Por Canuto  

El representante Jamie Raskin pidió a Amazon, Google, Meta y Oracle que expliquen sus acuerdos de confidencialidad con funcionarios locales y revelen el consumo previsto de electricidad y agua de sus centros de datos en Estados Unidos.
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  • Raskin solicitó los acuerdos de confidencialidad y datos de consumo de energía y agua, además de preguntar si esos pactos frenaron solicitudes de registros públicos.
  • Las cartas mencionan prácticas atribuidas a Amazon, Google y Meta, mientras crece la oposición local por posibles costos para residentes y recursos comunitarios.
  • La investigación ocurre mientras más de 1.000 centros de datos estarían en desarrollo en más de 40 estados y legisladores promueven límites a estos acuerdos.

Raskin investiga los acuerdos secretos de Amazon, Google, Meta y Oracle sobre centros de datos

El representante Jamie Raskin abrió una investigación sobre el uso de acuerdos de confidencialidad por parte de Amazon, Google, Meta Platforms y Oracle en proyectos de centros de datos en Estados Unidos. En cartas enviadas a las cuatro compañías, el demócrata de Maryland pidió conocer los pactos firmados con funcionarios públicos, las previsiones de consumo eléctrico y de agua, y si esos documentos se emplearon para impedir respuestas a solicitudes de registros públicos.

Raskin, miembro jerárquico del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, sostuvo que el secretismo impide a las comunidades evaluar qué costos podrían asumir frente a los beneficios prometidos. La disputa ocurre en medio de una expansión de infraestructura vinculada con la inteligencia artificial, mientras residentes y autoridades locales cuestionan cuánto consumen estas instalaciones y qué información pueden consultar antes de que comiencen las obras.

Qué información pidió el legislador

Las cartas de Raskin solicitan que cada empresa entregue sus acuerdos de confidencialidad con funcionarios gubernamentales y explique cómo los aplica durante la negociación de proyectos. También exigen proyecciones sobre el uso de electricidad y agua de los centros de datos que las compañías desarrollan en el país, datos que suelen ser centrales para estimar el impacto de instalaciones de gran escala sobre los servicios locales.

El legislador preguntó además si esos acuerdos se utilizaron para bloquear solicitudes de registros públicos. La inquietud no se limita a que una negociación permanezca reservada durante un período, sino a que las cláusulas puedan restringir el acceso posterior a documentos relacionados con proyectos que involucran decisiones de autoridades y, en algunos casos, dinero público.

En las cartas, Raskin argumentó que los residentes necesitan conocer las condiciones básicas para comparar los costos de una propuesta con sus posibles beneficios, exigir explicaciones a sus representantes y proteger los recursos de sus comunidades. Su planteamiento vincula la transparencia con la capacidad de participación local, especialmente cuando todavía se discuten el emplazamiento, las condiciones comerciales y las consecuencias ambientales de una obra.

La investigación también busca que las compañías expliquen por qué mantienen estos requisitos después de que Microsoft anunció en marzo que dejaría de utilizar acuerdos de confidencialidad con gobiernos locales. Amazon dijo al Wall Street Journal que ya había puesto fin a la práctica de exigirlos a socios gubernamentales en desarrollos de centros de datos; Google, Meta y Oracle no hicieron comentarios inmediatos, según el reporte de Yahoo News.

Las prácticas señaladas en las cartas

Raskin planteó señalamientos distintos para cada empresa, sin presentar en las cartas una única modalidad común a las cuatro. Según el legislador, Amazon ha recurrido a empresas pantalla para ocultar su participación en centros de datos propuestos, una práctica que, de confirmarse, podría dificultar que las comunidades identifiquen desde el inicio quién impulsa una instalación.

En el caso de Google, las cartas citan el reconocimiento de un representante de la compañía sobre instrucciones dadas a funcionarios locales de San José para que firmaran acuerdos de confidencialidad. La razón señalada habría sido evitar un problema de relaciones públicas si los detalles del proyecto se conocían públicamente, un argumento que sitúa la gestión de la imagen corporativa en el centro del debate sobre el acceso a información municipal.

La investigación también menciona al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, quien firmó personalmente un acuerdo con una subsidiaria de Meta vinculada a un complejo de centros de datos valorado en USD $50.000 millones. Según las cartas, el documento restringía la divulgación de condiciones propuestas y de información sobre precios relacionada con dinero público, lo que llevó a Raskin a cuestionar el alcance de la reserva en un proyecto de esa magnitud.

Los ejemplos reflejan por qué la controversia no se reduce a un debate abstracto sobre contratos privados. Cuando un acuerdo limita lo que un funcionario puede comunicar, los vecinos pueden quedarse sin detalles sobre los términos de una iniciativa mientras deben evaluar su posible impacto sobre servicios, recursos naturales y decisiones de planificación local.

Residentes reclaman participación y datos sobre impactos

El avance de los centros de datos ha generado oposición pública en distintas comunidades, donde residentes expresan preocupación por el aumento de las facturas eléctricas, la demanda de agua y la falta de participación en las decisiones. La oficina de Raskin indicó que más de 1.000 nuevos centros de datos estarían en desarrollo en más de 40 estados, en un contexto en el que las grandes tecnológicas destinan cientos de miles de millones de dólares a infraestructura para inteligencia artificial.

La magnitud de esa expansión ayuda a explicar por qué las autoridades locales negocian con empresas tecnológicas y por qué la disponibilidad de información cobra relevancia para quienes viven cerca de los proyectos. Según la oficina del legislador, funcionarios de todo el país firmaron acuerdos de confidencialidad y trabajaron con presuntas empresas pantalla en la mayoría de las propuestas revisadas en 14 estados.

Boyce, en Luisiana, ilustra las consecuencias que puede tener una comunicación tardía. Sus residentes supieron de un centro de datos propuesto de 300 acres, descrito como multimillonario, cuando ya habían instalado vallas y comenzado la limpieza del terreno; al preguntar por el impacto ambiental, funcionarios les dijeron que un estudio había encontrado efectos insignificantes, pero que no podían publicarlo por razones contractuales.

Ese episodio no demuestra por sí solo que todos los proyectos generen los mismos impactos ni que cada acuerdo impida divulgar información ambiental. Sí muestra el tipo de tensión que Raskin busca examinar: las comunidades reciben explicaciones sobre estudios y consecuencias potenciales, pero pueden no tener acceso a los documentos necesarios para comprobarlas mientras el proyecto avanza.

Propuestas para limitar los acuerdos

La investigación del Comité Judicial coincide con iniciativas políticas que buscan restringir el uso de pactos de confidencialidad en las negociaciones sobre centros de datos. La semana pasada, Raskin se unió a los representantes Greg Landsman, de Ohio, y Tom Barrett, de Míchigan, para impulsar una legislación que limitaría esos acuerdos entre empresas tecnológicas y funcionarios gubernamentales.

La propuesta legislativa todavía plantea un objetivo general, según la información disponible: limitar el recurso a acuerdos de confidencialidad durante las negociaciones de centros de datos. El debate que abriría consiste en definir qué información debe quedar accesible, en qué momento y bajo qué excepciones, sin confundir la transparencia de decisiones públicas con la divulgación automática de cualquier dato comercial de las compañías.

En Pensilvania, el gobernador Josh Shapiro prohibió estos acuerdos mediante una orden ejecutiva firmada en agosto. Esa medida ofrece un contraste con los estados donde los funcionarios siguen recurriendo a pactos de reserva, aunque la información disponible no detalla cómo se aplicará la prohibición en cada negociación ni permite asumir que las reglas sean idénticas en todo el país.

La respuesta de las empresas y los documentos solicitados por Raskin podrían aportar más claridad sobre la frecuencia de estos pactos y su efecto sobre las solicitudes de información pública. Por ahora, el caso pone bajo escrutinio una cuestión cada vez más visible en la expansión de la infraestructura de IA: cómo equilibrar las negociaciones corporativas con el derecho de las comunidades a conocer los costos y condiciones de los proyectos que se instalan cerca de ellas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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