Por Canuto  

Sam Bankman-Fried intenta que la Corte Suprema de Estados Unidos anule su condena de 25 años por el colapso de FTX, mientras sus abogados sostienen que los clientes no sufrieron pérdidas definitivas. La estrategia enfrenta pocas probabilidades y se suma a una solicitud de clemencia presentada ante el presidente Donald Trump.
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  • La defensa afirma que los clientes de FTX siempre pudieron ser reembolsados y cuestiona que el juicio excluyera ese argumento.
  • El Departamento de Justicia sostiene que Bankman-Fried desvió miles de millones de dólares, aunque los fondos fueran recuperados después.
  • El fundador de FTX también impugna la incautación de USD $11.000 millones y presentó una solicitud de clemencia ante Donald Trump.

Sam Bankman-Fried pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule la condena por fraude que lo envió a prisión durante 25 años. Sus abogados sostienen que el tribunal de primera instancia debió permitirle demostrar que ningún cliente de FTX perdió dinero de manera definitiva, un argumento que busca cambiar la lectura jurídica del colapso del exchange.

La petición enfrenta, sin embargo, una posibilidad remota de revisión. La Corte Suprema acepta solo una fracción de los casos que recibe en cada período, por lo que la presentación no garantiza una nueva audiencia ni altera por ahora la sentencia impuesta al fundador de FTX.

La solicitud representa una nueva ofensiva de Bankman-Fried para revertir las consecuencias legales del derrumbe de la plataforma y de Alameda Research. El empresario ha mantenido su inocencia, aunque sus abogados deben superar tanto los criterios de la máxima corte como los argumentos de los fiscales que lograron la condena en Manhattan.

El argumento central de la defensa

Los abogados de Bankman-Fried argumentan que el juicio debió permitir una explicación sobre la disponibilidad de activos suficientes para devolver el dinero a los clientes. La petición afirma que siempre existieron recursos de sobra para reembolsarlos y añade que esos usuarios recibieron pagos mediante el proceso de quiebra de FTX.

La defensa considera que la recuperación posterior de los fondos resulta relevante para determinar si existió un perjuicio real para los clientes. En su escrito, califica la revisión como «urgentemente necesaria», una formulación con la que intenta presentar el caso como una cuestión jurídica de alcance mayor y no únicamente como una disputa sobre los hechos del colapso.

El planteamiento se apoya en la diferencia entre una apropiación temporal de recursos y una pérdida definitiva para los depositantes. Para Bankman-Fried, si los clientes terminaron recibiendo su dinero, el tribunal debió valorar esa circunstancia durante el juicio; la fiscalía, en cambio, sostiene que el uso no autorizado de los fondos ya constituyó el fraude.

El reembolso no ocurrió durante la operación normal de FTX, sino a través de su plan de quiebra, que valoró las reclamaciones en dólares con referencia a noviembre de 2022. En ese momento, bitcoin cotizaba cerca de USD $16.000, un detalle que influye en la cantidad reconocida a los acreedores y en el contraste entre el valor de los activos digitales y el monto finalmente distribuido.

La respuesta del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia rechaza la interpretación de la defensa y sostiene que Bankman-Fried dirigió un esquema para defraudar a los clientes de FTX mediante la apropiación indebida de miles de millones de dólares. Para los fiscales, la existencia de activos recuperables o la devolución posterior del dinero no elimina el hecho de que los fondos fueron utilizados sin autorización.

El caso también incluyó acusaciones por USD $1.700 millones defraudados a inversores de FTX y por otros USD $1.300 millones tomados de prestamistas de Alameda Research. Ninguna de esas cantidades correspondía a depósitos de clientes, pero ambas formaron parte del expediente penal que terminó con la condena de Bankman-Fried tras un juicio en Manhattan.

Ese contraste es central para la disputa ante la Corte Suprema, porque la defensa intenta concentrar el análisis en el desenlace financiero de los clientes, mientras los fiscales destacan el origen y el uso de los recursos. La acusación considera que la conducta fraudulenta se concreta cuando una persona desvía fondos confiados a una empresa, incluso si una quiebra posterior permite recuperar parte o todo el dinero.

La defensa también cuestiona la incautación de USD $11.000 millones, que describe como una «multa aplastante» incompatible con la prohibición de multas excesivas de la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense. El argumento añade una segunda línea constitucional a la petición, aunque la Corte Suprema todavía no ha indicado si aceptará estudiar el expediente.

El colapso de FTX y el recorrido judicial

Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y convirtió la plataforma en una de las marcas más visibles del sector de activos digitales, con una valoración de USD $32.000 millones. La empresa impulsó su expansión mediante derechos de nombre de estadios y respaldos de celebridades antes de la crisis de liquidez de noviembre de 2022.

El colapso comenzó después de informes según los cuales los fondos de clientes habían cubierto pérdidas en Alameda Research, la firma de trading vinculada a FTX. La crisis de liquidez expuso la fragilidad de esa estructura y llevó a la quiebra del exchange, mientras los acreedores iniciaban un proceso para identificar activos, valorar reclamaciones y recuperar los recursos.

Las autoridades arrestaron a Bankman-Fried en Bahamas en diciembre de 2022, y un jurado lo declaró culpable al año siguiente después de un proceso judicial celebrado en Manhattan. El fundador de FTX recibió una sentencia de 25 años de prisión. Posteriormente, un panel de tres jueces del Segundo Circuito ratificó la condena en junio.

El empresario ha seguido defendiendo su inocencia, aunque este año retiró una moción que buscaba un nuevo juicio. La petición ante la Corte Suprema se convierte así en una de sus principales vías judiciales restantes, pero su resultado dependerá primero de que los magistrados decidan incluir el caso entre el reducido número de expedientes que revisan.

La alternativa de la clemencia

Bankman-Fried también explora una salida política mediante una solicitud de clemencia presentada en junio ante el presidente Donald Trump, según reportes citados en los resultados disponibles. La petición fue presentada ante la Oficina del Fiscal de Indultos del Departamento de Justicia, pero no implica que Trump haya decidido conceder el beneficio.

La solicitud se suma a la estrategia judicial sin sustituirla. La Corte Suprema no ha dicho si aceptará el caso y la clemencia depende de una decisión presidencial separada, por lo que ninguna de las dos vías ofrece una garantía de alivio para el condenado.

El contexto político incluye las donaciones realizadas por Bankman-Fried durante el ciclo electoral de 2021 y 2022, que ascendieron a casi USD $40 millones. Según OpenSecrets, ese flujo de dinero lo convirtió en el segundo mayor donante a los demócratas, solo por detrás de George Soros, un antecedente que añade presión pública a cualquier discusión sobre un eventual beneficio presidencial.

Por ahora, ninguna de las dos rutas ofrece una garantía de alivio: la Corte Suprema no ha dicho si aceptará el caso y la solicitud de clemencia continúa pendiente. Mientras tanto, el expediente conserva una disputa de fondo sobre cuándo se configura el fraude, cómo deben medirse las pérdidas y hasta dónde puede llegar la incautación de activos en una condena de este tipo.

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