Los 128 países parte de la Convención sobre Armas Convencionales acordaron iniciar durante los próximos dos años la elaboración de un instrumento internacional para regular los sistemas autónomos letales. El mandato, sin embargo, no garantiza un tratado vinculante y provocó críticas de organizaciones que reclaman reglas urgentes mientras aumenta el uso de inteligencia artificial en la guerra.
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- La negociación de cinco días en Ginebra terminó de madrugada y dejó abierto tanto el contenido como el carácter jurídico del futuro instrumento.
- Stop Killer Robots señaló que 98 Estados respaldaban un instrumento jurídicamente vinculante, pero calificó de debilitado el mandato acordado.
- La jefa de desarme de la ONU advirtió que el plazo es muy comprimido y que las conversaciones deberán definir prohibiciones y regulaciones.
Los países que participan en la Convención sobre Armas Convencionales de la ONU acordaron abrir un proceso de dos años para elaborar un instrumento internacional sobre sistemas de armas autónomas letales, conocidos como LAWS. El entendimiento alcanzado en Ginebra no establece todavía un tratado ni define qué disposiciones serían obligatorias, por lo que el resultado ofrece un punto de partida diplomático, pero no una regulación concreta.
La decisión llegó después de cinco días de negociaciones arduas que se extendieron hasta la madrugada del sábado. El debate enfrenta la urgencia de fijar límites al uso de máquinas capaces de seleccionar y atacar objetivos con la resistencia de algunos países que poseen esa tecnología a aceptar restricciones jurídicas vinculantes.
Un mandato que deja abierto el alcance del acuerdo
Al cierre de la Conferencia de Revisión de la Convención sobre Armas Convencionales, los 128 países parte acordaron iniciar la elaboración de un instrumento internacional sobre armas autónomas letales durante los próximos dos años. El presidente de la conferencia, Julien Thoni, anunció el resultado a la prensa cuando las conversaciones concluyeron cerca de las 4:45 de la mañana, hora local, equivalentes a las 03:45 GMT del sábado.
El acuerdo no determina de antemano que el resultado deba adoptar la forma de un tratado. Thoni explicó que los países trabajarán primero en el instrumento y luego decidirán si debe convertirse en un tratado y hasta qué punto sus disposiciones tendrán carácter vinculante, dos cuestiones centrales que quedaron pendientes tras el consenso alcanzado.
El proceso deberá precisar qué armas pueden prohibirse bajo el derecho internacional humanitario y cuáles podrían quedar permitidas, pero sometidas a regulación. Esa distinción será decisiva para establecer si los futuros límites apuntan a excluir determinadas capacidades o a imponer condiciones sobre su desarrollo y uso, sin que la decisión actual haya adelantado cuáles serán esas reglas.
Thoni presentó el compromiso de avanzar hacia un instrumento como un paso importante porque las principales potencias militares aceptaron trabajar sobre el tema. Sin embargo, el alcance de ese avance sigue siendo incierto: el mandato abre una negociación formal, pero no resuelve si sus conclusiones tendrán fuerza obligatoria ni si contendrán prohibiciones amplias.
La disputa entre rapidez, consenso y poder militar
La conferencia necesitaba el consenso de todos los países para adoptar una decisión, una exigencia que prolongó las conversaciones y condicionó el texto final. El embajador brasileño Frederico Meyer describió la tensión como un equilibrio entre Estados con poder y Estados que reúnen la mayoría, aludiendo a la dificultad de conciliar prioridades distintas en una negociación de alcance internacional.
La mayoría de los Estados quiere un acuerdo jurídicamente vinculante, mientras que países que poseen la tecnología, entre ellos Estados Unidos y Rusia, se muestran reacios a quedar sujetos a restricciones. La diferencia ayuda a explicar por qué el documento no fijó una obligación de adoptar un tratado y dejó para el proceso futuro la discusión sobre su forma legal.
La negociación tuvo momentos de intensa actividad en sus horas finales. Antes de la medianoche, durante una pausa, varios delegados se agruparon alrededor del representante ruso; después, un grupo de 15 diplomáticos conversó en voz baja en una escalera, mientras otros participantes revisaban cambios al texto en pantallas y comían paquetes de papas fritas.
El resultado decepcionó a las organizaciones que reclamaban normas más rápidas y jurídicamente vinculantes. Stop Killer Robots, una coalición global de más de 300 organizaciones, sostuvo que el mandato quedó debilitado y no traza una ruta clara hacia un instrumento vinculante; también señaló que 98 Estados habían expresado su apoyo a un instrumento jurídicamente vinculante y que un pequeño grupo introdujo incertidumbre sobre el estatus legal del documento final.
La tecnología avanza y la forma jurídica sigue en discusión
Los sistemas de armas autónomas letales pueden seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana una vez activados, de acuerdo con la descripción recogida durante la discusión. Stop Killer Robots afirmó que esos sistemas ya se probaron o desplegaron, incluso durante la guerra en Ucrania, una aseveración atribuida a la coalición y no una conclusión acordada por los Estados en la conferencia.
Verity Coyle, directora adjunta de armas de Human Rights Watch, consideró que el resultado no aporta la acción urgente necesaria para acordar nuevas reglas y advirtió que la tecnología avanza a toda velocidad. Su crítica refleja el desfase que las organizaciones ven entre el ritmo de la negociación multilateral y la evolución de sistemas que, por su autonomía, plantean preguntas sobre quién conserva el control de decisiones de vida o muerte.
Rain Liivoja, director del Instituto de Derecho y Seguridad de Asia-Pacífico, describió la decisión como una que nadie quería, pero que todos podían aceptar con resignación, y resumió el consenso como una fórmula que deja a todos igualmente descontentos. También advirtió que todavía es posible, e incluso probable, que no exista un tratado para finales de 2028, aunque el proceso acordado tenga un horizonte de dos años.
Izumi Nakamitsu, jefa de desarme de la ONU, calificó de muy comprimido el plazo para completar un instrumento y dijo que hará falta negociar ampliamente. Añadió que un grupo de expertos gubernamentales formulará recomendaciones sobre la naturaleza jurídica y la forma específica del texto, incluida la posibilidad de que sea un protocolo vinculante; por eso, la vía hacia un instrumento jurídicamente obligatorio sigue abierta, pero no asegurada.
El siguiente paso será que los países definan cómo aprovechar el mandato para alcanzar las reglas más sólidas posibles, tanto para prohibir como para regular los sistemas autónomos letales. Nakamitsu instó a comenzar ese trabajo de inmediato y advirtió que las consecuencias de no contar con un instrumento sólido son claras; la negociación, sin embargo, todavía debe superar las diferencias que impidieron fijar compromisos jurídicos en esta primera etapa.
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