Por Canuto  

Meta regresa a los tribunales de Nuevo México en un caso que podría costarle miles de millones de dólares y obligarla a rediseñar Facebook e Instagram en ese estado, en medio de crecientes presiones judiciales sobre la seguridad infantil en redes sociales.
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  • El fiscal general de Nuevo México reclama aproximadamente USD $3.700 millones en costos de mitigación y medidas cautelares contra Meta.
  • Un jurado ya determinó en marzo que Meta violó deliberadamente la ley estatal de prácticas desleales y ordenó un pago de USD $375 millones.
  • La nueva fase del juicio evaluará si la empresa creó una molestia pública, una teoría legal que podría influir en casos similares en todo Estados Unidos.

Meta vuelve este lunes a un tribunal de Santa Fe, Nuevo México, para enfrentar una nueva fase de un caso de seguridad infantil que podría tener consecuencias de gran alcance para la compañía. Lo que está en juego no es solo una sanción económica adicional, sino la posibilidad de que un juez concluya que la matriz de Facebook e Instagram opera como una “molestia pública” en el estado.

Esa figura legal abriría la puerta a remedios mucho más amplios que una multa tradicional. En la práctica, podría obligar a Meta a introducir cambios relevantes en la forma en que diseña, opera y supervisa sus plataformas para usuarios en Nuevo México.

El caso llega además en un momento especialmente delicado para las grandes tecnológicas. En Estados Unidos, crece la presión legal sobre las redes sociales por supuestos daños a menores de edad, adicción digital, exposición a depredadores sexuales y fallas sistémicas en el diseño de sus productos.

Según reportó CNBC, Meta ya perdió la primera ronda del juicio. En marzo, un jurado de Nuevo México concluyó que la empresa violó deliberadamente la ley estatal de prácticas desleales, y determinó que debe pagar USD $375 millones con base en el número de infracciones identificadas.

La fase decisiva del juicio

La nueva etapa del proceso será un bench trial, es decir, un juicio sin jurado. Durante tres semanas, el tribunal evaluará si las acciones de Meta constituyeron una molestia pública, un concepto jurídico que suele asociarse con daños amplios a la comunidad y que en este caso se está aplicando al entorno digital.

La oficina del fiscal general de Nuevo México, encabezada por Raúl Torrez, sostiene que Meta no protegió adecuadamente a niños y adolescentes en sus aplicaciones frente a depredadores sexuales. También alega que la compañía engañó al público sobre los daños asociados al uso de Instagram y Facebook.

En su presentación trimestral más reciente, Meta informó que la fiscalía estatal está pidiendo “aproximadamente USD $3.700 millones en costos de mitigación, así como medidas cautelares”. La empresa añadió que esas exigencias incluyen solicitudes de “cambios extensos” en la manera en que presta sus servicios en Nuevo México.

Torrez explicó la semana pasada que el estado busca que Meta reforme sus aplicaciones mediante herramientas como tecnologías efectivas de verificación de edad, cambios en los algoritmos de recomendación para que no comprometan el bienestar infantil y otras modificaciones que, en sus palabras, implicarían “reestructurar fundamentalmente la manera en que a Meta se le permite hacer negocios en el estado”.

El fiscal general también pidió la designación de un “monitor independiente” que supervise el cumplimiento de las medidas. Según Torrez, esa figura es necesaria porque “ahora sabemos que no se puede confiar en que Meta se regule a sí misma, cumpla de manera independiente y corrija su comportamiento”.

La respuesta de Meta y el riesgo de una salida del estado

Meta rechazó de forma contundente las exigencias del estado. Un portavoz afirmó que los pedidos de Nuevo México son “técnicamente impracticables, imposibles de cumplir para cualquier empresa y desconocen las realidades de internet”.

La empresa fue más allá y dejó abierta una medida extrema. Según su vocero, aunque no sería del interés de Meta hacerlo, si no se alcanza una solución viable a las exigencias del fiscal general Torrez, la compañía podría no tener “más opción que eliminar por completo el acceso a sus plataformas para los usuarios de Nuevo México”.

Al mismo tiempo, Meta defendió su historial reciente en materia de seguridad. La empresa aseguró que sigue comprometida con ofrecer experiencias seguras y apropiadas para la edad, y sostuvo que ya lanzó muchas de las protecciones que busca el estado, incluidas 13 medidas de seguridad durante el último año.

La compañía también calificó la demanda estatal como una estrategia equivocada. En su visión, el caso pone el foco en Meta mientras deja de lado las cientos de aplicaciones que los adolescentes usan a diario.

Un posible momento “Big Tobacco” para las redes sociales

Especialistas citados por la fuente han descrito esta ola de litigios como un posible momento “Big Tobacco” para las redes sociales. La comparación remite a la década de 1990, cuando las tabacaleras enfrentaron demandas multimillonarias por engañar al público sobre la seguridad y los daños de sus productos.

Nikolas Guggenberger, profesor adjunto del University of Houston Law Center, señaló que la caída de influencia de la industria tabacalera no fue inmediata, pero sí profunda. En su lectura, si se compara el poder actual de las grandes tabacaleras con el que tenían en los años 80 o 90, la diferencia es abrumadora.

La idea central es que los procesos judiciales pueden terminar reconfigurando sectores completos, incluso si el cambio no ocurre de un día para otro. En el caso de Meta y sus pares, ese riesgo ya no parece teórico, dada la cantidad de procesos abiertos y la severidad de los reclamos.

Otro juicio importante concluyó en marzo en Los Ángeles. Allí, Meta y YouTube, de Google, perdieron una demanda por daños personales presentada por una demandante que alegó haberse vuelto adicta durante su niñez a aplicaciones como Instagram y YouTube.

En ese caso, los jurados determinaron que la negligencia de ambas empresas fue un “factor sustancial” en los graves problemas de salud mental de la demandante. El tribunal ordenó el pago de USD $6 millones en daños compensatorios y punitivos, de los cuales Meta debe asumir el 70%.

El caso de Nuevo México como prueba para litigios nacionales

La importancia del proceso en Santa Fe supera las fronteras estatales. Meta, YouTube, TikTok y Snap también están involucradas en un gran juicio federal en el Distrito Norte de California, donde enfrentan acusaciones similares sobre engaño a consumidores y diseño de aplicaciones con funciones que fomentan conductas adictivas y nocivas en adolescentes y niños.

Ese litigio, que involucra a cientos de distritos escolares, tiene previsto comenzar el 15 de junio. Por eso, abogados y demandantes de otros casos siguen de cerca lo que ocurra ahora en Nuevo México.

Adam Zimmerman, profesor de la Gould School of Law de la University of Southern California, explicó que el caso puede convertirse en el primer gran ensayo de una teoría jurídica que luego sea utilizada en litigios similares. En su opinión, este proceso no solo definirá si existen grandes remedios para Nuevo México, sino que funcionará como un caso de prueba para la estrategia en la que se apoyan muchos distritos escolares en el tribunal federal.

La figura de molestia pública ya ha sido utilizada en el estado en otros contextos. James Grayson, fiscal general adjunto de Nuevo México, recordó que uno de los precedentes más importantes fue el juicio de 2022 en Santa Fe relacionado con la crisis de los opioides contra Walgreens.

Ese caso terminó con un acuerdo de USD $500 millones. Según Grayson, ese precedente sentó las bases para usar la molestia pública en este tipo de disputas, con el objetivo de demostrar el daño a nivel estatal y el impacto concreto sobre los habitantes de Nuevo México.

Sección 230, producto defectuoso y el reto legal

Uno de los puntos más delicados del caso es que intenta trasladar una doctrina tradicionalmente ligada al mundo físico hacia el ámbito digital. Guggenberger advirtió que el gran reto para los demandantes será articular el daño que sufren terceros en el estado bajo una teoría de molestia pública.

La apuesta legal también responde a otro obstáculo histórico. Durante años, compañías como Meta se han beneficiado del escudo que ofrece la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una norma que protege a los sitios web de ser demandados por contenido publicado por terceros en sus plataformas.

Los demandantes, sin embargo, están tratando de encuadrar el conflicto de otra manera. Como explicó Zimmerman, no buscan presentar esto como un caso típico sobre contenido que debió o no ser retirado, sino como un problema sistémico, donde “el sistema en su conjunto” se asemeja a un producto defectuoso.

Meta y otras empresas de redes sociales podrían terminar llevando estos litigios hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si continúan perdiendo casos. Esa posibilidad da una dimensión aún mayor al proceso en Nuevo México, que hoy aparece como uno de los frentes más relevantes en la batalla legal sobre el futuro diseño y la responsabilidad de las plataformas digitales.


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