 votos a favor y 50 en contra, once menos que los 60 necesarios para superar la clausura. El resultado dejó en suspenso un marco que buscaba repartir la supervisión de los activos digitales entre la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como SEC, y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías, o CFTC.

Para Albert Castellana, CEO y cofundador de GenLayer Labs, el revés resulta decepcionante porque el proyecto avanzaba hacia una idea central: la regulación debería seguir al control que ejerce cada participante. En su lectura, una entidad que custodia fondos, decide quién puede operar o se interpone entre dos partes cumple una función distinta de la que desempeña un desarrollador que publica software o un usuario que se conecta a una red abierta.

Castellana advirtió que la falta de reglas específicas no necesariamente detiene la innovación, pero sí cambia la arquitectura de los productos. Las empresas pueden añadir custodios, limitar el acceso desde sus interfaces, recurrir a proveedores centralizados o conservar una llave administradora para ofrecer a los abogados una contraparte claramente identificable, aunque esas decisiones terminen reconstruyendo los intermediarios que las criptomonedas pretendían eliminar.

El control como criterio regulatorio

El H.R. 3633, nombre legislativo de la propuesta, habría dado a la CFTC autoridad sobre los activos digitales considerados materias primas y habría establecido registros para intermediarios del mercado al contado. La SEC conservaría la jurisdicción sobre los activos y transacciones sujetos a las leyes de valores, mientras otras disposiciones abordarían desarrolladores de software descentralizado, recompensas de stablecoins, ética gubernamental y contratos de mercados de predicción.

La Cámara de Representantes aprobó el texto por 294 votos contra 134 en julio de 2025, pero el Senado preparó posteriormente una versión diferente. Por esa razón, cualquier intento de reactivar la iniciativa todavía necesitaría la aprobación de la Cámara o una conciliación entre ambas cámaras antes de llegar al presidente de Estados Unidos.

El ejecutivo de GenLayer propone evaluar cada sistema según el lugar donde se concentra la capacidad de imponer un resultado, en vez de clasificar un proyecto entero como descentralizado o centralizado. Su prueba incluye preguntas concretas: quién puede congelar fondos, moverlos, detener una transacción, cambiar las reglas o anular una decisión; si una parte puede hacerlo, entonces ejerce control.

Ese enfoque también distingue entre publicar código y controlar el protocolo que utiliza ese código. Operar un validador o poseer tokens de gobernanza tampoco implica necesariamente poder suficiente sobre los fondos y las transacciones, porque una aplicación puede combinar un protocolo sin permisos con una interfaz empresarial o mantener una llave administrativa pese a contar con validadores independientes.

DeFi, billeteras y stablecoins siguen sin una respuesta completa

La GENIUS Act ya fijó requisitos más claros para los emisores de stablecoins de pago, incluidos lineamientos sobre reservas y reembolsos. Castellana considera que esa ley resuelve una parte relevante del problema regulatorio, aunque se concentra en el dinero y deja abiertas las preguntas sobre la economía construida alrededor de esos activos.

Cuando una stablecoin entra en aplicaciones de finanzas descentralizadas, productos de custodia, billeteras autohospedadas o plataformas de trading, la frontera entre intermediario y proveedor de software vuelve a ser difícil de establecer. Esa incertidumbre puede influir en si una empresa ofrece acceso directo a un protocolo o exige una interfaz controlada, capaz de aplicar verificaciones de identidad, bloquear operaciones o excluir a residentes de Estados Unidos.

El debate también se refleja en el avance de los valores tokenizados, donde la SEC ha explorado medidas separadas para adaptar ciertas funciones al uso de blockchains. Una propuesta para modernizar las normas aplicables a los agentes de transferencia contempla un período de 60 días para recibir comentarios y aborda el registro, la custodia, el mantenimiento de registros y el procesamiento de transferencias relacionadas con valores.

Sin embargo, el registro de una acción en una blockchain no determina por sí solo los derechos legales de su titular. La estructura de emisión, el registro oficial de propiedad, los términos de custodia y las normas aplicables seguirían definiendo derechos como el voto y el cobro de dividendos, aunque la infraestructura tecnológica sea descentralizada.

El mercado reacciona entre pérdidas y optimismo institucional

Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, adoptó una lectura menos pesimista sobre las consecuencias de la votación. En enero había advertido que un fracaso de la CLARITY Act podía frenar el mercado alcista de 2026, pero en un memorando enviado a clientes el 16 de septiembre describió el resultado como un tope de velocidad, no como un obstáculo definitivo.

Su cambio de perspectiva se apoyó, en parte, en la diferencia entre el comportamiento de Bitcoin y las probabilidades políticas del proyecto. BTC pasó de un mínimo de USD $57.950 el 1 de julio a superar USD $80.000 el 4 de septiembre, incluso mientras los operadores de Polymarket reducían sus expectativas de aprobación de la ley.

La reacción inmediata del mercado fue negativa, con BTC cayendo 3,7%, ETH perdiendo 5,2% y XRP retrocediendo 7,3%; las liquidaciones alcanzaron USD $669 millones. La coincidencia temporal con el rechazo de la moción ofrece una explicación plausible para el movimiento, pero no confirma por sí sola que la votación haya sido su única causa. Esos movimientos mostraron que la votación sí tenía relevancia para los operadores, aunque no bastaron para demostrar que el desarrollo de productos blockchain dependiera exclusivamente de una aprobación legislativa.

Hougan señaló que varias instituciones continuaron avanzando mientras el texto permanecía incierto, entre ellas Robinhood con su lanzamiento de blockchain, Morgan Stanley con un ETF de Solana y la Depository Trust & Clearing Corporation con el primer asentamiento de operaciones de acciones tokenizadas. A su juicio, las reglas que adopten la SEC y la CFTC podrían sostener parte del crecimiento, aunque una administración posterior tendría la capacidad de revertir las medidas de las agencias.

La responsabilidad de los agentes de inteligencia artificial

Castellana extendió el mismo criterio de control al uso de agentes de inteligencia artificial capaces de negociar acuerdos o iniciar transacciones. Si una persona o empresa entrega a un agente autoridad sobre fondos, esa parte debería seguir siendo responsable de la decisión, porque atribuir una operación a la IA no puede convertirse en una excusa para evadir obligaciones.

El problema puede adquirir mayor complejidad cuando los agentes automatizados celebren grandes cantidades de acuerdos y surjan disputas sobre el cumplimiento de cada uno. Las controversias podrían referirse a si un trabajo fue terminado, si alcanzó la calidad pactada o si alguna de las partes incumplió los términos establecidos antes de la operación.

GenLayer desarrolla un sistema en el que los agentes fijan por anticipado las condiciones del acuerdo, las evidencias aceptables y los requisitos de colateral. Si aparece una disputa, validadores independientes evaluarían la evidencia y los participantes conservarían la posibilidad de impugnar el resultado, con el objetivo de revisar tanto el acuerdo como el proceso utilizado para resolverlo.

La discusión conecta dos debates que suelen avanzar por separado: quién debe responder en una economía automatizada y quién controla realmente una infraestructura cripto. Mientras el Congreso no defina con mayor precisión esas fronteras, las empresas tendrán que diseñar sus productos considerando el riesgo de que una medida pensada como protección termine incorporando nuevos custodios, permisos y puntos de control.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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