Por Canuto  

Una operación coordinada por el Departamento de Justicia de EE. UU. desactivó más de 100 servidores vinculados a Gootloader, una red de malware asociada con infecciones en 25.000 computadoras y ataques de ransomware.
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  • Las autoridades retiraron Gootloader de más de 100 servidores y se incautaron de dominios estadounidenses usados para distribuir y controlar el malware.
  • Desde 2018, la red infectó al menos 25.000 computadoras y facilitó ataques de ransomware contra 44 víctimas en EE. UU., con pérdidas estimadas en USD $28,8 millones.
  • La investigación reunió a organismos policiales de varios países, empresas y organizaciones técnicas para detectar sistemas afectados, notificar a las víctimas y apoyar su remediación.

EE. UU. y sus socios desactivan más de 100 servidores de Gootloader

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 12 de noviembre de 2026 que una operación internacional retiró Gootloader de más de 100 servidores informáticos e incautó dominios registrados en el país que los delincuentes usaban para distribuir y controlar el malware. Según el departamento, la red había infectado al menos 25.000 computadoras en todo el mundo desde 2018 y facilitó ataques de ransomware contra al menos 44 víctimas estadounidenses, que reportaron pérdidas aproximadas de USD $28,8 millones.

Una red que servía de puerta de entrada

La acción, ejecutada con autorización judicial, incluyó servidores asociados con sitios de WordPress comprometidos y otros equipos que sostenían la infraestructura de Gootloader. El Departamento de Justicia informó que la operación eliminó el malware de esos servidores y tomó control de nombres de dominio estadounidenses que los criminales empleaban para entregar el programa malicioso y comunicarse con los sistemas infectados.

Las órdenes de registro dadas a conocer esa semana describen un esquema en el que Gootloader llegaba a las computadoras por distintos medios, a menudo mediante engaños que llevaban a personas desprevenidas a descargarlo. Una vez comprometido un equipo, sus operadores lo incorporaban a una botnet, es decir, una red de computadoras infectadas que podían coordinar y utilizar sin el conocimiento de sus dueños.

Los responsables de Gootloader no se limitaban a infectar equipos: según la descripción de las autoridades, también vendían a otros delincuentes el acceso a las computadoras comprometidas. Esa capacidad permitía que actores dedicados al ransomware desplegaran sus propios ataques, de modo que la botnet funcionaba como una plataforma de entrada para delitos posteriores y no solo como un conjunto de dispositivos bajo control remoto.

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, señaló que la intervención liberó más de 100 servidores de software malicioso y privó a los operadores de ransomware de una plataforma. También presentó la acción como un avance de la Estrategia Cibernética del presidente Donald Trump; el fiscal federal Peter McNeilly, del Distrito de Colorado, destacó que el caso refleja la importancia de las alianzas internacionales frente a una actividad que no respeta fronteras.

Cooperación internacional y apoyo técnico

La investigación fue liderada por el Servicio de Investigación Criminal de Defensa, la oficina del FBI en Denver y la División de Investigación Criminal del Ejército. En el trabajo participaron la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, la Unidad Nacional de Delitos Informáticos de la Policía Nacional de los Países Bajos, la Real Policía Montada de Canadá, el Servicio de Policía de Ottawa y la Policía Danesa.

La lista de socios también incluyó a la unidad de cibercrimen de París, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la Policía Federal Australiana y Europol. La colaboración de organismos de varios países permitió coordinar acciones sobre una red cuya actividad alcanzaba computadoras de distintas jurisdicciones, mientras las autoridades buscaban interrumpir la infraestructura que daba soporte a las infecciones.

También aportaron conocimientos técnicos ICHIP de La Haya, Fraunhofer FKIE, Registrar of Last Resort, OpenAI y Sharktech, Inc. La participación de estas organizaciones y empresas complementó el trabajo policial, aunque el anuncio no detalló qué tareas específicas realizó cada una durante la investigación ni describió los métodos técnicos empleados para limpiar cada servidor.

La Shadowserver Foundation colaboró con proveedores de servicios de Internet y Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática para localizar sistemas infectados, ayudar a notificar a sus usuarios y apoyar la remediación. Quienes visiten los dominios incautados verán un aviso de incautación, una medida visible que informa que las direcciones ya no están disponibles para los operadores de Gootloader con el propósito criminal descrito por las autoridades.

Alcance de los ataques y próximos pasos

El FBI indicó que la botnet infectó miles de equipos y permitió a delincuentes desplegar ransomware, con pérdidas de millones de dólares. Brett Leatherman, director de operaciones de la Rama Cibernética del FBI, atribuyó la interrupción a operaciones técnicas coordinadas, notificaciones a víctimas y acciones de remediación, y sostuvo que la cooperación internacional y del sector privado ayudó a evitar daños adicionales y futuras explotaciones.

El anuncio también vinculó la actividad de Gootloader con ataques contra el Departamento de Guerra de Estados Unidos y la Base Industrial de Defensa, según Kenneth DeChellis, agente especial a cargo de la oficina cibernética del Servicio de Investigación Criminal de Defensa. DeChellis describió el caso como una muestra de la cooperación entre autoridades y organizaciones privadas; la institución a la que pertenece fue identificada en la nota como el organismo anteriormente conocido como Departamento de Defensa.

L. Scott Moreland, director de la División de Investigación Criminal del Ejército, afirmó que la botnet infectó más de 25.000 sistemas en todo el mundo y resaltó la acción conjunta de las fuerzas del orden. También advirtió que desarticular redes criminales puede detener ataques antes de que se consoliden, pero sostuvo que la resiliencia cibernética requiere tanto cooperación policial global como vigilancia cotidiana de las personas.

El abogado sénior Thomas Dougherty, de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Penal, y el fiscal adjunto federal Jasand Mock, del Distrito de Colorado, procesan el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también prestó asistencia, mientras la investigación sobre Gootloader continúa como parte de los esfuerzos coordinados que respaldaron la operación.

El marco más amplio contra el malware

Las acciones contra Gootloader se coordinaron con la Operación Endgame, una iniciativa multinacional de aplicación de la ley enfocada en desmantelar servicios cibernéticos delictivos relacionados con malware. El anuncio no presentó la intervención como un caso aislado: la situó dentro de un esfuerzo más amplio para reducir la infraestructura que permite distribuir software malicioso y conectar a operadores con posibles víctimas.

La Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia investiga y procesa delitos informáticos y de propiedad intelectual, a menudo junto con agencias nacionales, autoridades extranjeras y organizaciones privadas. Según la institución, desde 2020 esa sección consiguió condenas para más de 220 delincuentes cibernéticos y de propiedad intelectual, además de órdenes judiciales para devolver más de USD $500 millones en fondos pertenecientes a víctimas.

El Departamento de Justicia también ofrece asistencia técnica a socios policiales, fiscales y judiciales de otros países mediante el programa ICHIP, dedicado a delitos informáticos y de propiedad intelectual. La División Penal administra el programa junto con su Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero y la sección CCIPS, en colaboración con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

En el caso de Gootloader, la combinación de incautaciones, coordinación entre países y notificación de equipos afectados buscó cortar tanto la distribución como el control de la botnet. La operación elimina infraestructura identificada por los investigadores, pero el propio llamado de las autoridades a la vigilancia personal recuerda que los usuarios y las organizaciones todavía deben atender las alertas y la remediación de dispositivos que pudieran seguir comprometidos.


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