La Comisión Europea abrió una investigación formal para determinar si Booking.com cumple con la Ley de Servicios Digitales ante riesgos relacionados con alojamientos falsos, phishing y anuncios patrocinados. La empresa dice que coopera, mientras la plataforma podría enfrentar una sanción de hasta 6% de su facturación global anual si se demuestra una infracción.
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- La investigación se concentra en listados falsos, el uso de datos de reservas en ataques de phishing y la identificación de anuncios patrocinados.
- Booking.com supera los 45 millones de usuarios mensuales en la UE y está sujeta a las obligaciones más estrictas de la DSA desde abril de 2023.
- La Comisión no fijó un plazo para el caso; si encuentra una infracción, la multa podría alcanzar 6% de la facturación global anual.
🚨🇪🇺 La UE investiga a https://t.co/GuTfE2voRC por alojamientos falsos y phishing.
Revisará la protección de datos de reservas y la identificación de anuncios patrocinados.https://t.co/GuTfE2voRC supera 45 millones de usuarios mensuales en la UE. Si se confirma una infracción,… pic.twitter.com/mOWMbc3DH1
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) October 21, 2026
La UE investiga a Booking.com por estafas y alojamientos falsos
Una investigación bajo la Ley de Servicios Digitales
La Comisión Europea abrió una investigación formal contra Booking.com para determinar si la plataforma hace lo suficiente frente a alojamientos falsos y estafas de phishing. El procedimiento, anunciado el miércoles 21 de octubre, examinará el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas en línea a actuar frente al contenido ilegal y a gestionar los riesgos que sus servicios pueden representar para los usuarios.
La pesquisa es la primera investigación formal de la DSA dirigida a Booking.com y se enfocará en tres áreas: los anuncios de alojamientos, la protección de la información de reservas y la manera en que la empresa identifica las propiedades que pagan por aparecer en posiciones destacadas. La apertura del caso no supone por sí misma que la Comisión haya confirmado una infracción; busca evaluar las medidas adoptadas y establecer si cumplen con las obligaciones europeas.
Antes de iniciar el procedimiento, la Comisión revisó las evaluaciones de riesgo de la compañía, incluidos informes presentados este año y durante los tres años anteriores. Reuters informó que esa revisión preliminar antecedió a la investigación formal, que ahora permitirá examinar con mayor detalle cómo Booking.com identificó los riesgos y qué respuestas puso en marcha para reducirlos.
La plataforma quedó clasificada como una plataforma en línea de muy gran tamaño bajo la DSA en abril de 2023. Booking.com reporta más de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea, un volumen que la sitúa bajo los requisitos más estrictos de la ley. Por eso, el caso no se limita a revisar anuncios individuales, sino también la gestión de riesgos que la empresa aplica a escala de su servicio.
Listados falsos, datos de reservas y publicidad
El primer frente de la investigación son los listados falsos, que pueden presentar propiedades inexistentes como alojamientos disponibles. La Comisión también estudiará casos en que estafadores se hacen pasar por anfitriones legítimos, una práctica que puede llevar a los viajeros a confiar en una oferta y a realizar gestiones con alguien que no tiene relación auténtica con la propiedad.
El análisis abarcará además alojamientos que no cumplen las normas locales, según el alcance descrito para la pesquisa. La Comisión buscará establecer cómo Booking.com identifica y aborda esos anuncios, en un mercado donde los usuarios suelen depender de la información publicada en la plataforma para decidir dónde reservar y qué condiciones esperar al llegar a su destino.
La segunda área se refiere a los datos de reservas y de huéspedes que Booking.com comparte con los anfitriones. Esa información puede servir a delincuentes para construir mensajes de phishing convincentes: al incluir detalles reales de una reserva, los estafadores pueden hacerse pasar por la plataforma o por un hotel y tratar de engañar al cliente.
El tema cobra relevancia por un aviso que la empresa envió en abril a algunos clientes, según DutchReview. Booking.com les comunicó que un tercero no autorizado había accedido a información relacionada con sus reservas. La Comisión revisará cómo protege la compañía esos datos y qué riesgos pueden surgir cuando los detalles de un viaje quedan expuestos a personas ajenas.
La tercera preocupación es la publicidad dentro de los resultados de búsqueda. La Comisión quiere determinar si Booking.com identifica claramente las propiedades que pagan para aparecer en los primeros lugares, de modo que el usuario pueda distinguir una posición promocionada de los resultados que la plataforma presenta sin ese pago.
Respuesta de la empresa y posibles consecuencias
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, defendió la importancia de que los viajeros puedan hacer reservas sin temor a fraudes. «Los europeos deben poder reservar sus vacaciones sin temor a ser estafados», dijo, al explicar la preocupación que orienta el examen de la Comisión sobre la seguridad y la transparencia del servicio.
Un alto funcionario de la UE que no fue identificado calificó como «absolutamente deficiente» el trabajo de evaluación de riesgos de Booking.com desde 2023, de acuerdo con AFP. Esa valoración corresponde a la fuente citada y no constituye por sí sola la conclusión definitiva del procedimiento, que deberá establecer si la compañía incumplió la ley y qué medidas, si alguna, resultan necesarias.
Booking.com afirmó que coopera plenamente con la investigación y que seguirá trabajando con gobiernos, reguladores, fuerzas del orden y socios de la industria para combatir el fraude en línea. La empresa también sostuvo que «la seguridad, la confianza y la protección de la información personal son prioridades máximas», mientras la Comisión revisa las medidas existentes y las posibles deficiencias.
La investigación no tiene un plazo fijo y Booking.com puede proponer compromisos para responder a las preocupaciones de la Comisión. Si el organismo concluye que hubo una violación de la DSA, la empresa podría recibir una multa de hasta 6% de su facturación global anual. Por ahora, esa cifra representa el máximo previsto en el caso, no una sanción ya impuesta.
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