Por Canuto  

Lighthouse Reports presentó una queja bajo el Convenio de Aarhus y acusa a la Comisión Europea de restringir el acceso a datos sobre el consumo de electricidad y agua de centros de datos. La disputa ocurre mientras la UE busca ampliar esa infraestructura para responder al auge de la inteligencia artificial.
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  • La queja sostiene que las reglas europeas impiden consultar el consumo de cada instalación y limitan la publicación a cifras agregadas.
  • La Comisión informó que los centros de datos europeos usaron 20,7 teravatios-hora de electricidad y más de 8 millones de metros cúbicos de agua en 2025.
  • La nueva etiqueta de eficiencia prevista para el próximo verano no resuelve, según Lighthouse Reports, la falta de datos sobre el consumo total de cada sitio.

Queja acusa a la UE de ocultar el consumo de energía y agua de sus centros de datos

La organización neerlandesa Lighthouse Reports llevó ante el mecanismo de cumplimiento del Convenio de Aarhus una denuncia sobre la disponibilidad de información ambiental de los centros de datos europeos. Afirma que la Comisión Europea y las autoridades nacionales no permiten conocer cuánto consume cada instalación, en un momento en que la UE impulsa la expansión de esta infraestructura para atender la demanda asociada con la inteligencia artificial.

La discusión enfrenta dos argumentos: el derecho del público a conocer el impacto ambiental de estas instalaciones y la protección de información que las empresas tecnológicas consideran comercialmente sensible. Por ahora, la Comisión comunica cifras agregadas del sector, mientras la queja sostiene que esos totales no bastan para evaluar el desempeño ni la huella de un sitio específico.

La denuncia apunta a las reglas de acceso a la información

Lighthouse Reports, un medio neerlandés sin ánimo de lucro, presentó la queja esta semana al amparo del Convenio de Aarhus. El tratado reconoce el acceso público a información ambiental y la participación ciudadana en decisiones relacionadas con el medioambiente; la Unión Europea se adhirió en 2005.

La organización acusa a la Comisión de haber levantado un “muro de silencio” alrededor de los centros de datos. En su planteamiento, funcionarios europeos habrían buscado impedir el acceso a datos sobre el desempeño de instalaciones individuales, y la información que sí se publica resulta difícil de interpretar.

El punto de partida de la disputa es una ley de 2024 que, según la información publicada, impide a Bruselas y a las capitales nacionales compartir datos sobre centros de datos específicos. La norma refleja la presión de empresas tecnológicas que defendieron el secreto alegando intereses comerciales, por lo que la Comisión solo puede difundir totales del sector.

La denuncia no equivale a una conclusión de que la UE haya incumplido sus obligaciones. El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus decidirá en noviembre si la acepta como admisible; en una etapa posterior podría determinar si la Unión violó el tratado, pero ese resultado todavía no existe.

Las cifras agregadas muestran un consumo creciente

Según los datos de la Comisión citados por Lighthouse Reports, los centros de datos europeos consumieron 20,7 teravatios-hora de electricidad en 2025. La organización compara ese volumen con el consumo de Croacia, una referencia que ayuda a dimensionar el gasto energético de una infraestructura que suele operar de forma continua.

La cifra publicada para el agua supera los 8 millones de metros cúbicos en el mismo periodo. Sin información desglosada por instalación, sin embargo, esos totales no permiten al público distinguir cuánto corresponde a cada centro ni comparar directamente el uso de recursos entre sitios.

La fuente también señala que el consumo de electricidad aumentó un 26% y el de agua un 52% en 2024, aunque advierte que esos porcentajes se basan en datos incompletos. Esa salvedad importa: las cifras describen una tendencia reportada, pero no ofrecen por sí mismas una medición exhaustiva del conjunto de instalaciones europeas.

La comparación con Croacia y el volumen de agua aportan escala, pero no sustituyen los registros individuales que reclama Lighthouse Reports. Para evaluar la huella ambiental de un centro concreto, la queja sostiene que hacen falta valores absolutos y legibles, no únicamente una suma sectorial o indicadores relativos.

La expansión digital reabre el debate sobre transparencia

La Unión Europea quiere triplicar su capacidad de centros de datos para mantenerse a la par de Estados Unidos y China, de acuerdo con la información publicada. El impulso de la infraestructura de inteligencia artificial aparece como uno de los factores que elevan la demanda, mientras las comunidades locales se oponen cada vez más a nuevos proyectos ante la preocupación por las facturas de energía.

La semana pasada, la Comisión presentó una etiqueta que clasificará los centros de datos de la A a la G según su eficiencia energética, el uso de agua y el empleo de energía limpia. La medida comenzará a aplicarse el próximo verano, según la fuente, y busca ofrecer una referencia común para valorar esos aspectos.

Lighthouse Reports considera que esa clasificación no resuelve la falta de transparencia sobre el consumo total ni publica otros datos necesarios para juzgar la huella de carbono de cada instalación. En la queja, sostiene que optar por ratios en vez de cifras reales de consumo no responde a una limitación técnica, sino a una decisión que favorece a la industria frente al interés público.

Diego Solier, eurodiputado conservador que trabaja en el plan de la UE para ampliar la capacidad digital, dijo que la transparencia “debería ser el punto de partida”. Al mismo tiempo, añadió que no se debería obligar a las compañías a revelar información comercial altamente sensible; no se pronunció sobre la queja, que todavía no era pública.

La Comisión no respondió a la solicitud de comentarios de POLITICO, según el reporte de The Next Web. El siguiente paso formal corresponde al comité del Convenio de Aarhus, que evaluará la admisibilidad en noviembre; mientras tanto, el desacuerdo deja abierta la cuestión de cómo conciliar la protección de secretos comerciales con el acceso público a datos ambientales.


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