Por Canuto  

La mayor parte del tráfico global de Internet todavía recorre cables tendidos en el fondo marino. Incidentes sospechosos en el Báltico y Asia, tensiones en el estrecho de Ormuz y el deterioro de las reglas internacionales elevan la preocupación por esta infraestructura, que convive en el lecho marino con conexiones energéticas.
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  • Entre 150 y 200 averías en cables submarinos ocurren cada año, y cerca del 60% de esos incidentes se atribuye principalmente a errores humanos.
  • Los casos del Eagle S, el Yi Peng 3 y el Hong Tai reavivaron las sospechas de daños deliberados en el Báltico y Taiwán.
  • La guerra y las disputas legales complican la instalación y protección de cables, mientras empresas privadas y gobiernos difieren sobre quién debe pagar por más redundancia.

 

Los cables de fibra óptica que cruzan los océanos siguen transportando la mayor parte del tráfico mundial de Internet, pese al avance de servicios satelitales como Starlink. Una serie de incidentes sospechosos, la expansión de las tensiones geopolíticas y las dificultades para hacer cumplir reglas comunes han aumentado la preocupación por esta infraestructura. En el lecho marino también hay conexiones eléctricas y tuberías de hidrocarburos, igualmente expuestas a daños.

La investigadora Elisabeth Braw, del Atlantic Council, analiza esos riesgos en su libro Undersea War. En una entrevista con Ars Technica, advirtió que la seguridad de las redes submarinas depende de que los países y las embarcaciones respeten reglas compartidas, una confianza que, a su juicio, pierde fuerza en medio de conflictos y rivalidades entre potencias.

Una infraestructura crítica en aguas compartidas

Los cables submarinos no son una alternativa secundaria a Internet satelital: forman la columna vertebral de las comunicaciones entre países y continentes. Por los mismos fondos oceánicos también pasan tuberías de gas y petróleo y enlaces eléctricos, de modo que un daño puede afectar tanto la conectividad digital como servicios energéticos esenciales.

Braw estima que cada año ocurren entre 150 y 200 averías en cables submarinos. Cerca del 60% de esos incidentes se atribuye principalmente a errores humanos durante actividades de pesca y navegación, cuando redes lastradas o anclas arrastradas golpean las instalaciones; las tormentas y los deslizamientos submarinos explican una proporción menor.

La mayoría de esos incidentes se repara con rapidez, pero los casos recientes han despertado más escrutinio porque algunos ocurrieron en un contexto de tensión internacional y con circunstancias consideradas inusuales. Braw señaló que un barco no debería arrastrar su ancla durante largos tramos sin que su tripulación lo advierta, especialmente cuando se sabe dónde se ubican los cables.

La importancia económica de estas conexiones también amplifica el riesgo. Braw explicó que una interrupción, incluso breve, podría afectar operaciones financieras y servicios en centros como Nueva York, porque grandes volúmenes de información y dinero dependen del flujo continuo de datos entre redes.

La diferencia con la Guerra Fría, según la investigadora, es que hoy las sociedades usan los cables de manera mucho más intensa. Entonces transportaban llamadas internacionales y mensajes telegráficos, pero no sostenían el volumen permanente de comunicaciones digitales que ahora requieren empresas, gobiernos y consumidores.

Incidentes bajo sospecha y nuevas capacidades

Uno de los episodios más notorios ocurrió en diciembre de 2024, en lo que Braw denomina la «matanza del Día de Navidad». El petrolero Eagle S, vinculado a Rusia, habría arrastrado su ancla durante unos 90 kilómetros y cortado o dañado cuatro cables de datos y el cable eléctrico Estlink 2, que conecta las redes eléctricas báltica y nórdica.

Uno de los cables de datos afectados también había sufrido daños en noviembre de 2024, cuando el buque de carga chino Yi Peng 3 cortó dos cables en la región del Báltico. Las autoridades europeas no procesaron a su tripulación, mientras que Finlandia intentó llevar ante la justicia a tres altos oficiales del Eagle S, una diferencia que refleja la complejidad de atribuir responsabilidades en aguas internacionales.

En Asia, un tribunal de Taiwán condenó al capitán del Hong Tai por cortar un cable de telecomunicaciones submarino en febrero de 2025. En junio de ese año recibió una sentencia de tres años de prisión, y posteriormente el legislativo taiwanés endureció las penas por daños intencionales a cables o tuberías, con castigos que pueden llegar a siete años.

Los casos no demuestran por sí solos que todos los daños fueran sabotajes, y Braw reconoce que quizá nunca se conozca qué ocurrió a bordo de algunas embarcaciones. Sin embargo, la repetición de anclas arrastradas en el Báltico, frente a Noruega y en aguas taiwanesas ha generado inquietud entre los gobiernos y costos considerables para los operadores, sobre todo cuando hay que reparar cables eléctricos.

La preocupación también abarca métodos distintos de los accidentes marítimos. Braw señaló que Rusia y otros países podrían desarrollar dispositivos, drones o herramientas operadas desde submarinos para dañar cables. En septiembre de 2026, según Reuters, aliados de la OTAN detectaron submarinos rusos que entrenaban con una tecnología secreta diseñada para inutilizar cables submarinos sin dejar rastros. La operación conjunta involucró al Reino Unido, Noruega y Estados Unidos, y se desarrolló cerca de Svalbard.

Los buques de investigación añaden otra incógnita, porque pueden permanecer cerca de cables durante largos periodos y recopilar información sobre el entorno submarino. Braw dijo que Rusia y China envían embarcaciones de ese tipo a aguas de otros países y cuestionó que no siempre informen con claridad a las autoridades locales sobre la naturaleza de sus investigaciones.

Conflictos, reglas internacionales y responsabilidad privada

El estrecho de Ormuz muestra cómo los conflictos pueden afectar tanto a los cables existentes como a los proyectos futuros. Según Braw, en febrero había tres proyectos de cables a punto de comenzar o en desarrollo en la zona, pero el inicio de la guerra obligó a suspenderlos o abandonarlos, y las empresas declararon fuerza mayor porque instalar cables con misiles y drones en circulación supone un riesgo para las tripulaciones.

La relevancia de esa ruta supera a los países conectados directamente con ella. Braw indicó que alrededor de un tercio del tráfico de Internet que llega al oeste de India pasa por el Golfo Pérsico, por lo que cualquier interrupción o demora en nuevos tendidos puede afectar la conectividad de usuarios y mercados más allá de la región.

La investigadora también describió amenazas de Irán de cobrar tarifas a los operadores de cables que atraviesen el estrecho, después de anunciar peajes para la navegación. A su juicio, imponerlas contravendría la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como UNCLOS, adoptada en 1982; Irán la firmó, aunque no la ratificó, y había respetado sus disposiciones sobre navegación antes de anunciar esos cobros.

El argumento iraní, tal como lo expuso Braw, vincula el incumplimiento de sus obligaciones con las acusaciones de que Estados Unidos e Israel violaron la Carta de la ONU al atacarlo. Esa lógica abre una disputa más amplia: si un país sostiene que otro quebrantó las reglas, podría justificar que también las ignore, debilitando las normas que protegen actividades en aguas internacionales.

La tensión se refleja además en el contraste entre propiedad privada e interés público. La mayoría de los cables actuales pertenece a consorcios, mientras que los tendidos más cortos pueden tener un único dueño; a la vez, los grandes proveedores de servicios digitales, conocidos como hyperscalers, construyen redes propias para transportar su tráfico.

Los operadores deben comparar el costo de instalar y mantener nuevos cables con la probabilidad de que los existentes sufran daños, un cálculo comercial que no necesariamente coincide con la prioridad de los gobiernos. Estos últimos suelen querer más redundancia para proteger servicios nacionales, pero no controlan la mayoría de la infraestructura y tampoco cuentan, según Braw, con recursos para financiar respaldos para cada cable.

La situación de las islas Matsu, gobernadas por Taiwán, ilustra el debate sobre la necesidad de apoyo público cuando se interrumpen conexiones. Sin embargo, subsidiar rutas alternativas no es una solución sencilla ni universal: requiere dinero y acuerdos sobre quién asume los costos de una infraestructura que beneficia a empresas privadas y a sociedades enteras.

La expansión de cables y la entrada de nuevos propietarios tampoco eliminan las vulnerabilidades físicas ni las disputas legales. Meta anunció un proyecto de cable transatlántico con capacidad de un petabit, un ejemplo de la creciente inversión privada que convive con la demanda de protección pública; el desafío será mantener las conexiones y reparar las averías cuando las tripulaciones deban operar en zonas peligrosas.

Para Braw, el riesgo central no consiste únicamente en un eventual ataque, sino en la pérdida progresiva de acuerdos que durante décadas ayudaron a ordenar el uso del océano. Si los países dejan de confiar en reglas comunes, las empresas tendrán que afrontar un entorno más incierto y los gobiernos deberán decidir cómo proteger una red que sostiene la economía digital, aunque no les pertenezca.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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