Por Canuto  

Un gran jurado de Ohio acusó a Walter Cordes de consultar 29 veces el sistema de cámaras Flock para averiguar el paradero de una persona conocida, por motivos ajenos a su trabajo policial.
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  • La Fiscalía del Condado de Hamilton atribuye a Cordes 29 búsquedas entre diciembre de 2024 y abril de 2026; el cargo puede acarrear hasta 12 meses de prisión.
  • El caso surgió durante una auditoría departamental y se suma a otras acusaciones recientes por presunto uso indebido de las cámaras Flock en Indiana e Illinois.
  • La controversia aumenta el escrutinio sobre una red de lectores de matrículas y los controles de acceso a los datos que generan.

 

Un teniente de policía de Sharonville, suburbio de Cincinnati, enfrenta un cargo grave en Ohio por supuestamente usar las cámaras de lectura de matrículas Flock de su departamento para seguir a una persona que conocía. La Fiscalía del Condado de Hamilton sostiene que Walter Cordes, de 48 años, consultó el sistema en 29 ocasiones por razones personales, ajenas a sus funciones policiales. El gran jurado lo acusó formalmente el 13 de octubre.

La persona cuyo paradero habría buscado Cordes no ha sido identificada por los fiscales, que tampoco han explicado el motivo de las consultas. La información publicada por Fortune indica que el cargo es uso no autorizado de propiedades informáticas, de cableado o de telecomunicaciones, un delito grave de quinto grado en Ohio que puede conllevar hasta 12 meses de prisión.

La auditoría que destapó las consultas

Las búsquedas atribuidas al teniente ocurrieron entre el 19 de diciembre de 2024 y el 20 de abril de 2026, según la fiscalía. El caso salió a la luz en junio, cuando Cordes informó por cuenta propia sobre las consultas durante una auditoría departamental del sistema Flock y luego las admitió en una entrevista.

Tras esa revelación, la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton abrió una investigación sobre el uso del sistema. El jefe de la policía de Sharonville, Jim Nesbit, dijo a WKRC que la auditoría también había detectado otros usos indebidos, que el departamento abordó, y que Cordes se presentó para informar que él también había utilizado mal la herramienta.

Sharonville tiene en arrendamiento 24 cámaras Flock, y el departamento indicó que Cordes está en licencia administrativa mientras concluye su investigación interna. Esa medida no equivale a una determinación de culpabilidad: la acusación formal constituye un paso del proceso penal, mientras que los señalamientos todavía deben resolverse en las instancias correspondientes.

La fiscal del Condado de Hamilton, Connie Pillich, advirtió que el uso indebido de esta tecnología socava la confianza pública. También dijo que Cordes es el primer funcionario de aplicación de la ley que su oficina ha acusado por el mal uso de estas herramientas desde que ella asumió el cargo; el presidente del sindicato policial Lodge 74, Rich Krummen, declaró a FOX19 que las personas con quienes habló estaban sorprendidas y defendió la existencia de controles y contrapesos.

Otros casos amplían el escrutinio

El caso de Sharonville no es el único señalamiento reciente sobre acceso policial a las cámaras Flock. En septiembre, fiscales del Condado de Marion, en Indiana, acusaron a cinco agentes de la policía de Indianápolis por presunto uso indebido del sistema, y uno de ellos habría buscado la ubicación del automóvil de su exesposa más de 950 veces en seis meses.

El 7 de octubre, Jeremy Harrison, exteniente de la policía de Joliet, Illinois, fue acusado de manipulación informática y mala conducta oficial por su uso del sistema Flock de la ciudad, de acuerdo con FOX 32. Aunque los detalles de cada investigación difieren, las acusaciones comparten una preocupación central: si un acceso autorizado para labores policiales también puede utilizarse para indagar sobre personas por motivos privados.

La tecnología en cuestión consiste en cámaras que leen matrículas y registran el paso de vehículos. Según la descripción del sistema recogida en la información de origen, cualquier departamento policial con un contrato puede usar la red para reconstruir el recorrido de un automóvil; por eso, los permisos de consulta y la supervisión de los registros cobran relevancia en casos como el de Cordes.

Flock sostiene que sus búsquedas quedan registradas y que su herramienta de Asistencia de Auditoría señala actividades inusuales a los administradores. Un portavoz de la empresa explicó esa función a Fortune cuando, en agosto, las ciudades de Tempe y Cave Creek, en Arizona, terminaron sus contratos el mismo día; Cave Creek citó entonces preocupaciones sobre privacidad y casos de uso indebido.

Contratos y controles en discusión

La controversia también tiene consecuencias para la relación de Flock con municipios y organismos policiales. Cerca de Sharonville, varias jurisdicciones del área metropolitana de Cincinnati suspendieron o cancelaron sus contratos por preocupaciones relacionadas con el uso indebido, informó WVXU; entre ellas figura la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton, que investigó a Cordes.

Flock es una startup respaldada por a16z y Tiger Global. La información disponible describe su valoración en torno a USD $8.000 millones y señala que la compañía dijo a Fortune haber recaudado USD $500 millones con una valoración de USD $8.300 millones; también ha defendido que incorpora clientes mucho más rápido de lo que los pierde.

La diferencia entre una búsqueda permitida por el sistema y una consulta presuntamente realizada por interés personal depende de las reglas de acceso, la trazabilidad y la capacidad de respuesta de cada departamento. En Sharonville, la auditoría permitió detectar las consultas, pero los hechos conocidos no detallan qué medidas internas se habían aplicado antes de que Cordes las reportara ni cómo se resolverá la investigación administrativa.

Flock declinó comentar el caso de Cordes, y no fue posible contactar a un abogado que lo represente. Por ahora, los fiscales no han identificado a la persona rastreada ni han detallado el motivo atribuido a las búsquedas, mientras el teniente permanece en licencia administrativa y el proceso penal sigue su curso.

La causa pone el foco en cómo se gobierna una herramienta capaz de relacionar matrículas con recorridos y en qué mecanismos revisan el acceso de los agentes. La fiscalía presentó la acusación como un caso de uso no autorizado, pero el resultado judicial aún está pendiente; el desenlace también podría alimentar el debate local sobre la contratación y supervisión de estas redes de cámaras.

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