Por Canuto  

Andreessen Horowitz, DeFi Education Fund y otros actores del sector cripto presentaron un escrito en apoyo al desafío legal contra el impuesto de Illinois, al que consideran demasiado amplio y poco claro frente a la tecnología blockchain.
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  • El grupo argumenta que la ley trata de forma desfavorable las transacciones vinculadas con blockchain y no distingue con claridad entre actividad comercial y software o infraestructura.
  • La norma establece un impuesto de 0,2% sobre transacciones de activos digitales; su entrada en vigor pasó de enero a julio de 2027.
  • El escrito se suma a las demandas de Blockchain Association, Crypto Council for Innovation y The Digital Chamber contra la legislación.

La disputa por el impuesto a los activos digitales de Illinois suma nuevos participantes de peso: Andreessen Horowitz, DeFi Education Fund, Paradigm y Uniswap respaldaron el desafío de la industria con un escrito de amicus. Los firmantes sostienen que la ley es demasiado amplia y no diferencia suficientemente las transacciones gravables de la tecnología que permite operar redes blockchain.

La presentación, realizada el jueves 12 de noviembre, se opone a la Ley de Impuesto a los Activos Digitales de Illinois, que fija un gravamen de 0,2% sobre transacciones de activos digitales. La medida, promulgada por el gobernador JB Pritzker como parte de la planificación del presupuesto estatal para el año fiscal 2027, tenía previsto comenzar a regir en enero de ese año, pero su entrada en vigor se aplazó hasta julio.

El cuestionamiento al alcance de la ley

El núcleo de la objeción de los firmantes es que la norma, a su juicio, no separa con suficiente precisión las operaciones comerciales sujetas a impuestos de la provisión de software e infraestructura de red. Esa diferencia resulta relevante en un ecosistema donde algunas herramientas permiten a los usuarios realizar transacciones de manera independiente, sin que la entidad que desarrolla o mantiene la tecnología necesariamente ejecute cada operación.

En el escrito, los grupos afirman que la ley no establece límites claros entre la actividad comercial tributable y el suministro de programas y redes que posibilitan esas operaciones. Su preocupación, según la presentación, es que la redacción alcance más que las transacciones propiamente dichas y termine afectando a quienes aportan las herramientas técnicas para que los usuarios interactúen con activos digitales.

Los firmantes también sostienen que Illinois señala específicamente las transacciones que involucran tecnología blockchain para recibir un tratamiento fiscal desfavorable. Se trata de un argumento de la industria presentado en el marco de un desafío legal, no de una decisión judicial que haya determinado que la ley discrimina contra el sector o que su alcance sea inválido.

La cuestión técnica ocupa un lugar central porque, de acuerdo con el escrito, la ley no toma en cuenta las complejidades propias de los activos digitales. El grupo plantea que esa falta de delimitación podría crear incertidumbre sobre qué actividades quedan sujetas al gravamen y cuáles corresponden a la provisión de software o infraestructura, aunque la presentación no detalla en el material disponible cómo se resolvería cada supuesto concreto.

Firmas y organizaciones se suman al desafío

DeFi Education Fund, Paradigm, Uniswap y Andreessen Horowitz encabezaron la presentación. La lista de firmantes también incluye a Aave Labs, Aptos Labs, Aztec Labs, Chainlink Labs, Decentralization Research Center, Dromos Labs, Figment Inc. y Hyperliquid Policy Center.

Se sumaron además Jito Labs, Multicoin Capital Management LLC, Orca Creative, Phantom Technologies, Solana Policy Institute y Stand With Crypto. La amplitud de la lista reúne empresas, fondos y organizaciones vinculadas con distintos segmentos del sector, pero el hecho de respaldar el escrito no implica que cada participante haya presentado por separado una demanda propia contra el estado.

Un escrito de amicus permite que organizaciones que respaldan una posición aporten argumentos en una controversia legal. En este caso, la presentación busca apoyar el desafío impulsado por actores de la industria y expone preocupaciones sobre el diseño de la ley; no reemplaza las demandas ni determina por sí misma el resultado del proceso.

The Block informó que esta intervención se suma a los cuestionamientos legales que ya enfrentaba Illinois. Blockchain Association, Crypto Council for Innovation y The Digital Chamber demandaron al estado después de que Pritzker promulgara la legislación dentro de la planificación presupuestaria para el año fiscal 2027.

El calendario y el impacto potencial en residentes

La ley establece un impuesto de 0,2% sobre transacciones de activos digitales, pero el material de la noticia no especifica una base de cálculo más detallada ni enumera todas las operaciones alcanzadas. Por ello, el planteamiento de los firmantes se concentra en el alcance general de la norma y en la dificultad que, según ellos, implica distinguir una operación gravable de la infraestructura tecnológica que la hace posible.

La aplicación estaba inicialmente programada para enero de 2027 y luego se trasladó a julio de ese año. Ese cambio posterga la fecha de entrada en vigor, pero no elimina la ley ni resuelve la disputa: las organizaciones que cuestionan la medida buscan bloquear su implementación mediante el proceso legal en curso.

Para dimensionar la cantidad de residentes potencialmente relacionados con el tema, el grupo citó una estimación de 2,64 millones de habitantes de Illinois que poseen activos digitales. Según el escrito, esa cifra es la quinta más alta entre los estados; los firmantes la presentan como evidencia de que la norma puede tener un alcance amplio dentro de la población, no como un cálculo de cuántas personas pagarían el impuesto.

Los defensores del sector han descrito la medida como sin precedentes y han buscado frenar su aplicación. En esta nueva presentación, su crítica combina la objeción al tratamiento fiscal de las transacciones vinculadas con blockchain con el argumento de que la ley no contempla adecuadamente las particularidades técnicas de los activos digitales.

Una discusión que sigue abierta

El caso plantea una pregunta regulatoria concreta: cómo distinguir una transacción gravable de los servicios de software e infraestructura que permiten que los usuarios operen por cuenta propia. Los firmantes consideran que la ley no fija esa frontera con claridad suficiente, pero el material disponible no anticipa cómo responderán los tribunales ni qué interpretación prevalecerá.

La demora hasta julio de 2027 ofrece más tiempo antes de que la norma entre en vigor, mientras continúan los desafíos legales. Sin embargo, la fecha aplazada no equivale a una suspensión definitiva, y la noticia no indica que Illinois haya retirado o modificado la legislación.

La presentación también deja en evidencia que la disputa no se limita a la cuantía del gravamen. Para las organizaciones que firmaron el amicus, el modo en que se define qué cuenta como una transacción sujeta a impuestos puede afectar la provisión de herramientas y redes, una distinción que consideran esencial en el funcionamiento de los activos digitales.

Por ahora, los hechos centrales son el impuesto de 0,2%, el aplazamiento de su aplicación y la incorporación de nuevos respaldos al desafío de la industria. El desenlace dependerá del curso de las demandas contra Illinois y de cómo se aborde la controversia sobre el alcance de la ley y las actividades relacionadas con blockchain.


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