Por Canuto  

Proyectos de legisladores de ambos partidos en Texas buscan eliminar exenciones fiscales para centros de datos y asignarles más costos asociados a la red eléctrica. Las propuestas llegan en medio de la preocupación por el consumo de electricidad y agua, antes del inicio de la 90.ª sesión legislativa, previsto para el 12 de enero de 2027.
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  • El proyecto SB 293, presentado por la republicana Joan Huffman, propone derogar la exención estatal del impuesto sobre ventas para centros de datos.
  • Otras iniciativas plantean asignar a estas instalaciones costos de transmisión y modificar incentivos fiscales estatales y locales.
  • Una encuesta citada en la información encontró que 56% de los votantes registrados se opone a centros de datos en sus comunidades.

 


Propuestas para cambiar los incentivos fiscales

Legisladores republicanos y demócratas de Texas presentaron proyectos que modificarían las condiciones fiscales y operativas para los centros de datos, antes del inicio de la 90.ª sesión legislativa, previsto para el 12 de enero de 2027. Las iniciativas se discuten mientras el estado enfrenta preguntas sobre la expansión de estas instalaciones y los recursos que requieren. Algunas buscan retirar beneficios tributarios y otras pretenden que los centros asuman costos vinculados con su demanda de electricidad.

Una de las iniciativas es SB 293, presentada por la senadora republicana Joan Huffman, de Houston. El proyecto derogaría la exención estatal del impuesto sobre ventas y uso que reciben ciertos centros de datos calificados. Un análisis de Foley señala que el costo proyectado de la exención llegaría a 3.300 millones de dólares en el ciclo presupuestario 2028-2029.

En la Cámara, el representante estatal demócrata de San Antonio, Martinez Fischer, presentó el proyecto HB 167, también dirigido a eliminar exenciones fiscales estatales. Según el análisis de Foley, las certificaciones existentes podrían seguir vigentes hasta que expiren sus plazos. El primer borrador de SB 293, en cambio, no contemplaría mantener las exenciones actuales si se aprueba en su forma descrita.

La senadora demócrata Judith Zaffirini, de Laredo, presentó otras medidas relacionadas con los centros de datos. SB 33 establecería una categoría tarifaria de transmisión separada para grandes cargas computacionales, incluidos los centros de datos calificados, con el objetivo de que los costos asociados no se trasladen a otros usuarios. SB 36 restringiría el acceso de centros de datos y otras instalaciones computacionales a exenciones fiscales estatales y locales, además de incentivos de desarrollo económico.

El consumo de recursos entra en el debate

El debate legislativo se desarrolla junto a una resistencia visible entre residentes y gobiernos locales. Una encuesta de la Universidad de Texas y el Texas Politics Project, publicada el 24 de junio, encontró que 56% de los votantes registrados se oponía a que se construyeran centros de datos en sus comunidades, y 42% expresó una oposición firme.

Las preocupaciones que recoge la información se relacionan con la cantidad de electricidad y agua que requieren estas instalaciones, así como con el posible efecto sobre las facturas de servicios públicos. En ese contexto, algunas ciudades y condados han intentado frenar o revisar proyectos mediante moratorias. Brownsville, por ejemplo, aprobó una pausa de 90 días que entró en vigor el 5 de noviembre.

El gobernador saliente Greg Abbott también recibió críticas por la rápida expansión de los centros de datos en Texas durante la elección. En junio, pidió a la Comisión de Servicios Públicos de Texas y al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, ERCOT, que evitaran trasladar a los residentes la carga financiera y de recursos asociada con la construcción y operación de estos proyectos; las regulaciones correspondientes entraron en vigor en julio.

El testimonio público durante el verano expuso vacíos en los datos solicitados por el estado, por lo que las autoridades pidieron información adicional. El 3 de agosto, Abbott pausó la construcción de nuevos centros de datos mientras Texas auditaba las instalaciones propuestas que buscaban conectarse a la red eléctrica, con el objetivo de verificar que cumplieran la directiva anunciada en junio.

Auditorías, controles y transición política

Las medidas de Abbott también abarcaron el uso del agua y la tramitación de permisos. El 14 de septiembre, ordenó a la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas utilizar su autoridad legal para exigir a los grandes consumidores que reportaran su uso de agua y para imponer consecuencias legales por incumplimientos pasados y futuros de las normas estatales.

Siete días después, el 21 de septiembre, Abbott instruyó a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas a dejar de emitir permisos solicitados por centros de datos hasta que ERCOT completara su auditoría. También dispuso que ninguna agencia estatal avanzara con aprobaciones para estas instalaciones hasta que concluyeran las revisiones de la red eléctrica y de la Junta de Desarrollo Hídrico. Según la directiva, sus resultados debían orientar las decisiones regulatorias.

Desde el anuncio de la auditoría y las nuevas reglas, más de 40 empresas, entre ellas Amazon, Google, OpenAI y Anthropic, han declarado públicamente que cumplirán con los estándares de Texas para centros de datos. Ese compromiso se suma al escrutinio sobre el consumo energético e hídrico, aunque la información disponible no detalla qué ajustes específicos hará cada compañía ni cómo se verificará el cumplimiento de cada proyecto.

La gobernadora electa Gina Hinojosa planteó una postura crítica sobre la expansión sin beneficios demostrables para los residentes. En declaraciones a CNN el 5 de noviembre, dijo que Texas está harto de los centros de datos salvo que las empresas prueben que beneficiarán a la población, y afirmó: “No es que odie los centros de datos. Odio la forma en que están aprovechándose de Texas, y eso se acaba cuando sea gobernadora”. Añadió que quiere que los texanos tengan voz en las decisiones sobre si estas instalaciones llegan a sus comunidades y de qué manera.

Abbott dejará el cargo en enero de 2027, cuando Hinojosa asuma la gobernación, y la sesión legislativa comenzará el 12 de enero. La discusión sobre los proyectos determinará si Texas conserva, elimina o condiciona parte de los incentivos que han favorecido a los centros de datos, además de si estos deberán cubrir una mayor proporción de los costos de transmisión y someterse a requisitos más estrictos sobre sus recursos.


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