Por Canuto  

Un juez federal rechazó la solicitud conjunta de Gemini y la CFTC para dejar sin efecto la orden de consentimiento relacionada con una multa de USD $5.000.000. Aunque el regulador reevaluó la investigación y sostuvo que no habría presentado el caso bajo sus estándares actuales, la orden dictada en enero de 2025 sigue vigente.

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  • Alvin Hellerstein denegó el 15 de octubre de 2026 la petición presentada por Gemini y la CFTC para anular o modificar la orden de consentimiento.
  • Gemini ya había pagado la multa civil de USD $5.000.000 y las partes no solicitaron que se devolviera.
  • La CFTC cambió su evaluación del caso, pero el juez rechazó la solicitud para reabrir la sentencia.

 

 

Un juez federal de Estados Unidos rechazó la solicitud conjunta de Gemini y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) para dejar sin efecto la orden de consentimiento que cerró su litigio. El fallo del 15 de octubre de 2026 mantiene vigente el acuerdo, que incluye una multa civil de USD $5.000.000 y restricciones relativas a declaraciones falsas o engañosas dirigidas al regulador.

La disputa ya no giraba principalmente en torno al dinero: Gemini había pagado la multa y las partes indicaron que no pedirían un reembolso. El punto central era si podían retirar las obligaciones de la orden después de que la CFTC reevaluara la investigación y concluyera que no habría presentado la demanda bajo sus estándares actuales.

Una sentencia pactada no desaparece con un cambio de criterio

El juez Alvin Hellerstein dejó en vigor la orden de consentimiento en el caso CFTC v. Gemini Trust Company LLC. La solicitud conjunta, presentada en mayo de 2026, pidió anular el acuerdo o retirar sus disposiciones con efectos futuros, pero el tribunal rechazó la petición.

La demanda original se remonta a 2022 y se relacionaba con declaraciones hechas mientras personal de la CFTC revisaba un contrato de futuros de Bitcoin que se liquidaría contra un precio de subasta de Gemini. El regulador alegó que la empresa había realizado representaciones falsas o engañosas durante esa revisión; las acusaciones no equivalían a afirmar que todas las operaciones de Bitcoin en el exchange fueran fraudulentas.

La agencia consideraba relevante la posibilidad de que el contrato de futuros fuera susceptible de manipulación y, por ello, examinaba el diseño y el funcionamiento de la subasta. Gemini impugnó las acusaciones, y el litigio avanzó durante casi tres años antes de que las partes acordaran resolverlo en diciembre de 2024, menos de tres semanas antes de un juicio programado.

El tribunal dictó la orden de consentimiento el 6 de enero de 2025. Gemini no admitió ni negó las acusaciones de la demanda, pero aceptó pagar la multa y quedar sujeta a las restricciones establecidas en el acuerdo. La resolución cerró el caso sin un veredicto de juicio que resolviera cada hecho discutido.

La cobertura de crypto.news sobre el fallo destaca que el juez consideró el momento del acuerdo y la representación legal de Gemini al evaluar si la empresa había consentido voluntariamente. La compañía había conocido el litigio durante años, intercambiado pruebas y discutido asuntos previos al juicio; la revisión posterior de la CFTC no convirtió por sí sola aquella decisión en una elección no consentida.

La revisión interna de la CFTC puso en duda su propio caso

En mayo de 2026, la CFTC anunció una revisión interna de la investigación, la decisión de presentar cargos y las tácticas empleadas durante el litigio. En la solicitud conjunta, el regulador sostuvo que la demanda no debió presentarse y que, bajo sus estándares actuales, tampoco la habría iniciado. Esa conclusión refleja la evaluación de la agencia, no una nueva determinación judicial sobre las acusaciones originales.

La revisión identificó preocupaciones sobre el manejo del caso, entre ellas la dependencia de un informante cuya credibilidad la agencia luego cuestionó. También planteó dudas sobre la solidez de la demanda, la actuación del personal de supervisión y la gestión de evidencia antes de una votación de la comisión.

La CFTC también sostuvo que había perseguido a Gemini pese a considerar que la empresa podía ser víctima de fraude, y cuestionó el uso de presión regulatoria durante las negociaciones del acuerdo. Son críticas a decisiones anteriores del organismo, pero el tribunal debía resolver otra pregunta: si los argumentos cumplían los requisitos legales para modificar una sentencia firme.

Gemini y la agencia presentaron juntas su moción el 27 de mayo de 2026, en el caso 1:22-cv-04563-AKH. Invocaron la Regla 60(b)(5) y, de manera alternativa, la Regla 60(b)(6) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil para solicitar la anulación de la orden o de sus efectos prospectivos.

La solicitud no buscaba recuperar los USD $5.000.000 ya pagados. En su anuncio de mayo, la CFTC señaló que el dinero no sería devuelto a Gemini incluso si el tribunal aceptaba la petición, por lo que la controversia se concentraba en la permanencia de las restricciones judiciales.

La Regla 60 impone límites para reabrir acuerdos

La Regla 60(b)(5) permite solicitar alivio de una sentencia firme en circunstancias definidas, entre ellas cuando su aplicación prospectiva deja de ser equitativa. Para el tribunal, no era suficiente que los comisionados actuales hubieran decidido que no presentarían una demanda similar o que la CFTC prefiriera retirar una restricción que había aceptado antes.

El juez concluyó que un cambio en las prioridades de supervisión y un nuevo conocimiento de hechos anteriores no demostraban el tipo de cambio significativo en las circunstancias fácticas o legales que exige esa disposición. La Regla 60(b)(6), por su parte, ofrece una vía residual para circunstancias extraordinarias, pero no funciona como una apelación general para quien ya no está conforme con un acuerdo.

El tribunal distinguió entre cuándo ocurrió un hecho y cuándo una parte llegó a conocerlo. Información previa a la sentencia puede ser nueva para quien la descubre después, pero eso no convierte el hecho subyacente en un acontecimiento posterior al fallo ni demuestra, por sí solo, que mantener la orden sea inequitativo.

La cronología pesó en ese análisis: las conductas alegadas se remontaban a la revisión regulatoria del contrato, la demanda se presentó en 2022 y el acuerdo llegó a finales de 2024, con sentencia en enero de 2025. La revisión de la CFTC y su cambio de postura ocurrieron en 2026, pero los hechos y las tácticas que describió en su solicitud conjunta eran anteriores a la sentencia, según el análisis del juez.

El expediente también mostraba que el caso no había terminado con una decisión completa sobre la responsabilidad. En noviembre de 2024, el juez denegó la moción de sentencia sumaria parcial de la CFTC, excepto en cuanto a si Gemini era autora de las representaciones alegadas; el acuerdo posterior evitó que un jurado resolviera las cuestiones pendientes.

Qué permanece vigente y qué podría cambiar

La multa civil es una consecuencia retrospectiva: Gemini ya pagó los USD $5.000.000 y el fallo no ordena que vuelva a pagarlos. La negativa del juez deja intacto ese pago, mientras que la solicitud de las partes había descartado expresamente la posibilidad de un reembolso.

La orden de consentimiento, en cambio, mantiene restricciones con efectos futuros. Sus términos prohíben a Gemini Trust Company LLC realizar determinadas declaraciones falsas o engañosas ante la CFTC; no equivalen a una prohibición general sobre toda comunicación de la empresa ni a una declaración de que cada operación del exchange fue fraudulenta.

La decisión de octubre tampoco resuelve de nuevo cada acusación histórica contra Gemini ni concede una aprobación general a sus productos o actividades actuales. La demandada de la acción era Gemini Trust Company LLC, y la obligación legal inmediata debe leerse en función de la entidad y de los términos específicos del consentimiento, no atribuirse automáticamente a cada afiliada del grupo.

La CFTC conserva margen para decidir qué asuntos nuevos investiga y qué prioridades de supervisión adopta, dentro de la ley aplicable. Sin embargo, cambiar una política regulatoria no borra una sentencia federal: para alterar formalmente la orden se necesitaría una nueva decisión judicial, por ejemplo tras una apelación exitosa o una modificación posterior del tribunal.

El fallo deja una distinción relevante para otras empresas que pactaron acuerdos con reguladores antes de un cambio de enfoque institucional. Retirar una demanda antes de que exista sentencia, decidir no iniciar un caso nuevo y pedir la anulación de una orden firme son actuaciones diferentes; cada una depende de su propio procedimiento y de los hechos del expediente.

Para Gemini, el siguiente dato decisivo sería una presentación de apelación o una nueva orden que cambie los términos del consentimiento. Una declaración de la CFTC sobre sus prioridades podría modificar la perspectiva práctica de supervisión, pero, sin una actuación judicial posterior, la orden de enero de 2025 continúa en el expediente.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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