Por Canuto  

Un borrador impulsado por el senador Steve Daines propone que ciertos pagos con stablecoins y comisiones de red pequeñas no generen ganancias o pérdidas imponibles, mientras extiende a la mayoría de los activos digitales las reglas contra las ventas en lavado.
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  • El texto de 13 secciones prevé alivio para pagos con stablecoins calificadas cercanas a USD $1 y comisiones de red de hasta USD $10.
  • La propuesta extendería las reglas de ventas en lavado a la mayoría de los activos digitales, con una excepción para stablecoins calificadas.
  • El borrador busca alinearse con un proyecto aprobado por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, pero aún debía presentarse formalmente en el Senado.

 

El senador republicano Steve Daines promueve un proyecto para actualizar el tratamiento tributario de los activos digitales en Estados Unidos, con medidas dirigidas tanto a usuarios cotidianos como a operadores. El borrador contempla que ciertos pagos con stablecoins cercanas a USD $1 y algunas comisiones de red no generen ganancias o pérdidas reconocibles, pero también extendería a la mayoría de las criptomonedas las reglas contra las ventas en lavado.

El texto, de 13 secciones, circuló durante la semana del 23 al 25 de septiembre de 2026 y se esperaba que fuera presentado formalmente en el Senado la semana siguiente. Por ahora se trata de una propuesta, no de una modificación vigente del Código Fiscal Interno, y su alcance dependerá de la versión que finalmente se presente y del avance legislativo, detalla CryptoBriefing.

El borrador combina alivio para pagos y comisiones

La disposición central propone crear una nueva sección, la §1034 del Código Fiscal Interno, para que no se reconozcan ganancias o pérdidas en determinados pagos realizados con stablecoins calificadas que mantengan un valor cercano a USD $1. En la práctica, el cambio evitaría que una variación mínima frente al dólar obligue a calcular y declarar una diferencia tributaria cada vez que alguien use esos tokens para pagar.

La propuesta no describe una exención general para cualquier activo digital ni para toda stablecoin: el beneficio se limitaría a los tokens que cumplan la definición de stablecoin calificada y se mantengan en torno a la paridad de un dólar. Esa precisión será importante si el texto avanza, porque los detalles sobre qué activos entran en la categoría determinarán quiénes pueden acogerse al alivio y cuáles transacciones quedarían fuera.

El proyecto también plantea una excepción de minimis para las comisiones de red de USD $10 o menos por transacción. Bajo el tratamiento actual descrito en el borrador, disponer de un activo digital para pagar una comisión puede requerir calcular una ganancia o pérdida; la propuesta eliminaría ese cálculo para cargos pequeños, una medida que busca reducir trámites en operaciones de uso corriente.

Las reglas para stablecoins se aplicarían a transacciones posteriores al 31 de diciembre de 2026, según el texto reportado por Cryptobriefing. Por tanto, incluso si el proyecto avanzara con rapidez, la disposición no modificaría el tratamiento fiscal de las operaciones realizadas durante el año fiscal 2026, y los usuarios tendrían que esperar a conocer la redacción definitiva antes de cambiar sus prácticas de registro.

La regla de ventas en lavado apunta a operadores

La otra parte central del borrador extiende las reglas de ventas en lavado a la mayoría de los activos digitales, aunque excluye a las stablecoins calificadas. La estrategia consiste en vender un activo con pérdida para reclamar esa pérdida en la declaración tributaria y recomprarlo de inmediato, de modo que el inversionista mantenga una exposición similar mientras reduce su carga fiscal.

En el mercado de valores, las reglas contra esa práctica limitan la posibilidad de reconocer una pérdida cuando el contribuyente vuelve a adquirir rápidamente el mismo activo. El reporte señala que los tenedores de criptomonedas no enfrentaban hasta ahora límites equivalentes bajo el tratamiento descrito, lo que ha permitido a algunos operadores utilizar la recolección de pérdidas fiscales durante periodos de caída.

Si la propuesta se convierte en ley, esa diferencia de trato se reduciría para buena parte del mercado cripto, y la venta con pérdida seguida de una recompra inmediata podría dejar de producir el mismo beneficio tributario. El impacto dependería de cómo el texto final defina los activos cubiertos, el periodo relevante y las operaciones consideradas recompras, aspectos que el borrador todavía debe precisar o que podrían cambiar durante el debate.

La excepción para stablecoins calificadas también merece atención porque las ubica fuera de la extensión de la regla de ventas en lavado descrita en el proyecto. Para los operadores, la definición de esa categoría será tan relevante como el alcance general de la norma: una redacción más estrecha o más amplia podría modificar qué activos quedan sujetos a las restricciones y cómo se planifican las estrategias tributarias.

Una iniciativa alineada con el debate en la Cámara

Daines no impulsa el borrador en un contexto legislativo aislado. El 16 de septiembre de 2026, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara avanzó la Ley de Certeza Fiscal de Activos Digitales, identificada como H.R. 10357, con una votación de 38 a 5; el proyecto del Senado busca alinearse con ese esfuerzo, de acuerdo con la información publicada por Cryptobriefing.

La coincidencia entre las iniciativas no significa que ambas cámaras hayan aprobado una misma ley ni que sus textos sean idénticos. Si el borrador del Senado difiere de H.R. 10357, las definiciones de stablecoins calificadas y el alcance de la regla de ventas en lavado podrían convertirse en puntos de negociación, además de las disposiciones más técnicas incluidas en la propuesta.

El borrador contempla elecciones de valoración a mercado para ciertos contribuyentes, mecanismo que permitiría tratar las tenencias como si se hubieran vendido a su valor justo al cierre del año. También incorpora reglas sobre la fuente de los ingresos por staking y minería, con el objetivo de aclarar dónde se consideran generados, así como puertos seguros destinados a inversionistas extranjeros.

La propuesta se inserta en una discusión tributaria que, según el reporte, Daines venía señalando desde julio de 2026, cuando destacó la necesidad de actualizar el código fiscal y reducir su complejidad. El origen del problema práctico se remonta al Aviso 2014-21 del Servicio de Impuestos Internos, que clasificó los activos digitales como propiedad y no como moneda, por lo que intercambios, compras y pagos de comisiones pueden exigir cálculos de ganancias o pérdidas.

Qué falta para conocer el efecto real

La clasificación como propiedad hace especialmente visibles las dificultades de usar stablecoins en transacciones pequeñas: aunque un token esté diseñado para conservar un valor de USD $1, puede apartarse ligeramente de esa referencia. Bajo el tratamiento descrito en la noticia, incluso una desviación de una fracción de centavo puede plantear una cuestión de registro tributario, de ahí que la exención propuesta se centre en pagos cercanos a la paridad.

Para usuarios que pagan con stablecoins, el alivio planteado podría reducir la fricción de documentar operaciones de bajo valor, mientras que la excepción para comisiones abarcaría cargos de red de hasta USD $10 por transacción. Esas medidas no equivalen a una dispensa general de obligaciones fiscales sobre criptomonedas: solo cambiarían el reconocimiento de ganancias o pérdidas en los casos que el texto defina expresamente.

Quienes operan activamente tendrían motivos distintos para seguir el debate, ya que la extensión de las ventas en lavado incidiría en la posibilidad de cosechar pérdidas y recomprar de inmediato. La noticia recomienda prestar atención al lenguaje final, especialmente a la definición de stablecoin calificada y al alcance de la restricción, porque esos elementos pueden alterar el tratamiento previsto para estrategias actuales.

Los siguientes hitos señalados son la presentación formal en el Senado, la posible incorporación de copatrocinadores y cualquier divergencia con H.R. 10357 en las definiciones y restricciones principales. También queda por observar si el liderazgo legislativo da señales sobre una votación antes o después de noviembre; hasta que exista un texto presentado y avance por el proceso legislativo, las disposiciones descritas siguen siendo propuestas y no reglas vigentes.


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