Por Canuto  

Suecia, Países Bajos, España y Polonia pidieron a la Comisión Europea reactivar las conversaciones sobre casi € 210.000 millones en reservas rusas congeladas, mientras Ucrania enfrenta un déficit de € 23.000 millones para su defensa. La iniciativa busca explorar alternativas legales sin confiscar directamente el principal, una posibilidad que Bélgica observa con cautela por los riesgos para Euroclear.
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  • Suecia lidera una carta firmada también por Países Bajos, España y Polonia para reabrir el debate europeo.
  • Ucrania reclama que se adelante parte del préstamo europeo de € 90.000 millones para cubrir un déficit de más de € 23.000 millones en su presupuesto de defensa.
  • La UE ya ha utilizado rendimientos extraordinarios de los activos rusos inmovilizados, pero evita tocar el principal de las reservas.

Un grupo de países miembros de la Unión Europea pidió a la Comisión Europea reactivar las conversaciones sobre el posible uso de activos congelados del banco central ruso para financiar las necesidades de defensa de Ucrania. Suecia encabeza la iniciativa junto con Países Bajos, España y Polonia, que enviaron una carta fechada el 27 de agosto de 2026 en un momento de creciente presión financiera para Kiev.

La solicitud llega mientras Ucrania enfrenta un déficit de más de € 23.000 millones en su presupuesto de defensa. Kiev ha reclamado a la UE que adelante parte del préstamo europeo de € 90.000 millones aprobado posteriormente en el proceso legislativo iniciado en diciembre de 2025. Según la evidencia disponible, esos recursos están destinados a apoyar la defensa y otras necesidades de Ucrania, pero no eliminan automáticamente el faltante presupuestario inmediato.

Una reserva inmovilizada de € 210.000 millones

Cerca de € 210.000 millones en activos del banco central ruso permanecen congelados dentro de jurisdicciones europeas desde poco después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022. La mayor parte de esos fondos está bajo custodia de Euroclear, una infraestructura financiera con sede en Bélgica, lo que convierte al país en un actor central de cualquier alternativa que estudie Bruselas.

Los activos no han sido confiscados ni transferidos de forma directa a Ucrania, porque la UE ha mantenido un enfoque conservador frente a las posibles consecuencias jurídicas. En lugar de tocar el capital principal, las instituciones europeas han utilizado beneficios extraordinarios generados por esos fondos mientras permanecen inmovilizados, una fórmula que busca apoyar a Kiev sin alterar formalmente la titularidad de las reservas.

La Comisión Europea informó que el 3 de agosto la UE recibió € 1.400 millones en beneficios inesperados generados por los intereses sobre los saldos de caja vinculados a activos inmovilizados. La cifra confirma que los rendimientos pueden aportar recursos relevantes, aunque no demuestra por sí sola que se hayan generado € 8.000 millones hasta la fecha. Por ello, esa cantidad se elimina de esta versión al no estar respaldada de forma suficiente por la evidencia disponible.

La carta de los cuatro países no exige necesariamente una confiscación directa del principal, una medida que enfrentaría serios desafíos bajo el derecho internacional. En cambio, plantea reabrir discusiones sobre fórmulas capaces de movilizar esas reservas inmovilizadas sin cruzar líneas que puedan generar responsabilidades legales para la UE y sus Estados miembros.

El papel decisivo de Bélgica y Euroclear

Bélgica se encuentra en el centro del debate porque Euroclear mantiene la mayor parte de los activos congelados. Las autoridades belgas han expresado preocupación por las posibles repercusiones legales y financieras que Moscú podría desencadenar si Europa utiliza el principal de las reservas.

Rusia considera ilegal cualquier uso de esos activos y ha iniciado acciones contra Euroclear, según reportes citados por medios de comunicación. Entre los riesgos mencionados figuran litigios y posibles medidas de represalia contra intereses europeos que todavía mantienen valores rusos, aunque la información disponible no determina qué acciones concretas podría emprender Moscú.

Las dudas no se limitan a la validez jurídica de una eventual confiscación, sino que también abarcan quién asumiría los costos si los tribunales ordenaran restituciones o si Rusia ejecutara represalias contra intereses europeos. Por esa razón, una propuesta operativa necesitaría la cooperación belga y garantías suficientes para proteger a Euroclear y al Estado donde tiene su sede.

La posición de Bélgica ha dificultado que la Comisión avance con fórmulas más agresivas, porque cualquier mecanismo que dependa de los activos custodiados en Euroclear debe ser viable tanto en términos técnicos como jurídicos. La carta de Suecia, Países Bajos, España y Polonia intenta modificar ese equilibrio mediante una coalición visible de países que reclama, al menos, reabrir el trabajo especializado.

La brecha de defensa aumenta la presión

Para Ucrania, la discusión tiene consecuencias inmediatas sobre la planificación militar y presupuestaria. Un faltante de más de € 23.000 millones puede afectar las decisiones relacionadas con el suministro de municiones, la adquisición de equipamiento y la continuidad de las operaciones, especialmente cuando el financiamiento comprometido no se traduce con suficiente rapidez en recursos disponibles.

El préstamo de € 90.000 millones aprobado por la UE y finalizado legislativamente en abril de 2026 constituye una señal significativa del compromiso europeo con Ucrania. Sin embargo, el tamaño nominal del paquete no implica que cubra automáticamente cada necesidad presupuestaria, ya que el desafío central pasa de anunciar fondos a garantizar su entrega y distribución.

Causas de los movimientos recientes: en este caso, el movimiento político sí tiene un catalizador confirmado: la petición ucraniana de adelantar € 23.000 millones para cubrir necesidades de defensa y la carta del 27 de agosto firmada por Suecia, Países Bajos, España y Polonia. La posible utilización de activos rusos congelados es una alternativa política en discusión, no una decisión aprobada. No hay base suficiente para presentar como causa confirmada una eventual reacción de los mercados.

En ese contexto, los países firmantes buscan que la Comisión estudie opciones distintas de la confiscación directa, sin anticipar que exista un acuerdo político para utilizar el principal ruso. La reanudación de las discusiones técnicas podría permitir evaluar estructuras financieras, salvaguardas jurídicas y responsabilidades institucionales antes de que los gobiernos adopten una decisión definitiva.

La iniciativa también revela una tensión dentro de la respuesta europea a la guerra: los gobiernos desean aumentar el apoyo a Ucrania, pero temen crear un precedente sobre la protección de reservas soberanas y la seguridad de las infraestructuras financieras. Ese equilibrio explica por qué el debate avanza con cautela, aun cuando la urgencia presupuestaria empuja a buscar una solución más contundente.

Qué puede ocurrir ahora en Bruselas

La Comisión Europea todavía no ha respondido públicamente a la carta fechada el 27 de agosto de 2026. Por ello, no está claro con qué rapidez podría presentar una respuesta formal, convocar un nuevo grupo de trabajo técnico o plantear un calendario para examinar las alternativas propuestas por los cuatro países.

El siguiente paso dependerá de la capacidad de Suecia y sus aliados para ampliar el respaldo entre los Estados miembros, así como de la disposición de Bélgica a participar en una fórmula que reduzca sus riesgos. Sin cooperación operativa de Bruselas y Euroclear, una iniciativa europea sobre esos fondos tendría dificultades para pasar del debate político a la ejecución.

También será decisivo determinar si los gobiernos pueden diseñar un mecanismo que use los activos sin presentarlo como una transferencia definitiva de la propiedad rusa. La diferencia entre aprovechar rendimientos, respaldar préstamos con reservas inmovilizadas o tomar el principal tiene implicaciones jurídicas y financieras distintas, y la carta no establece cuál de esas opciones debe adoptar la UE.

Mientras las instituciones europeas evalúan la petición, Ucrania continúa enfrentando una necesidad de financiación que no se resuelve con anuncios generales. El pulso sobre los activos rusos congelados apenas vuelve a comenzar, pero la brecha de defensa convierte la decisión en un asunto cada vez más urgente para Bruselas, Kiev y los gobiernos que temen las posibles represalias de Moscú.

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