Por Canuto  

La Oficina del Inspector General de la Reserva Federal no encontró motivos razonables para cargos penales por el alza de costos de la renovación de su sede, aunque sí identificó deficiencias de gestión. El informe llega después de que el Departamento de Justicia retirara una investigación sobre Jerome Powell, en medio de un choque político por las tasas de interés y la independencia del banco central.
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  • La inspectoría de la Fed afirmó que no halló motivos razonables para creer que se hubiera violado la ley penal federal.
  • Las estimaciones de la renovación subieron de USD $1.300 millones en febrero de 2020 a USD $2.400 millones en diciembre de 2024.
  • El informe recomendó supervisión independiente y una auditoría; Kevin Warsh aceptó implementar las medidas.

La pesquisa por las obras de la Fed cerró sin motivos para cargos penales

El informe descarta una base penal

La Oficina del Inspector General (OIG) de la Reserva Federal concluyó que no encontró motivos razonables para presentar cargos penales por los costos de renovación de la sede del banco central estadounidense. El informe, fechado el martes y disponible en línea el miércoles, se concentra en el proyecto de construcción y distingue entre las deficiencias administrativas que detectó y la ausencia de indicios de una infracción penal federal.

“En ningún momento durante nuestra evaluación encontramos motivos razonables para creer que se hubiera producido una violación de la ley penal federal”, indicó la OIG en el documento. La conclusión no equivale a afirmar que el proyecto se gestionó sin problemas: el organismo sí señaló fallas en su administración, aunque dijo que no identificó mala conducta administrativa durante su evaluación.

La pesquisa se ocupó de una renovación de gran escala en la sede de la Fed, ubicada en Washington, y examinó el incremento de sus estimaciones de costos. El resultado responde a una controversia que adquirió una dimensión política cuando el presidente Donald Trump impulsó una investigación criminal contra Jerome Powell, entonces presidente del banco central, vinculada con los sobrecostos.

La diferencia entre una deficiencia de gestión y una conducta penal es central para entender el alcance del documento. La OIG no recomendó cargos ni describió una violación de la ley; en cambio, formuló propuestas de control para corregir debilidades en el seguimiento del calendario y del presupuesto de la obra.

Un presupuesto que casi se duplicó

Las estimaciones del costo de la renovación pasaron de USD $1.300 millones en febrero de 2020 a USD $2.400 millones en diciembre de 2024. Ese aumento fue el eje financiero del escrutinio y explica por qué el proyecto quedó en el centro de la disputa sobre la gestión de la sede, aunque por sí solo no demuestra que se cometiera un delito.

El informe de la inspectoría describió deficiencias en la administración del proyecto, sin identificar mala conducta administrativa en el curso de su evaluación. Por eso, el hallazgo combina dos conclusiones distintas: reconoce problemas de gestión que requieren atención y, al mismo tiempo, descarta que la revisión haya encontrado motivos razonables para atribuir una infracción penal federal.

Entre las medidas sugeridas figura designar un organismo independiente que supervise tanto los costos como el calendario de construcción. La OIG también recomendó ordenar una auditoría del proyecto, de modo que el seguimiento y la revisión de los gastos cuenten con mecanismos específicos y no dependan únicamente de la administración ordinaria de la obra.

Kevin Warsh, actual presidente de la Fed según el informe y designado por Trump, aceptó implementar las recomendaciones. El compromiso abre una etapa de corrección administrativa, pero no cambia la conclusión penal de la evaluación ni convierte las recomendaciones en una declaración de que se hayan probado irregularidades criminales.

La investigación de Powell y el choque por las tasas

El Departamento de Justicia inició una investigación criminal contra Powell en enero, luego de que Trump lo criticara repetidamente y reclamara que la Fed redujera las tasas de interés. Powell sostuvo entonces que la pesquisa buscaba presionar al banco central para que fijara las tasas de acuerdo con las preferencias del presidente, una acusación que situó el caso dentro de un debate más amplio sobre la independencia de la institución.

En abril, el Departamento de Justicia retiró la investigación contra Powell por los sobrecostos. La decisión llegó después de que Trump pidiera la renuncia del entonces jefe de la Fed y en medio del conflicto por la política monetaria, mientras el presidente exigía recortes de tasas para estimular la actividad económica.

La confirmación del sucesor elegido por Trump también quedó ligada al destino de la pesquisa. Un senador del propio partido del presidente se negó a confirmar al nominado mientras la investigación criminal siguiera adelante, y condicionó su apoyo a que el caso se detuviera; la fiscal estadounidense Jeanine Pirro había dicho que se atendría a las conclusiones de la inspectoría.

Powell había asumido la presidencia de la Fed en 2018, durante el primer mandato de Trump, y fue reelegido bajo el presidente demócrata Joe Biden. Aunque su mandato como presidente terminó en mayo, Powell no renunció a su puesto en la Junta de Gobernadores y afirmó que permanecería allí hasta que la investigación sobre los costos estuviera “completa y verdaderamente terminada, con transparencia y finalidad”.

La disputa por la independencia de la Reserva Federal

La presión sobre Powell formó parte de una ofensiva más amplia de Trump contra la independencia de la Fed, según el contexto descrito en la información del caso. El desacuerdo público sobre las tasas convirtió una decisión de política monetaria en un foco de tensión entre la Casa Blanca y el banco central, mientras la investigación sobre las obras añadía un frente legal relacionado con la gestión de la sede.

La disputa también alcanzó a Lisa Cook, otra gobernadora de la Reserva Federal, a quien Trump intentó destituir por alegaciones de fraude hipotecario. Cook negó los señalamientos; en junio, la Corte Suprema falló a su favor y determinó que Trump no podía apartarla sumariamente sobre la base de acusaciones no probadas.

En agosto, la Casa Blanca volvió a avanzar con su intento de despedir a Cook y le dio tiempo para responder a las alegaciones. Cook rechazó los cargos en su respuesta a esa carta, de acuerdo con la información disponible, por lo que ese episodio también quedó marcado por la disputa entre las decisiones presidenciales y los límites para remover a una integrante de la Junta.

El informe sobre las renovaciones cierra la revisión de la OIG sin una base para cargos penales, pero deja en pie sus recomendaciones de auditoría y supervisión independiente. La respuesta de Warsh compromete a la Fed con esas medidas, mientras la controversia que rodeó a Powell ilustra cómo un proyecto de infraestructura terminó ligado a una confrontación política sobre tasas, investigaciones y autonomía institucional.

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