Por Canuto  

Una operación coordinada por autoridades de Estados Unidos y socios internacionales retiró el malware Gootloader de más de 100 servidores y decomisó dominios empleados para distribuirlo. El Departamento de Justicia atribuye a la red al menos 25.000 infecciones globales y ataques de ransomware contra 44 víctimas estadounidenses, con pérdidas aproximadas de USD $28,8 millones.

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  • La operación retiró el malware de más de 100 servidores, incluidos sitios de WordPress comprometidos, y decomisó dominios estadounidenses asociados con Gootloader.
  • Según las cifras divulgadas por las autoridades, desde 2018 el malware habría infectado al menos 25.000 computadoras en todo el mundo y se utilizó en ataques contra 44 víctimas en EE. UU.
  • Fuerzas policiales de varios países, Shadowserver y entidades técnicas colaboraron en la interrupción, las notificaciones a víctimas y la remediación.

 

Una operación contra la infraestructura del malware

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 12 de noviembre de 2026 que retiró Gootloader de más de 100 servidores informáticos y decomisó dominios estadounidenses usados para distribuir el malware.

Entre los equipos intervenidos había sitios de WordPress comprometidos, que los operadores habían incorporado a su infraestructura. La acción, realizada con autorización judicial y en coordinación con socios internacionales, busca interrumpir los recursos que daban soporte a infecciones y posteriores ataques de ransomware; el anuncio no afirma que se haya eliminado todo el malware ni a todos sus operadores.

Según las cifras divulgadas por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Colorado, Gootloader infectó al menos 25.000 computadoras en todo el mundo desde 2018. El malware también se utilizó en ataques de ransomware contra al menos 44 víctimas en Estados Unidos, con pérdidas aproximadas de USD $28,8 millones. La cifra se refiere a los daños reportados en ese país y el comunicado no ofrece un cálculo equivalente para las víctimas de otras regiones.

Las órdenes judiciales dadas a conocer durante la semana explican que Gootloader infectaba equipos por distintos medios y, con frecuencia, inducía a personas desprevenidas a descargar archivos maliciosos. Una vez comprometida una computadora, sus recursos podían incorporarse a una botnet, es decir, una red de dispositivos infectados que los operadores controlaban de forma coordinada. Ese modelo convertía cada nuevo equipo comprometido en parte de una infraestructura mayor, útil para ampliar la distribución del malware.

Los responsables de Gootloader también habrían vendido a otros criminales el acceso a computadoras infectadas, que luego podían emplearse para desplegar ransomware. La operación descrita por las autoridades buscó interrumpir ese mecanismo al retirar servidores y decomisar dominios vinculados con la distribución y el control del programa. El comunicado no afirma que la intervención haya eliminado todo riesgo de infección ni que haya identificado a todos los responsables, pero sí describe una acción destinada a privar a los delincuentes de parte de su infraestructura operativa.

Coordinación policial dentro y fuera de Estados Unidos

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, señaló que la operación en línea se efectuó con autorización judicial y con participación del FBI y socios internacionales. En sus declaraciones, presentó la intervención de más de 100 servidores como una forma de negar a los grupos de ransomware una plataforma para sus actividades. También vinculó la iniciativa con la Estrategia Cibernética del presidente Donald Trump, según la formulación incluida en el comunicado oficial.

El fiscal federal Peter McNeilly, del Distrito de Colorado, destacó que el cibercrimen cruza fronteras y describió la cooperación internacional como central para proteger a las personas afectadas. Por su parte, Brett Leatherman, director de Operaciones de la Rama Cibernética del FBI, explicó que la interrupción combinó acciones técnicas coordinadas con notificaciones a víctimas y tareas de remediación. Según Leatherman, la cooperación internacional y la colaboración del sector privado permitieron reducir el riesgo de daños adicionales y de nuevas explotaciones.

Kenneth DeChellis, agente especial a cargo de la oficina cibernética del Servicio de Investigación Criminal de Defensa, señaló que Gootloader atacó a víctimas de distintos países, incluidos el Departamento de Guerra de Estados Unidos y la Base Industrial de Defensa. El comunicado identifica al Departamento de Guerra como el nombre actual del organismo anteriormente conocido como Departamento de Defensa. DeChellis presentó la acción como resultado de una alianza prolongada entre organismos policiales y entidades privadas, sin detallar en el anuncio el alcance de los ataques contra esas instituciones.

L. Scott Moreland, director de la División de Investigación Criminal del Ejército, afirmó que la botnet había infectado más de 25.000 sistemas y destacó el trabajo conjunto con socios globales. También advirtió que la interrupción de redes criminales puede detener ataques antes de que se afiancen, aunque sostuvo que la resiliencia cibernética requiere tanto acción policial internacional como vigilancia cotidiana de los usuarios. La investigación fue coordinada con agencias de Alemania, Países Bajos, Canadá, Dinamarca, Francia, Reino Unido y Australia, además de Europol.

Notificación a víctimas, asistencia técnica y proceso judicial

La investigación estuvo a cargo del Servicio de Investigación Criminal de Defensa, la oficina del FBI en Denver y la División de Investigación Criminal del Ejército. Entre los socios extranjeros, el comunicado enumera a la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania, la Unidad Nacional de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional de los Países Bajos y la Real Policía Montada de Canadá, junto con el Servicio de Policía de Ottawa. También participaron la Policía Danesa, la unidad de cibercrimen de París, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la Policía Federal Australiana.

Shadowserver Foundation colaboró con proveedores de internet y equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática para detectar sistemas infectados, ayudar a notificar a sus usuarios y apoyar la remediación. Los visitantes de los dominios decomisados reciben un aviso de incautación, de acuerdo con el comunicado. Esa medida da una señal visible de que las direcciones ya no funcionan como puntos de distribución bajo el control de los operadores, aunque la publicación no especifica cuántas personas recibieron alertas ni cuántas computadoras fueron limpiadas tras la intervención.

El anuncio también reconoce asistencia técnica de ICHIP La Haya, Fraunhofer FKIE, Registrar of Last Resort, OpenAI y Sharktech. La Operación Endgame, iniciativa multinacional orientada a desmantelar servicios criminales vinculados con malware, sirvió de marco para coordinar las acciones. En el plano judicial, el abogado sénior Thomas Dougherty, de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual, y el fiscal adjunto Jasand Mock, del Distrito de Colorado, llevan el proceso, con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

La Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual investiga y procesa delitos cibernéticos y de propiedad intelectual en coordinación con agencias nacionales e internacionales, a menudo con apoyo privado. El Departamento de Justicia informó que, desde 2020, esa sección ha conseguido condenas para más de 220 criminales cibernéticos y de propiedad intelectual, además de órdenes judiciales para devolver más de USD $500 millones a víctimas. Esas cifras corresponden a la actividad general de la unidad y no a los resultados del caso Gootloader.

El programa ICHIP ofrece asistencia técnica en asuntos de propiedad intelectual y ciberdelito a autoridades policiales, fiscales y judiciales extranjeras. La División Penal administra el programa junto con la Oficina de Desarrollo Fiscal en el Extranjero, Asistencia y Capacitación, mediante una asociación con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. En el caso Gootloader, la lista de colaboradores y la participación de agencias de numerosos países reflejan el alcance internacional de la investigación, mientras que el comunicado no anuncia arrestos ni identifica a los operadores detrás de la red.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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