Por Canuto  

Un informe de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado estadounidense sostiene que USDT ocupa un papel relevante en redes financieras vinculadas a Irán. Sus conclusiones elevan el escrutinio sobre los proveedores de activos virtuales del Golfo. Un abogado advierte que cobrar en moneda local no basta para descartar riesgos de sanciones: la exposición puede aparecer en distintos eslabones del pago.
***

  • La Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU. sostiene que USDT funciona como una vía importante para las redes financieras paralelas iraníes.
  • El abogado Soham Jethani sostiene que el riesgo puede surgir antes de la liquidación bancaria y depende de las partes, los servicios y los activos implicados.
  • Los VASP autorizados del CCG afrontan exigencias operativas de evaluación de contrapartes, controles KYC y supervisión de transacciones.

Un informe de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos (PSI) sobre el uso de stablecoins en redes financieras vinculadas a Irán podría intensificar el escrutinio de los proveedores de servicios de activos virtuales, conocidos como VASP, en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). El documento sostiene que USDT, la stablecoin de Tether, se ha convertido en un componente relevante de la red financiera paralela iraní y en una vía internacional de pagos ilícitos, una conclusión que plantea desafíos de cumplimiento para plataformas y otros intermediarios de la región.

La cuestión no se limita a determinar si un pago termina en una cuenta bancaria local, sino a identificar quién participó en cada etapa y qué servicio facilitó la operación. En información publicada por Bitcoin News el 7 de octubre de 2026, el abogado Soham Jethani advirtió que recibir moneda fiduciaria no elimina por sí mismo la exposición a sanciones, pues las obligaciones podrían activarse antes de la liquidación final.

El foco se desplaza hacia las contrapartes y las rutas de pago

El informe de la PSI plantea que las stablecoins, y en particular USDT, pueden servir como una vía de liquidez dentro de la estructura financiera paralela iraní. Esa conclusión incrementa la importancia de que los intermediarios regulados del CCG examinen no solo el origen aparente de un pago, sino también las contrapartes, las carteras y los proveedores que conectan una operación con el sistema financiero tradicional.

La ubicación geográfica de los países del Golfo y la fluidez de sus redes de comercio transfronterizo complican esa tarea, según el análisis citado. Las plataformas deben distinguir entre transacciones legítimas de la región y actividad de terceros que pudiera estar relacionada con personas o entidades sancionadas; para hacerlo, la atribución de carteras y el análisis de las relaciones entre participantes adquieren mayor peso.

Una consecuencia posible es que los exchanges regionales revisen sus relaciones con proveedores de liquidez, mesas extrabursátiles y procesadores de pagos internacionales. Esos vínculos pueden influir en la ruta que sigue un activo digital, incluso cuando el comerciante que recibe el pago ve únicamente un abono en moneda local y no interactúa directamente con una plataforma extranjera.

El informe no implica que toda operación con USDT en el Golfo sea ilícita ni que una conexión con una cartera señalada pruebe automáticamente una infracción. El punto central es que sus hallazgos podrían llevar a las autoridades occidentales a exigir controles más preventivos, mientras que los VASP autorizados tendrían que evaluar con mayor cuidado sus contrapartes y las rutas de liquidez que utilizan.

El riesgo puede aparecer antes de que el dinero llegue al banco

Jethani, socio director de Septten Advisors, explicó que no existe un único momento universal en el que nace la responsabilidad por una transacción relacionada con sanciones. Según el régimen aplicable, el problema puede consistir en operar con una persona designada, poner fondos o recursos económicos a su disposición, o gestionar bienes en los que esa persona tenga un interés; por eso, el análisis no se agota en el asiento bancario final.

El abogado subrayó que cobrar moneda fiduciaria no libera a un comerciante de sus obligaciones subyacentes de cumplimiento. Para evaluar la exposición, la empresa debe conocer a su cliente, entender cómo se estructura el pago y revisar los controles que aplica el proveedor de servicios que participa en la operación, en vez de tratar la conversión a moneda local como una garantía suficiente.

Una alerta asociada a una cartera tampoco equivale automáticamente a una infracción, puntualizó Jethani, aunque sí puede justificar una investigación adicional. En la práctica descrita por el experto, la mayor carga operativa recae sobre los VASP autorizados que procesan o facilitan el intercambio entre criptoactivos y dinero fiduciario, pues son esos intermediarios regulados quienes deben aplicar controles y evaluar a las contrapartes.

El análisis también distingue entre la titularidad de los tokens y los derechos que un comerciante puede tener frente a su procesador de pagos. Según los contratos y el flujo efectivo de fondos, el comerciante podría recibir tokens directamente, tenerlos depositados a su nombre o contar únicamente con un derecho contractual sobre dirhams; cada posibilidad cambia quién custodia los activos y qué ocurriría ante una insolvencia.

La titularidad no resuelve por sí sola las dudas sobre sanciones

Que un comerciante sea propietario de una stablecoin no responde todas las preguntas regulatorias, sostuvo Jethani. Una operación prohibida podría involucrar la prestación de un servicio o la puesta a disposición de recursos económicos, incluso si el comerciante no adquiere los tokens; por eso, los contratos y las funciones de cada participante importan tanto como el nombre o la denominación del activo digital.

El experto añadió que una conexión indirecta o histórica con una cartera no constituye automáticamente una infracción bajo las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) o el régimen de sanciones de los Emiratos Árabes Unidos. La evaluación depende de qué régimen se aplica, de las partes involucradas y de los hechos concretos de la transacción, por lo que una señal de riesgo requiere análisis contextual.

La dimensión internacional de las stablecoins puede sumar otra capa de exposición para empresas que creen estar realizando pagos puramente nacionales. Jethani advirtió que el emisor, una cartera, un proveedor de servicios, una plataforma de entrada o salida, un custodio u otro intermediario podría tener vínculos con una parte sancionada o con una actividad restringida, aunque el pago visible se liquide localmente.

El experto también describió el posible alcance de las sanciones secundarias: determinadas jurisdicciones, especialmente Estados Unidos, pueden imponer medidas a personas o entidades no estadounidenses por ciertas relaciones con partes sancionadas, incluso sin un nexo territorial directo. Como ejemplo, señaló que un banco no estadounidense que facilite conscientemente una transacción significativa para una entidad financiera iraní sancionada podría enfrentar restricciones severas, incluida la posible exclusión del sistema financiero estadounidense.

Los controles preventivos y la responsabilidad de los VASP

Los pagos minoristas instantáneos plantean un reto particular porque el filtrado debe ocurrir en segundos, mientras que los datos de análisis de blockchain pueden llegar tarde o ser incompletos. Jethani mencionó como dificultades la atribución pendiente de carteras nuevas, el ocultamiento de movimientos mediante carteras calientes de exchanges y los puentes entre distintas cadenas, factores que pueden complicar la lectura de una operación en tiempo real.

El abogado indicó que, en mercados regulados como los Emiratos Árabes Unidos, algunos riesgos se reducen antes de que el consumidor llegue al punto de pago. En el modelo que describió, los usuarios emplean carteras vinculadas a exchanges autorizados y sometidos a supervisión continua, mientras que los fondos sospechosos pueden congelarse antes de iniciar una compra y los comercios deben completar controles de conocimiento del cliente antes de aceptar pagos.

Ese filtrado previo de ambas partes puede crear una barrera relevante frente a actividades ilícitas en pagos minoristas, aunque no vuelve infalible al sistema. La calidad y actualidad de los datos siguen siendo determinantes, y la posibilidad de congelar fondos o investigar una alerta depende de la información disponible para los intermediarios y de los procedimientos que tengan establecidos.

Jethani sostuvo que la responsabilidad legal y operativa corresponde principalmente al VASP autorizado que facilita la transacción y sus vías de entrada y salida. En jurisdicciones del CCG con marcos regulatorios para criptoactivos, esto puede incluir requisitos aplicables de la Travel Rule, verificación de contrapartes y evaluaciones de riesgo de sanciones; el abogado señaló que un intermediario regulado que incumpla podría enfrentar multas y sanciones.

La obtención de una licencia también crea un incentivo comercial para que los proveedores protejan su autorización y su reputación, según Jethani, quien consideró que el riesgo de comprometerlas por una sola operación no vale la pena. El especialista relacionó los controles y las exigencias de prueba durante el licenciamiento con la posición de los Emiratos Árabes Unidos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en un contexto de expansión de su sector de activos digitales.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados