Por Canuto  

Elizabeth Warren podría usar audiencias, solicitudes de documentos y citaciones para examinar licencias y controles de empresas cripto, aunque no se apruebe ninguna ley nueva. La posibilidad depende de la organización futura del Comité Bancario y no equivale a una sanción regulatoria.
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  • La supervisión del Senado puede exponer decisiones ya tomadas y elevar los costos legales y reputacionales de las compañías.
  • Warren pidió registros sobre cartas fiduciarias de la OCC y datos de control de operaciones en mercados de predicción.
  • La autoridad para suspender o revocar licencias corresponde a los reguladores, no a una senadora ni a una audiencia.

La disputa sobre el acceso de las empresas de criptomonedas a servicios bancarios podría intensificarse sin que el Congreso cambie una sola ley. Audiencias, solicitudes de documentos y eventuales citaciones permitirían a los senadores revisar cómo se aprobaron ciertas licencias y qué salvaguardas exigieron los reguladores, una presión capaz de consumir tiempo y recursos de las compañías aun sin una sanción inmediata.

Elizabeth Warren es actualmente miembro de rango del Comité Bancario del Senado. Se ha informado que podría asumir la presidencia del panel en enero, pero ese futuro liderazgo no está confirmado. Por eso, la capacidad descrita debe entenderse como condicional, no como una decisión ya adoptada.

La supervisión puede reabrir decisiones ya tomadas

La diferencia central está entre legislar y supervisar. Aprobar una nueva ley requiere respaldo en ambas cámaras del Congreso, mientras que un comité puede pedir explicaciones y documentos sobre decisiones que las empresas y los reguladores ya tomaron; así, el foco no sería necesariamente qué podrá hacer el sector en el futuro, sino si los expedientes respaldan las aprobaciones concedidas.

Si Warren llegara a presidir el Comité Bancario, tendría más influencia sobre qué temas entran en la agenda y qué funcionarios o ejecutivos reciben invitaciones para declarar. Podría preguntar qué conocían los responsables cuando aprobaron un plan empresarial, qué análisis legal usaron y por qué consideraron suficientes las medidas de protección, sin que eso equivalga a revocar por sí mismo una licencia.

Una investigación de supervisión puede terminar en un intercambio de cartas, pero también puede extenderse durante meses si el comité insiste en obtener registros o testimonios. Las compañías que creían haber cerrado el capítulo regulatorio tras recibir una aprobación podrían contratar abogados para revisar comunicaciones antiguas y preparar a sus directivos para responder preguntas en público, con costos operativos y reputacionales incluso antes de cualquier medida de cumplimiento.

La exposición pública también puede contrastar las garantías que una empresa comunicó a clientes con los documentos internos que presente ante el Senado. A la vez, los registros podrían favorecer a la compañía si muestran que el regulador identificó riesgos y exigió salvaguardas antes de dar su autorización; el resultado, por tanto, no está predeterminado por el hecho de que exista una indagación.

Las cartas fiduciarias de la OCC, bajo la lupa

Un caso concreto es la carta fiduciaria nacional de Coinbase. La empresa anunció la aprobación final el 9 de noviembre, según la información disponible sobre el proceso de autorización. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), agencia federal que supervisa bancos nacionales, supervisará el negocio de custodia asociado a la carta.

La custodia consiste en proteger activos de clientes y ofrecer garantías sobre cómo se resguardan y quién verifica que los controles funcionen. Coinbase sostiene que la supervisión federal le entrega un marco más consistente para ese negocio; la carta, según la descripción de la fuente, autoriza a la compañía a mantener criptomonedas bajo custodia y establece deberes legales hacia los clientes cuyos activos protege.

En una carta enviada en mayo a la OCC, Warren pidió solicitudes y análisis legales relacionados con nueve decisiones sobre cartas fiduciarias para empresas cripto, incluida Coinbase, además de registros de solicitudes pendientes. Warren sostuvo que, desde diciembre de 2025, la OCC había aprobado al menos nueve cartas fiduciarias nacionales para empresas cripto. También solicitó anexos confidenciales y comunicaciones sobre las aprobaciones que involucraran a la Casa Blanca o a la familia del presidente, y dio a la agencia plazo hasta el 1 de junio para responder.

Warren sostuvo que algunas empresas podían obtener permiso para realizar actividades similares a las bancarias con menos obligaciones que las entidades convencionales. La comparación requiere distinguir los servicios: los bancos fiduciarios pueden custodiar activos, mientras que los bancos tradicionales suelen aceptar depósitos y otorgar préstamos; la autorización de Coinbase no implica, por sí sola, que pueda ofrecer cualquier actividad bancaria.

La aprobación de Ripple abarca custodia y gestión de reservas de stablecoins, mientras su filial regulada por Nueva York continúa emitiendo RLUSD. Aunque ambas compañías cuentan con cartas fiduciarias, los términos específicos determinan qué servicios puede prestar cada una y bajo qué condiciones; los documentos permitirían al comité contrastar lo que las firmas describieron al solicitar autorización con sus operaciones posteriores.

Mercados de predicción y controles de operaciones

La posible agenda de supervisión también incluye los mercados de predicción, donde los usuarios negocian contratos cuyo pago depende del resultado de un evento, como una elección. Los precios pueden funcionar como indicadores de expectativas públicas, pero una persona con información no pública podría operar antes de que el resto del mercado conozca el dato, lo que plantea preguntas sobre vigilancia y cumplimiento.

En septiembre, Warren y otros demócratas del Comité Bancario solicitaron al presidente del panel, Tim Scott, una audiencia pública sobre esos mercados y sus riesgos, entre ellos los contratos ligados al desempeño de empresas. En una carta fechada el 28 de octubre, Warren y el senador republicano John Curtis preguntaron a Kalshi y Polymarket cómo vigilan los mercados electorales.

Los senadores dieron a ambas plataformas hasta el 3 de noviembre para informar con qué frecuencia bloquearon operaciones prohibidas antes de su ejecución y con qué frecuencia las detectaron después. Esos datos podrían ayudar a precisar cuánto tiempo operó una persona antes de que la plataforma interviniera y cómo busca transacciones similares que sus sistemas tal vez no identificaron.

Kalshi había publicado relatos de tres candidatos que operaron en sus propias contiendas, con detalles sobre investigaciones y sanciones aplicadas dentro de la plataforma. Esas divulgaciones muestran que la empresa tomó medidas en casos específicos, pero no ofrecen el conjunto completo de estadísticas que los senadores solicitaron en su carta de octubre; por ello, no resuelven por sí solas las preguntas sobre la eficacia general de sus controles.

Warren y el senador Jeff Merkley llevaron otro aspecto del asunto a una carta del 9 de noviembre dirigida al consejero de la Casa Blanca, Will Scharf. Preguntaron cómo respondió la administración al caso de trading en mercados de predicción de un exasesor presidencial y qué salvaguardas existen para evitar el uso de información no pública; solicitaron respuestas para el 23 de noviembre y extendieron el escrutinio al empleador gubernamental responsable de proteger esos datos.

Jurisdicción y límites del poder del Senado

La supervisión de los activos digitales se reparte entre comités y agencias, por lo que una presidencia del Comité Bancario no entregaría a Warren control sobre todos los asuntos cripto. El panel bancario examina bancos y mercados de valores, mientras que el Comité de Agricultura tiene competencias sobre materias primas y derivados, con responsabilidades que pueden solaparse en ciertos instrumentos financieros.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) supervisa derivados, pero el Comité de Agricultura del Senado tiene un papel destacado en esa jurisdicción. El Comité Bancario también abarca algunos instrumentos relacionados con la CFTC, así que la división no es absoluta; en cualquier caso, cada investigación debe ajustarse a las competencias del comité y no reemplaza la función del regulador correspondiente.

Las reglas actuales del Comité Bancario permiten que su presidente o el presidente de un subcomité emita una citación si cuenta con el acuerdo del senador de mayor rango del partido minoritario. El comité también puede aprobarla por mayoría, y las reglas del Senado reconocen la facultad de exigir documentos; el panel debe adoptar sus normas para el próximo Congreso cuando se reorganice.

Una citación formal puede obligar a comparecer o entregar documentos, aunque su uso está sujeto a procedimientos del Senado y del propio comité. Las empresas pueden objetar solicitudes que consideren demasiado amplias, y el privilegio legal o la confidencialidad pueden limitar lo que el Congreso obtiene o divulga; si una firma se niega a cumplir, la disputa podría requerir otra votación o llegar a los tribunales.

De los documentos a posibles consecuencias

En marzo, Warren preguntó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, cómo su departamento evaluó los riesgos de seguridad atribuidos a Bitmain, fabricante chino de equipos para minar Bitcoin. También quiso saber si los vínculos entre Bitmain y American Bitcoin, empresa minera cofundada por Eric Trump, influyeron en las decisiones del departamento; la solicitud plantea preguntas sobre el proceso, pero no demuestra por sí misma que hubiera interferencia.

Si el gobierno restringiera equipos de Bitmain, la agencia responsable necesitaría autoridad legal para actuar y el alcance de la medida determinaría sus efectos sobre los mineros estadounidenses que dependen de esos dispositivos. Limitar equipos nuevos podría retrasar entregas, mientras que restringir repuestos encarecería el mantenimiento de máquinas existentes; la carta de Warren no establece que alguna de esas restricciones ya esté en vigor.

Los documentos reunidos durante una indagación pueden llevar a los reguladores a evaluar si existe base para abrir una investigación conforme a las leyes actuales. Los legisladores, por su parte, podrían usar la misma evidencia para defender cambios legislativos, mientras que una multa o la revocación de una carta tendría que provenir de la agencia que sí posee autoridad para tomar esa decisión.

Por eso, el riesgo inmediato para las compañías no necesariamente consiste en perder una licencia, sino en tener que explicar públicamente decisiones que consideraban cerradas y dedicar recursos a revisar sus expedientes. Si Warren asumiera la presidencia, tendría mayor capacidad para escoger qué asuntos examina el comité; sus cartas existentes sobre Coinbase, los mercados de predicción y Bitmain ofrecen indicios de los temas que ya busca aclarar, aunque no confirman quién conducirá el panel en el próximo Congreso.


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