La Corte Suprema de Estados Unidos debe decidir si revisará tres disputas sobre contratos deportivos de mercados de predicción. Aunque los casos no plantean directamente el impuesto federal sobre apuestas, un fallo favorable a Nevada podría debilitar el argumento de Robinhood, Kalshi y Crypto.com de que sus productos no son apuestas gravables.
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- Robinhood y Crypto.com solicitaron a la Corte Suprema revisar derrotas relacionadas con Nevada; Nueva Jersey recurrió contra una victoria judicial de Kalshi.
- Las respuestas a las tres peticiones vencen el 7 de diciembre, pero la Corte aún conserva discreción sobre su calendario y sobre si acepta los casos.
- Robinhood informó que no ha cobrado ni remitido el impuesto especial federal sobre sus contratos de eventos, y advirtió que un resultado adverso podría afectar materialmente el negocio.
Robinhood, Kalshi y Crypto.com esperan novedades de la Corte Suprema de Estados Unidos en una serie de litigios sobre contratos deportivos ofrecidos en mercados de predicción. Aunque los casos no preguntan directamente si esos productos deben pagar el impuesto federal sobre apuestas, sus resultados podrían influir en la discusión sobre si las plataformas realizan apuestas o facilitan operaciones entre participantes, según informó Protos.
Robinhood presentó el 10 de septiembre una petición para que el máximo tribunal revise su derrota ante la comisión de juego de Nevada en el Noveno Circuito. La división de derivados de Crypto.com también solicitó revisar su derrota ante Nevada. El expediente de la Corte Suprema identifica al peticionario como North American Derivatives Exchange, que opera como Crypto.com Derivatives North America, y registra el caso el 15 de septiembre de 2026. Mientras tanto, Nueva Jersey acudió a la Corte el 2 de septiembre para impugnar la victoria de Kalshi en el Tercer Circuito.
Las respuestas a las tres peticiones tienen como fecha límite común el 7 de diciembre, de acuerdo con la información publicada. Ese vencimiento no significa que los jueces vayan a resolver entonces el fondo de los litigios: primero deben considerar las presentaciones y decidir si aceptan revisar cada caso, pues la Corte Suprema tiene amplia discreción para escoger qué asuntos incorpora a su calendario.
La Corte todavía no había publicado su agenda de invierno cuando se difundió la noticia. Como referencia, las opiniones sustantivas suelen conocerse durante diciembre y enero, pero ese patrón histórico no garantiza una fecha para estas disputas ni permite afirmar que los jueces vayan a pronunciarse sobre ellas en esos meses.
El desacuerdo sobre qué significa aceptar una apuesta
El Código de Rentas Internas define una apuesta gravable como una apuesta deportiva o de eventos realizada con una empresa o persona «dedicada al negocio de aceptar tales apuestas». Los operadores sostienen que sus plataformas organizan un mercado en el que los usuarios negocian entre sí, en lugar de apostar contra una casa que obtiene una ventaja sistemática.
La diferencia es central para la posición de las empresas: si los contratos son transacciones de mercado y no apuestas aceptadas por un operador, argumentan que no corresponde aplicarles el impuesto federal especial sobre apuestas. Sin embargo, esa interpretación es una postura de las compañías, no una conclusión judicial definitiva, y la disputa sobre las leyes estatales de juego podría afectar la fuerza de ese argumento.
Los litigios relacionados con Nevada examinan si los contratos deportivos de Robinhood quedan sujetos a las leyes estatales de juego. Por eso, aunque la Corte no tenga ante sí una cuestión fiscal estrecha, una decisión favorable al estado podría crear un precedente difícil de conciliar con la afirmación de que esos productos no involucran apuestas.
El debate también toca la relación entre las reglas federales de materias primas y las leyes estatales sobre casinos o juego. Investigadores fiscales de la Universidad de Nueva York han advertido que, aun si las normas federales de materias primas prevalecen en ciertos aspectos, eso no implica automáticamente que otras leyes fiscales federales queden desplazadas.
La exposición fiscal que Robinhood comunicó a sus inversores
Robinhood informó en su reporte trimestral presentado el 28 de octubre que no ha cobrado ni remitido el impuesto especial federal sobre los contratos de eventos ofrecidos a través de Robinhood Derivatives, su unidad de corretaje de futuros. La empresa explicó que no considera que esos contratos estén sujetos al gravamen, aunque señaló que continúa evaluando su posible exposición a distintos regímenes fiscales.
La compañía también advirtió a los inversores que un resultado desfavorable en la disputa tributaria podría tener un efecto material en el negocio y volver «poco económicos» los contratos de eventos. La advertencia importa porque una obligación de pago no solo afectaría las cuentas de la firma: también podría cambiar la viabilidad de una actividad que ha crecido con rapidez.
La sección 4401 del Código de Rentas Internas establece un impuesto especial de 0,25% sobre las apuestas autorizadas por el estado donde se aceptan. Robinhood mencionó además las secciones 4401 y 4421 al describir las normas que está evaluando, pero su reporte no afirma que ya haya determinado una obligación tributaria ni cuantifica una eventual deuda.
La empresa comunicó a sus clientes que los impuestos relacionados con los contratos de eventos son responsabilidad de cada usuario, incluido el reporte en su declaración personal. Esa orientación al cliente no resuelve la cuestión distinta de si la propia plataforma debe cobrar y remitir el impuesto especial federal, que es uno de los puntos de tensión para el sector.
Un negocio en expansión y una interpretación fiscal en disputa
Robinhood reportó USD $173 millones en ingresos por contratos de eventos durante el último trimestre, más de seis veces lo registrado un año antes. En ese periodo, sus clientes negociaron un récord de 16.400 millones de contratos, cuyos precios se ubicaban entre USD $0,01 y USD $0,99 cada uno.
El volumen y los ingresos ayudan a explicar por qué la discusión tributaria puede tener consecuencias comerciales relevantes para las plataformas. Si los operadores deben tratar sus productos como apuestas sujetas a impuestos, el costo podría alterar el diseño o la rentabilidad de esos contratos, aunque la fuente no ofrece una estimación de cuánto pagaría cada empresa.
Un análisis publicado el 5 de octubre por investigadores del Centro de Derecho Fiscal de la Universidad de Nueva York concluyó que los contratos deportivos de los mercados de predicción probablemente constituyen apuestas gravables. Los autores sostuvieron que la mejor interpretación del código federal los acercaría a las reglas fiscales aplicables al juego deportivo, incluido el impuesto especial y el tratamiento ordinario de las ganancias.
Ese análisis también señaló posibles límites a las deducciones por pérdidas de juego, entre otras consecuencias fiscales. Se trata de la conclusión de investigadores, no de un fallo judicial ni de una determinación vinculante para las empresas, y contrasta con la interpretación que Robinhood comunicó a sus inversores sobre sus propios contratos.
Qué puede cambiar con las próximas decisiones
La Corte tiene además tres casos relacionados ante sí y puede, aunque no está obligada, a pronunciarse sobre ellos. La información disponible no precisa que los jueces hayan aceptado esos asuntos ni que vayan a resolverlos junto con las peticiones de Robinhood, Crypto.com y Nueva Jersey.
Mientras avanzan las apelaciones, los operadores también negocian con reguladores estatales y realizan concesiones para evitar que sus productos queden clasificados como actividades de casino o juego. Robinhood, por ejemplo, alcanzó el 26 de octubre un acuerdo para detener la oferta de nuevos contratos deportivos en Ohio mientras continúan sus apelaciones.
La posibilidad de que los estados regulen estos mercados y la cuestión de su tratamiento fiscal están relacionadas, pero no son idénticas. Los casos ante la Corte se centran en disputas regulatorias estatales y en si los jueces aceptarán revisarlas; las consecuencias tributarias dependerán de cómo evolucionen la interpretación legal y las obligaciones que se determinen.
Por ahora, las empresas mantienen su postura de que ofrecen contratos negociados entre usuarios y no apuestas aceptadas por una casa, mientras los investigadores fiscales citados sostienen una lectura distinta del código federal. La fecha del 7 de diciembre marca el próximo plazo procesal señalado para las respuestas, pero no anticipa por sí sola el desenlace ni confirma cuándo la Corte decidirá si interviene.
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