Por Canuto  

La industria cripto de Corea del Sur abrió un nuevo frente contra el endurecimiento regulatorio. Exchanges y asociaciones del sector sostienen que una propuesta antilavado obligaría a reportar millones de operaciones adicionales, con costos operativos difíciles de absorber y dudas sobre su base legal.

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  • DAXA advirtió que la propuesta podría elevar de 63.000 a más de 5,4 millones los reportes anuales de transacciones sospechosas.
  • La medida exigiría reportar como sospechosas todas las transferencias cripto vinculadas al extranjero desde ₩ 10.000.000, sin evaluar riesgo.
  • Upbit, Bithumb y Coinone también disputan en tribunales sanciones previas de la FIU por presuntas fallas AML.

 

La industria de criptomonedas de Corea del Sur está presionando contra una nueva propuesta regulatoria en materia de prevención de lavado de dinero, al considerar que el alcance de la medida excede lo razonable para la operación diaria de los exchanges.

El punto más cuestionado es una regla que obligaría a los proveedores de servicios de activos virtuales a reportar como sospechosas todas las transferencias vinculadas al extranjero por al menos ₩ 10.000.000, equivalentes a unos USD $6.800.

El debate ocurre en uno de los mercados cripto más vigilados de Asia. Corea del Sur mantiene desde hace años una postura regulatoria estricta frente a los exchanges, con exigencias de identificación de usuarios, controles bancarios y una supervisión intensa sobre operaciones transfronterizas. Bajo ese contexto, el nuevo ajuste normativo ha sido interpretado por parte del sector como un endurecimiento que podría sobrecargar los sistemas de cumplimiento.

Según reportó Cointelegraph, la Digital Asset eXchange Alliance, conocida como DAXA, presentó observaciones formales sobre los cambios propuestos al Decreto de Aplicación de la Ley de Información Financiera Específica y a las normas de supervisión relacionadas. La organización reúne aparte importante de la industria local y dijo que sus comentarios recogen las opiniones de 27 proveedores de servicios de activos virtuales registrados.

Exchanges surcoreanos presentan sus observaciones

Entre ellos figuran los cinco mayores exchanges del país: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax. La principal advertencia del grupo es que la norma, tal como está redactada, podría multiplicar por 85 el volumen de reportes de transacciones sospechosas que estas plataformas presentan cada año.

DAXA calculó que los cinco exchanges pasarían de unos 63.000 reportes anuales a más de 5,4 millones. A juicio del sector, ese salto no solo elevaría el costo operativo, sino que haría prácticamente inviable el cumplimiento eficiente, al diluir la capacidad de detectar actividades realmente riesgosas entre una avalancha de reportes automáticos.

La propuesta fue presentada el 30 de marzo por la Financial Services Commission y la Financial Intelligence Unit, dos de las principales autoridades financieras del país. El período de consulta pública permanecerá abierto hasta el 11 de mayo, y se espera que las reglas sean finalizadas en julio tras la revisión regulatoria y legal correspondiente.

Qué cambia con la regla propuesta

El corazón de la controversia está en el criterio automático de sospecha. Bajo la propuesta, los VASP nacionales que ejecuten transferencias de activos virtuales con VASP extranjeros tendrían que reportar como sospechosas todas las operaciones de al menos ₩ 10.000.000, sin importar el perfil de riesgo del cliente o la naturaleza específica de la transacción.

Ese punto marca una diferencia relevante frente a los esquemas AML tradicionales. En general, los sistemas de prevención de lavado combinan umbrales, análisis de comportamiento y señales de riesgo para separar operaciones rutinarias de movimientos que merecen una revisión más profunda. La industria sostiene que eliminar ese filtro y tratar automáticamente cualquier transferencia internacional sobre cierto monto como sospechosa puede generar ruido regulatorio en lugar de mejorar la vigilancia.

DAXA también cuestionó otra obligación incluida en el paquete regulatorio. El grupo objetó un requisito para verificar la exactitud de la información de los clientes, al argumentar que normas de nivel inferior estarían añadiendo deberes que no aparecen claramente establecidos en la ley principal.

Ese reclamo apunta a un asunto sensible en la arquitectura regulatoria. Para los exchanges, no se trata solo de cuánto control deben aplicar, sino de si la autoridad está expandiendo sus exigencias mediante disposiciones subordinadas, en vez de hacerlo a través de cambios legislativos más explícitos.

La disputa refleja una tensión creciente en Corea del Sur entre la intención de endurecer la supervisión antilavado sobre cripto y la percepción de que algunas obligaciones superan lo que puede procesarse de forma razonable. En mercados de alta rotación, una norma demasiado amplia puede producir millones de alertas, pero no necesariamente mejor información para los reguladores.

La presión regulatoria ya está en los tribunales

La discusión no ocurre en el vacío. Los grandes exchanges surcoreanos ya mantienen disputas judiciales por sanciones relacionadas con controles AML y vínculos con plataformas extranjeras no registradas. Eso ha convertido la consulta pública actual en una extensión de un conflicto más amplio entre reguladores y operadores.

El 9 de abril, Dunamu, operador de Upbit, obtuvo un fallo en primera instancia que anuló una suspensión parcial de negocios por tres meses. La medida había sido impuesta por presuntas infracciones relacionadas con la debida diligencia del cliente y con transacciones realizadas junto a proveedores extranjeros de servicios de activos virtuales no registrados.

Sin embargo, la controversia sigue abierta. El regulador apeló esa decisión el 30 de abril, por lo que el caso aún no está cerrado. La disputa muestra que, incluso cuando los exchanges consiguen alivio judicial inicial, la autoridad mantiene su ofensiva en instancias superiores.

Bithumb también logró un respiro judicial el viernes, cuando el Tribunal Administrativo de Seúl suspendió la ejecución de una suspensión parcial de negocios de seis meses hasta que se resuelva el proceso principal. La Financial Intelligence Unit había impuesto esa sanción luego de una inspección que detectó presuntas infracciones de la Ley de Información Financiera de Corea del Sur.

Entre los señalamientos contra Bithumb se incluyeron fallas vinculadas con transacciones efectuadas junto a VASP no registrados. Aunque la suspensión fue detenida de manera temporal, el fondo del litigio todavía debe resolverse, lo que deja en evidencia que la presión sobre los grandes actores del mercado sigue vigente.

Coinone atraviesa una situación parecida. El exchange recibió una suspensión parcial de negocios por tres meses y una multa de ₩ 5.200 millones por presuntas fallas AML. Más tarde obtuvo también un alivio temporal mientras impugna las sanciones ante la justicia.

Los reportes locales indicaron que el caso de Coinone involucraba problemas de verificación de clientes y transacciones con proveedores extranjeros no registrados de servicios de activos virtuales. Esos elementos coinciden con varios de los focos que la nueva propuesta regulatoria busca abordar, lo que refuerza la impresión de que las autoridades quieren cerrar cualquier margen operativo en transferencias internacionales.

Un mercado clave bajo mayor vigilancia

Corea del Sur es uno de los mercados más relevantes para la actividad cripto minorista e institucional en Asia. Sus exchanges suelen registrar altos volúmenes y una participación importante de inversionistas locales, por lo que cualquier cambio normativo en ese país tiende a ser observado de cerca por el resto de la industria global.

Para los reguladores, el argumento central gira en torno a la prevención del lavado de dinero y al control de riesgos en operaciones internacionales. Para los exchanges, el problema no es la supervisión en sí, sino el diseño de una regla que podría obligarlos a etiquetar masivamente como sospechosas operaciones que no necesariamente lo son.

Ese choque puede tener implicaciones prácticas. Si el volumen de reportes se multiplica con tanta fuerza como estima DAXA, las áreas de cumplimiento podrían quedar enfocadas en procesar alertas mecánicas, en vez de concentrarse en investigaciones más específicas. En otras palabras, más reportes no siempre significan mejor fiscalización.

También está en juego la relación entre bancos, plataformas y supervisores. En Corea del Sur, los exchanges dependen de marcos estrictos de cooperación con entidades financieras para operar legalmente. Cualquier incremento en las exigencias AML puede trasladar presión adicional a toda la cadena de control, desde la identificación del usuario hasta el monitoreo de transferencias al exterior.

Por ahora, el período de consulta sigue abierto y la versión final del paquete regulatorio aún puede cambiar. Lo que ya queda claro es que la industria cripto surcoreana no está dispuesta a aceptar sin objeciones una norma que, en su opinión, podría disparar millones de reportes, generar confusión operativa y profundizar una batalla regulatoria que ya se libra en los tribunales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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