Por Canuto  

Sumario: Francia propuso que las plataformas reguladas evalúen y vigilen los protocolos DeFi a los que dan acceso a sus clientes, y que respondan por ciertos riesgos que pudieron detectar. Las recomendaciones también plantean cambios en la supervisión de grandes empresas cripto y en las categorías de tokens de MiCA.
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  • Las plataformas cripto deberían revisar la seguridad de los protocolos DeFi antes de habilitar el acceso y seguir monitoreándolos después.
  • La responsabilidad no supondría una compensación automática por cada explotación: se limitaría a ciertos incidentes vinculados con fallas de diligencia o riesgos conocidos.
  • Francia también pidió reconsiderar la categoría de tokens referenciados a activos y respaldó una supervisión más centralizada de grandes proveedores cripto.

Francia propuso que las plataformas reguladas de criptomonedas asuman responsabilidad por ciertas pérdidas de clientes relacionadas con protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), cuando hayan facilitado el acceso sin evaluar debidamente la seguridad o hayan ignorado riesgos conocidos. La iniciativa forma parte de las recomendaciones presentadas durante la revisión del Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea, conocido como MiCA, y todavía no constituye una obligación vigente.

La propuesta busca delimitar qué deberes corresponden a los intermediarios que conectan a sus usuarios con aplicaciones descentralizadas, sin extender automáticamente las reglas a todos los actores de DeFi. Las autoridades francesas también sugirieron revisar otros componentes de MiCA, entre ellos la supervisión de las mayores empresas del sector y el tratamiento de ciertos tokens vinculados a activos o monedas.

Francia quiere que las plataformas revisen los protocolos DeFi

La recomendación surgió en una respuesta conjunta a una consulta de la Comisión Europea sobre MiCA, presentada por el Tesoro francés, la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), el Banco de Francia y la Autoridad de Supervisión y Resolución Prudencial (ACPR). Según crypto.news, las autoridades pidieron incorporar obligaciones para los proveedores de servicios de criptoactivos (PSCA) que faciliten a sus clientes el acceso a aplicaciones DeFi. Por separado, la ACPR publicó un resumen de su consulta pública sobre un marco regulatorio para DeFi y delineó posibles vías de regulación.

Antes de ofrecer un protocolo, esas plataformas tendrían que realizar una evaluación de seguridad que considere los contratos inteligentes, las vulnerabilidades operativas y los riesgos asociados con el servicio. La revisión no terminaría cuando el producto se integre: los PSCA también deberían monitorear posibles debilidades y comportamientos sospechosos mientras continúen ofreciendo acceso a sus clientes.

El razonamiento francés es que un intermediario regulado no debería desentenderse de riesgos que conocía o que una revisión adecuada habría podido identificar, si además expone activamente a sus clientes a esos protocolos. La propuesta, sin embargo, no convierte a la plataforma en garante general de todo lo que ocurra en una red descentralizada, ni establece que cada explotación deba generar una indemnización automática.

El alcance de las obligaciones dependería del tamaño del proveedor: las empresas consideradas significativas afrontarían el conjunto de requisitos, mientras que las más pequeñas tendrían deberes proporcionales. La responsabilidad se vincularía con incidentes específicos en los que la plataforma facilitó el acceso y las comprobaciones pertinentes podrían haber detectado el problema, no con cualquier pérdida ocurrida dentro de DeFi.

Certificación de protocolos y límites para las carteras de autocustodia

Las autoridades francesas respaldaron acuerdos de certificación para protocolos DeFi y contratos inteligentes, aunque no plantearon que todo protocolo accesible desde una plataforma regulada deba contar necesariamente con esa acreditación. Un PSCA podría ofrecer acceso a un protocolo no certificado si completa su propia diligencia debida y comunica de forma más clara los riesgos a sus clientes.

Esta alternativa deja margen para que las plataformas evalúen productos que todavía no tengan certificación formal, pero eleva la importancia de documentar el análisis y explicar las limitaciones a los usuarios. En la práctica, el planteamiento combina una posible señal común de seguridad con controles propios del intermediario, en lugar de convertir la certificación en una condición universal para cada aplicación.

Francia adoptó una posición distinta para las carteras de autocustodia, cuyos usuarios conservan y gestionan sus propios criptoactivos. Las autoridades se opusieron a imponer certificaciones obligatorias a los desarrolladores solo porque su software permite esa gestión independiente, aunque apoyaron una certificación voluntaria para carteras más avanzadas que integren servicios DeFi y otras funciones financieras.

La distinción se relaciona con el tratamiento que MiCA da a actividades realizadas de forma completamente descentralizada, que por lo general quedan fuera de su ámbito cuando no existe un intermediario identificable. El Parlamento Europeo ya había pedido en julio que se siguieran examinando DeFi, el staking y los préstamos de criptomonedas, mientras la Fundación Cardano se opuso en su respuesta a la consulta a sumar reglas para esas actividades y pidió diferenciar la intermediación de la participación directa en la cadena de bloques.

Francia también plantea cambios en la supervisión de empresas cripto

Fuera del debate sobre DeFi, las autoridades francesas apoyaron trasladar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) la supervisión de los PSCA considerados significativos, una función que actualmente recae en reguladores nacionales. También propusieron reducir el umbral vigente de 15 millones de usuarios activos diarios promedio en la Unión Europea que se usa para identificar a esos proveedores.

Francia sostuvo que el número de usuarios, por sí solo, podría dejar fuera de la supervisión centralizada a empresas grandes o complejas cuyos riesgos no se reflejen en esa cifra. Por eso planteó considerar otros indicadores, como los activos bajo custodia, los riesgos empresariales y la complejidad de los grupos corporativos.

La propuesta también apoyó centralizar en ESMA la recepción de documentos informativos o white papers sobre criptoactivos y las responsabilidades de cumplimiento relacionadas. Ese cambio sustituiría el esquema descrito por las autoridades, en el que los organismos nacionales reciben las notificaciones y luego las remiten al regulador europeo.

La posición francesa busca que la supervisión común considere la estructura y el perfil de riesgo de cada proveedor, y no dependa principalmente de un único indicador de usuarios.

La revisión de MiCA podría cambiar las reglas para algunos tokens

Francia también cuestionó si MiCA debería conservar la categoría de tokens referenciados a activos (ART), diseñada para criptoactivos que buscan mantener su valor mediante referencias a varios activos, monedas u otros valores. Según la propuesta francesa, ningún ART había obtenido autorización bajo ese marco; las autoridades relacionaron la falta de adopción con la demanda limitada, la incertidumbre legal y las exigencias regulatorias.

En lugar de plantear una eliminación inmediata, Francia sugirió considerar esa posibilidad después de realizar una evaluación de impacto. También propuso estudiar la incorporación de las stablecoins multimoneda al marco existente para tokens de dinero electrónico, una alternativa que modificaría la manera en que MiCA clasifica esos activos.

Las recomendaciones francesas siguen siendo propuestas dentro del proceso de revisión y necesitarían cambios legislativos antes de convertirse en obligaciones exigibles. La Comisión Europea debe presentar su informe sobre MiCA a los legisladores de la Unión Europea antes del 30 de junio de 2027, y ese trabajo podría incluir propuestas legislativas para actividades que hoy quedan fuera del marco.


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