Por Canuto  

California y Nueva York impugnan acuerdos de la administración Trump para pagar a empresas que abandonen proyectos de eólica marina. Los estados sostienen que los acuerdos son ilegales y advierten que cancelar desarrollos podría reducir las opciones para atender la creciente demanda de electricidad y elevar los costos para los consumidores.
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  • California y Nueva York buscan frenar acuerdos federales para cancelar arrendamientos vinculados a proyectos eólicos marinos.
  • Los dos acuerdos cuestionados sumarían alrededor de USD 1.400 millones; la administración también ha prometido casi USD 4.000 millones a compañías que abandonen proyectos en distintas partes del país.
  • La disputa incluye acuerdos con Invenergy y Bluepoint Wind y forma parte de un enfrentamiento más amplio sobre la política energética de Estados Unidos.

California y Nueva York llevan a la administración Trump a tribunales por pagos para cancelar parques eólicos

La disputa por las recompras

California y Nueva York impugnan los planes de la administración del presidente Donald Trump para pagar a empresas energéticas a cambio de que abandonen proyectos de eólica marina. Los estados argumentan que esos acuerdos son ilegales y costosos, y sostienen que cancelar desarrollos puede reducir las opciones disponibles para atender la demanda eléctrica. El 22 de septiembre, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció dos demandas contra acuerdos con Bluepoint Wind e Invenergy, según la oficina de la fiscal general del estado. El fiscal general de California, Rob Bonta, también encabeza acciones judiciales contra esos planes.

El conflicto gira en torno a pagos federales a empresas para rescindir arrendamientos vinculados a proyectos eólicos marinos. En junio, la administración anunció un acuerdo con Invenergy para poner fin a cuatro arrendamientos a cambio de USD 765 millones, de acuerdo con la información publicada sobre la operación. Los estados cuestionan que el gobierno destine recursos públicos a detener desarrollos energéticos en marcha.

James encabeza una coalición de otros siete estados en dos impugnaciones: una contra el acuerdo relacionado con Invenergy y otra contra el de Bluepoint Wind. Esta última empresa aceptó en abril poner fin a un proyecto en desarrollo frente a las costas de Nueva York y Nueva Jersey. Según los reportes sobre los acuerdos, el pago propuesto a Bluepoint sería de USD 765 millones, mientras que el de Invenergy ascendería a USD 653 millones. En conjunto, las cifras rondan los USD 1.400 millones que los estados buscan bloquear.

Además de esos acuerdos, la administración ha prometido casi USD 4.000 millones en total a compañías que abandonen proyectos en distintas partes del país, según la información reportada sobre la iniciativa. La cifra global supera el monto de las dos operaciones impugnadas en estas demandas. La controversia judicial se centra en si los acuerdos con Invenergy y Bluepoint pueden seguir adelante.

Los argumentos sobre costos y electricidad

La preocupación de California y Nueva York no se limita a la legalidad de las recompras: también abarca sus posibles consecuencias para los consumidores. Los estados sostienen que retirar proyectos de generación previstos puede reducir las opciones disponibles mientras aumenta la demanda de electricidad. Según su argumento, una menor oferta futura podría dejar a los hogares con menos alternativas y contribuir a facturas más altas.

James presentó el asunto como una carga para las familias que ya lidian con el costo de la energía. «Los estadounidenses enfrentan costos energéticos crecientes porque esta administración prefiere pagar a las empresas energéticas antes que dejarnos construir las nuevas fuentes de energía que necesitamos», declaró. La fiscal general también afirmó que los acuerdos se negociaron a puertas cerradas y que los fondos deberían haberse destinado a reducir las facturas de los neoyorquinos, en lugar de favorecer proyectos de combustibles fósiles en otros estados.

Esas advertencias son argumentos de los funcionarios estatales en el marco de una disputa judicial, no una determinación sobre el efecto final de los acuerdos en las tarifas. La información reportada no ofrece cálculos de cuánto podría aumentar una factura ni establece que los pagos vayan a traducirse automáticamente en un alza para cada hogar. El reclamo de los estados es que cancelar proyectos previstos para el futuro puede restringir las opciones de generación eléctrica y dificultar que la oferta acompañe el crecimiento de la demanda.

La controversia también enfrenta dos usos distintos de los fondos públicos: compensar a empresas por abandonar desarrollos o conservar la posibilidad de construir nuevas fuentes de energía. Los fiscales generales cuestionan que el gobierno pague a compañías para cancelar iniciativas y defienden esos proyectos como relevantes para la asequibilidad y el suministro futuro. Por ahora, la disputa se concentra en los tribunales y en si los acuerdos pueden ejecutarse.

Una batalla más amplia sobre el rumbo energético

Las demandas forman parte de un enfrentamiento más amplio entre la administración Trump y los estados que buscan preservar el desarrollo de energía limpia. Trump ha criticado repetidamente la energía eólica y ha dicho que no quiere que se construyan más «molinos de viento», mientras su gobierno favorece los combustibles fósiles. La controversia por los pagos para cancelar proyectos convierte esa diferencia política en una disputa concreta sobre arrendamientos, recursos públicos y desarrollos específicos.

La energía eólica marina genera electricidad sin las emisiones que calientan el planeta asociadas con la quema de petróleo, carbón y gas natural, según el material de la noticia. Para los estados que respaldan estos proyectos, cancelar desarrollos puede eliminar una opción para cubrir la demanda eléctrica sin añadir esas emisiones. Ese argumento vincula la discusión sobre el suministro con los objetivos climáticos, aunque el litigio también se centra en la autoridad federal para impulsar las recompras.

Bonta describió la situación como una batalla que California no ha podido evitar pese a su papel como líder climático. En declaraciones difundidas por ABC News, sostuvo que el estado enfrenta «batallas evitables e innecesarias con nuestro propio gobierno federal» mientras intenta promover la acción climática y avanzar hacia la energía limpia. El fiscal general también advirtió, durante un evento de la Semana del Clima en la ciudad de Nueva York, que la respuesta climática debe estar a la altura del «alcance, la velocidad y la escala del problema».

California, Nueva York y otros estados buscan que los tribunales bloqueen las recompras y permitan preservar los proyectos que consideran importantes para la asequibilidad y el progreso climático. El resultado de las demandas determinará si los acuerdos con Invenergy y Bluepoint Wind pueden ejecutarse; la información disponible no indica que los tribunales ya hayan resuelto el fondo de los casos. Mientras continúe la disputa, el debate seguirá enfrentando las prioridades federales sobre combustibles fósiles con las estrategias estatales para sostener nuevos desarrollos de energía limpia.


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