Por Canuto  

La Casa Blanca habría logrado un “avance” en su plan para crear una Reserva Estratégica de Bitcoin en Estados Unidos. Mientras se afina la base legal para custodiar los activos del gobierno, el debate se cruza con la Ley CLARITY, la propuesta BITCOIN y la presión de bancos y empresas por reglas más claras.
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  • Patrick Witt dijo que la administración Trump logró un “avance” para blindar legalmente la custodia del Bitcoin en poder del gobierno.
  • Brian Armstrong sostuvo que las tenencias de Bitcoin de EE. UU. podrían superar USD $1 billón si Washington profundiza su estrategia.
  • La Ley CLARITY estaría completada en un 90%, según Witt, aunque siguen abiertos desacuerdos sobre stablecoins y productos de rendimiento.

La posibilidad de que Estados Unidos formalice una Reserva Estratégica de Bitcoin volvió a ganar fuerza tras nuevas declaraciones desde la Casa Blanca. Patrick Witt, integrante del Consejo de Asesores del Presidente para Activos Digitales, afirmó que la administración del presidente Donald Trump logró un “avance” en el proceso, una señal de que el plan podría estar acercándose a su implementación.

El comentario es relevante porque se produce en un momento en el que Washington discute varias piezas clave para el futuro regulatorio del sector. Además de la reserva, el gobierno trabaja en legislación sobre estructura de mercado y stablecoins, mientras crece la presión de bancos, exchanges y actores institucionales que exigen mayor certeza jurídica para operar con activos digitales.

Para lectores menos familiarizados con el tema, una reserva estratégica de Bitcoin implicaría que el gobierno federal mantenga y administre BTC como activo soberano, de forma comparable a otras reservas nacionales. En el caso de Estados Unidos, buena parte de esos bitcoins provienen de decomisos vinculados a investigaciones criminales y confiscaciones federales.

Según reportó Yahoo Finance al reseñar la información publicada originalmente por CCN, Witt sostuvo en una aparición en el pódcast Wolf of Wall Street que los funcionarios están finalizando la base legal necesaria para custodiar de forma segura el Bitcoin que ya está en manos del gobierno.

La Casa Blanca habla de un “avance” en la reserva

Witt aseguró que habrá un anuncio, aunque evitó ofrecer más detalles. Su frase más directa fue que existe un “avance” en el trabajo para dejar todo jurídicamente sólido y proteger adecuadamente los activos. Esa formulación sugiere que el principal obstáculo actual no sería político, sino legal y operativo.

De acuerdo con sus declaraciones, el trabajo sobre la reserva continuó entre bastidores desde que Trump firmó en marzo de 2025 una orden ejecutiva relacionada con este tema. Aunque el foco público se concentró en proyectos legislativos más amplios, dentro del gobierno siguieron las revisiones técnicas sobre cómo estructurar la iniciativa.

Ese proceso habría incluido análisis entre agencias, revisión de competencias legales y diseño operativo. En otras palabras, la administración estaría evaluando qué autoridad tiene cada organismo, cómo debe almacenarse el BTC y bajo qué resguardos institucionales debe protegerse.

Witt atribuyó parte de ese esfuerzo al asesor adjunto Harry John y a los equipos de política de la Casa Blanca, a quienes señaló como líderes de las conversaciones entre agencias. El objetivo, dijo, ha sido definir el modelo correcto para almacenar y asegurar los activos digitales del Estado.

Las tenencias actuales y el pronóstico de Coinbase

Las declaraciones de Witt llegaron pocos días después de que Brian Armstrong, CEO de Coinbase, planteara que las reservas de Bitcoin del gobierno de Estados Unidos podrían llegar a valer más de USD $1 billón si Washington avanza con sus planes. Ese cálculo no constituye una cifra oficial, pero ilustra la magnitud potencial que algunos actores del mercado proyectan.

Estados Unidos ya figura como el mayor tenedor soberano conocido de Bitcoin en el mundo. Hasta febrero de 2026, controlaba aproximadamente BTC 328.372, según datos de seguimiento en blockchain citados en la cobertura original.

La mayor parte de esos fondos se acumuló por medio de decomisos asociados a Silk Road, casos de ransomware y otros procesos federales de confiscación. Es decir, no se trata de compras sistemáticas en mercado abierto, sino de activos que pasaron a control estatal a través de acciones judiciales y de seguridad.

Armstrong también señaló la llamada Ley BITCOIN, impulsada por la senadora Cynthia Lummis, como un posible catalizador para una acumulación federal de gran escala. Esa propuesta permitiría al gobierno adquirir hasta BTC 1.000.000 en un período de cinco años.

Lummis presentó por primera vez esa iniciativa en julio de 2024 y luego la reintrodujo en marzo de 2025 con más copatrocinadores republicanos. El proyecto plantea financiar las compras mediante una diversificación de reservas federales existentes, en lugar de recurrir a nuevas asignaciones presupuestarias.

CLARITY, stablecoins y el frente regulatorio más amplio

Witt dejó claro que la reserva estratégica no es el único frente activo para la Casa Blanca. Explicó que buena parte de su tiempo hoy está dominada por la Ley CLARITY, aunque remarcó que el trabajo sobre la Reserva Estratégica de Bitcoin y otras regulaciones sigue avanzando en paralelo.

Según su valoración, la Ley CLARITY podría convertirse en una de las piezas de legislación financiera más impactantes de la historia estadounidense si llega a aprobarse. El proyecto busca definir con mayor precisión qué activos digitales deben considerarse valores y cuáles deben tratarse como materias primas.

Uno de sus puntos más importantes sería otorgar formalmente a la CFTC autoridad sobre los mercados al contado de materias primas digitales. Ese cambio tendría implicaciones profundas para exchanges, emisores, desarrolladores y participantes institucionales que hoy navegan un entorno regulatorio fragmentado.

Witt sostuvo que la cantidad de asuntos de gran relevancia incluidos en el texto es amplia y que la lista de temas sustantivos sigue creciendo. En su opinión, el proyecto aborda cuestiones estructurales que podrían redefinir la relación entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema cripto.

Sobre el estado de la negociación, afirmó que la legislación está “90%” completa en términos de fondo. Sin embargo, matizó que todavía quedan temas por resolver antes de lograr un acuerdo final de conciliación entre la Cámara y el Senado.

Los principales desacuerdos pendientes giran en torno a recompensas vinculadas a stablecoins y productos de rendimiento. Ese punto ha enfrentado a empresas del sector cripto con grupos bancarios, ambos interesados en influir sobre el diseño final de las reglas.

Witt resumió la tensión negociadora con una frase que sugiere un equilibrio incómodo: cuando hay niveles similares de frustración o decepción en ambos lados, eso puede ser la mejor señal de que se alcanzó un buen compromiso.

Por qué los bancos también presionan por reglas claras

Uno de los puntos más llamativos de sus declaraciones fue el papel de los bancos. Witt dijo que grandes instituciones financieras de Estados Unidos se muestran cada vez más favorables a la legislación cripto, no por afinidad ideológica con el sector, sino por necesidad competitiva.

Su argumento es que, si la tokenización se acelera sin un marco normativo claro, la banca tradicional corre el riesgo de quedarse atrás. En ese contexto, la claridad legal no beneficiaría solamente a startups, exchanges o emisores, sino también a entidades financieras que buscan participar en nuevas líneas de negocio.

Witt mencionó específicamente actividades como los préstamos con criptoactivos. A su juicio, los bancos necesitan una base jurídica firme para entrar en esos mercados sin depender de interpretaciones regulatorias cambiantes de una administración a otra.

También citó el caso de SoFi, que salió y luego reingresó en servicios vinculados a cripto, como ejemplo de la inestabilidad que puede provocar la falta de reglas consistentes. Esa volatilidad regulatoria, sugirió, dificulta la planificación empresarial de largo plazo.

En términos políticos, la administración Trump ha enmarcado todo este impulso como parte de una estrategia más amplia de liderazgo tecnológico. Witt resumió esa visión al afirmar que el gobierno quiere dominar y ser el mejor del mundo, y que las criptomonedas forman parte de las tecnologías en las que el presidente dijo desde el inicio que Estados Unidos debe ocupar el primer lugar.

Si ese objetivo se traduce efectivamente en una Reserva Estratégica de Bitcoin, el paso tendría peso más allá del mercado. Podría redefinir la postura de la mayor economía del mundo frente a BTC, abrir un precedente para otros Estados y reforzar el vínculo entre política monetaria, seguridad nacional y activos digitales.

Por ahora no hay anuncio formal ni detalles definitivos sobre el diseño de la reserva. Pero las declaraciones de Witt ofrecen una de las señales más claras hasta la fecha de que la iniciativa sigue viva, en marcha y más cerca de dejar de ser una hipótesis política para convertirse en una política pública concreta.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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