Por Canuto  

Tres petroleros vinculados a Irán, incautados en el océano Índico, avanzan hacia aguas estadounidenses con casi seis millones de barriles de crudo. Su posible llegada pondría a prueba una antigua figura del derecho marítimo y abriría un proceso judicial para determinar qué ocurrirá con los buques y su carga.
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  • El Tifani y el Majestic X navegan frente a Brasil; el Lenore, también conocido como Davina, cruzó el Cabo de Buena Esperanza.
  • Los tres buques pueden transportar cerca de dos millones de barriles cada uno, con una carga valorada en casi USD $600 millones.
  • La administración estadounidense podría recurrir al derecho de presa para que tribunales federales decidan el destino de los petroleros y el crudo.

EE.UU. podría recibir casi USD $600 millones en petróleo iraní incautado

Tres petroleros avanzan hacia el Atlántico

Tres petroleros vinculados a Irán avanzan hacia Estados Unidos después de que fuerzas navales los incautaran durante la guerra, en operaciones realizadas en el océano Índico. El Tifani y el Majestic X se encuentran frente a la costa de Brasil, mientras el Lenore, que también opera con el nombre Davina, acaba de cruzar el Cabo de Buena Esperanza rumbo al oeste. La carga conjunta se acerca a los seis millones de barriles de crudo iraní.

Los dos primeros buques fueron abordados en abril, según la información de Bloomberg citada por Fortune, mientras que el Lenore fue interceptado en junio. Los tres son petroleros de crudo de muy gran tamaño, conocidos por la sigla VLCC, y cada uno puede transportar hasta dos millones de barriles. Sus posiciones actuales los mantienen en el Atlántico sur, aunque el destino final que contempla el reporte es un puerto de Estados Unidos.

La firma Tanker Trackers calculó que el volumen incautado tiene un valor cercano a USD $600 millones. En una publicación del miércoles, indicó que casi seis millones de barriles de crudo iraní confiscado cruzaban silenciosamente el Atlántico hacia Estados Unidos. La cifra es una estimación del valor de la carga, no una confirmación de que los buques ya hayan llegado a un puerto ni de que las autoridades hayan completado un proceso judicial.

El valor estimado debe leerse junto con el precio de referencia citado en el reporte: los futuros del Brent cotizaban alrededor de USD $106 por barril. Ese dato ofrece una referencia para dimensionar la carga, pero no establece por sí solo el precio exacto de cada barril iraní ni el monto que finalmente podría obtenerse. La cantidad, el valor y la ruta explican por qué la llegada de los buques sería también un asunto legal y económico, además de una operación naval.

El bloqueo y las incautaciones

Estados Unidos inició su bloqueo naval en abril, cuando las fuerzas estadounidenses comenzaron a apuntar a barcos que intentaran entrar o salir de puertos iraníes. El alcance descrito por el reporte no se limitaba a las aguas cercanas a Irán: también comprendía buques vinculados al país en otras zonas, incluidos los océanos Índico y Pacífico. Las incautaciones de los tres petroleros ocurrieron en ese contexto de presión sobre el transporte marítimo relacionado con Irán.

La medida tuvo una interrupción temporal durante el verano, cuando un breve alto al fuego levantó el bloqueo. Semanas después, el presidente Donald Trump volvió a imponerlo, mientras su administración desplazaba el foco desde los bombardeos hacia la presión económica. El tránsito de los petroleros incautados muestra una consecuencia concreta de esa estrategia: las operaciones de interdicción pueden prolongarse mucho más allá del momento en que las fuerzas navales abordan una nave.

La noticia no afirma que los tres buques hayan descargado su petróleo ni que exista ya una decisión definitiva sobre la propiedad del crudo. Lo que describe es un desplazamiento gradual hacia Estados Unidos después de las intercepciones, con los dos barcos abordados en abril frente a Brasil y el tercero recién al oeste del extremo sur de África. Esa distinción importa, porque la incautación física no equivale automáticamente a una sentencia que autorice al gobierno a disponer de la carga.

Si los buques terminan en un puerto estadounidense, el reporte considera probable que sea en la costa de Texas, donde se encuentran importantes refinerías. La ubicación también acercaría el caso a la fiscalía federal del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, cuya oficina dijo estar preparada para representar al gobierno en una adjudicación de presa. Por ahora, esa posibilidad es un escenario planteado por la información disponible, no la confirmación de que los barcos ya tengan un puerto de llegada asignado.

Una antigua herramienta legal vuelve al centro

La administración estadounidense estaría utilizando el derecho de presa, conocido en inglés como prize law, para incautar los petroleros y buscar el decomiso de sus bienes. Se trata de una figura del derecho marítimo con raíces medievales que regula la captura y el destino de propiedades marítimas enemigas durante un conflicto. Su importancia en este caso reside en que difiere de los procedimientos civiles de decomiso que suelen aplicar las autoridades policiales.

Según la explicación publicada, un decomiso civil exige que el gobierno identifique una infracción legal y establezca jurisdicción, mientras que el derecho de presa no exige que quien captura el buque obtenga previamente una orden judicial. Tampoco condiciona la incautación a que se pruebe una violación de una ley existente del mismo modo que en esos procesos civiles. El Departamento de Defensa, en lugar de organismos policiales como la Guardia Costera, puede capturar un buque enemigo bajo ese marco.

En Estados Unidos, la Constitución incluye la llamada Cláusula de Capturas, que establece reglas para capturar y confiscar buques enemigos en tiempos de guerra. La fuente sitúa el uso histórico de estas facultades durante la Guerra Civil, cuando Abraham Lincoln recurrió a la Ley de Presas de 1812 para bloquear puertos marítimos confederados. La misma ley, indica el reporte, fue invocada por última vez durante la Guerra Hispano-estadounidense.

El recurso a una norma antigua no resuelve automáticamente qué pasará con los petroleros ni con el crudo. El derecho de presa contempla que un tribunal determine si la propiedad debe condenarse, devolverse o recibir otro destino, por lo que la adjudicación judicial sería una etapa decisiva. En términos prácticos, el gobierno buscaría encauzar la disputa mediante reglas creadas para conflictos marítimos, en vez de depender exclusivamente de un proceso civil de decomiso.

Texas podría ser el escenario judicial

La oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas, encabezada por Aaron Reitz, dijo a Bloomberg que está lista para representar a Estados Unidos en la adjudicación de presas llevadas a Texas ante tribunales federales. La posibilidad encaja con la ruta que el reporte atribuye a los buques y con la presencia de grandes refinerías en la costa texana. Sin embargo, la declaración de disponibilidad no confirma que la fiscalía ya haya recibido los petroleros o presentado una causa.

En una declaración del mes anterior a Fortune, Reitz no precisó si el Departamento de Justicia invocará la Ley de Presas de 1812, la Cláusula de Capturas u otra base legal. Explicó que los intereses de seguridad nacional podrían llevar al ejército estadounidense a incautar buques o cargas que apoyen al enemigo durante un conflicto militar. Añadió que, si eso ocurre, los tribunales federales deben estar preparados para decidir el destino de los bienes capturados.

Reitz describió el derecho de presa como un cuerpo antiguo del derecho marítimo, ya incorporado a la legislación, que ahora se está reactivando. Según su explicación, ese marco establece cómo se condena, se devuelve o se dispone de la propiedad marítima incautada. La definición deja claro que el proceso no se limita a retener una nave: incluye la revisión judicial de lo que sucederá tanto con el buque como con su carga.

El caso pondría a prueba cómo se aplica esa figura histórica a una incautación contemporánea vinculada a un conflicto y a una política de bloqueo. Si los barcos llegan a Texas, la disputa tendría una dimensión comercial por el volumen de crudo y otra constitucional por la autoridad para capturar y disponer de bienes enemigos. Hasta entonces, la ubicación cambiante de los petroleros y la preparación anunciada por la fiscalía son indicios de un posible proceso, no una resolución sobre quién recibirá el petróleo.

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