El Instituto de Políticas de Solana y Digital Currency Group pidieron al Senado estadounidense votar la Ley de Claridad antes del receso de agosto, mientras las disputas éticas y regulatorias amenazan con retrasar el proyecto.

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• El Instituto de Políticas de Solana instó a John Thune y Chuck Schumer a impulsar una votación sobre la Ley de Claridad.
• El Senado tiene hasta la primera semana de agosto para buscar avances antes de que la atención política se concentre en las elecciones de noviembre.
• Las discusiones incluyen restricciones éticas vinculadas a funcionarios públicos y un refugio seguro para desarrolladores no custodios.

El Instituto de Políticas de Solana pidió al Senado de Estados Unidos avanzar con rapidez en la legislación sobre activos digitales. La organización advirtió que la ventana política para conseguir una votación se está cerrando.

La petición llegó en una carta enviada la noche del martes a John Thune, líder de la mayoría del Senado, y a Chuck Schumer, líder de la minoría. El documento sostuvo que “el momento de actuar es ahora”.

Una carrera contra el calendario legislativo

El Senado dispone de tiempo hasta la primera semana de agosto para intentar reunir votos sobre varias iniciativas pendientes. Después, la agenda política podría concentrarse en la temporada electoral de noviembre.

Ese cambio de prioridades complicaría la aprobación de proyectos relacionados con criptomonedas. Por ello, el Instituto de Políticas de Solana busca que la Ley de Claridad llegue al pleno antes del receso de agosto.

La norma pretende establecer un marco para el mercado de activos digitales en Estados Unidos. Sus defensores consideran que una definición legal más precisa permitiría reducir la incertidumbre para empresas, inversionistas y usuarios.

La presidenta del instituto, Kristin Smith, y su CEO, Miller Whitehouse-Levine, afirmaron que promulgar la Ley de Claridad daría a creadores, instituciones y consumidores estadounidenses la certeza necesaria para competir a nivel global.

Ambos ejecutivos también señalaron que una votación en el pleno acercaría el proyecto al escritorio del presidente para su eventual firma. Su mensaje reflejó la urgencia con la que el sector observa el calendario del Congreso.

El proyecto combina dos iniciativas del Senado

Durante el último año, dos comités clave del Senado aprobaron sus respectivas versiones del proyecto de ley. La semana pasada apareció una nueva propuesta liderada por republicanos que combina ambas medidas.

La consolidación busca ofrecer una ruta legislativa común para regular diferentes segmentos de la industria cripto. Sin embargo, el texto aún enfrenta negociaciones políticas y objeciones de distintos grupos.

En una entrevista con Fox News el martes, Thune enumeró sus prioridades para las próximas semanas. Entre ellas mencionó el financiamiento del gobierno, la aprobación de un paquete de nominaciones y una posible votación de la Ley de Claridad.

“Probablemente tendremos una votación sobre la Ley de Claridad, que es la legislación sobre activos digitales que está ante el Senado”, dijo Thune. Luego añadió que será necesario comprobar si los demócratas aportan los votos para avanzar.

La declaración confirmó que la iniciativa todavía necesita respaldo bipartidista. En el Senado, la capacidad de superar obstáculos de procedimiento depende de alcanzar el apoyo suficiente entre ambos partidos.

La falta de consenso podría empujar el debate hacia otro periodo legislativo. Ese escenario aumentaría la incertidumbre para compañías que esperan reglas más claras sobre la emisión, negociación y desarrollo de activos digitales.

Las preocupaciones éticas rodean al proyecto

Las iniciativas cripto vinculadas al presidente Donald Trump se convirtieron en un punto central de conflicto entre los demócratas. Sus representantes sostienen que esas actividades pueden generar conflictos de interés relevantes.

Las divulgaciones financieras publicadas el mes pasado indicaron que Trump recibió millones de dólares vinculados con World Liberty Financial, una empresa asociada con su familia. El dato alimentó las críticas contra el avance de la legislación.

La versión más reciente de la Ley de Claridad incluye una sección dedicada a la ética. El texto impediría que un funcionario público o empleado, junto con su cónyuge, emita o patrocine activos digitales.

La disposición también incorpora una cláusula de terminación con fecha del 20 de enero de 2029. Esa fecha establece el límite temporal previsto para la aplicación de la restricción incluida en el proyecto.

Después de la publicación de la propuesta, una contraoferta llegó a la Casa Blanca. Según información citada por The Block, el objetivo consiste en atender las preocupaciones relacionadas con la aplicación de la medida.

Uno de los puntos discutidos es si el Departamento de Justicia aplicaría la disposición en lugar de los estados. Esa diferencia de competencias añade otra capa de complejidad a las negociaciones.

Desarrolladores no custodios buscan protección

Otro asunto recurrente es el Acta de Certidumbre Regulatoria de Blockchain. La medida crearía un refugio seguro para desarrolladores no custodios y aclararía que no actúan como transmisores de dinero.

Los desarrolladores no custodios crean software sin controlar directamente los fondos de los usuarios. La distinción resulta importante porque una clasificación como transmisores de dinero podría imponer obligaciones regulatorias difíciles de cumplir para algunos proyectos.

El Instituto de Políticas de Solana afirmó que la Ley de Claridad protegería a los desarrolladores de software frente a un posible exceso regulatorio y criminal. La organización sostuvo que necesitan certeza para continuar construyendo en Estados Unidos.

La discusión muestra que el proyecto no solo afecta a exchanges o emisores de tokens. También puede definir las condiciones para quienes desarrollan protocolos, herramientas de autocustodia y otras infraestructuras de blockchain.

El martes, grupos que representan a fiscales enviaron cambios propuestos a la Ley de Claridad a la Casa Blanca. Las modificaciones reflejan la preocupación de autoridades estatales y federales sobre el alcance práctico de las nuevas reglas.

Las propuestas de los fiscales podrían influir en la redacción final del texto. También podrían determinar cómo se distribuyen las responsabilidades de supervisión y aplicación entre Washington y los estados.

La industria redobla su llamado al Senado

El Instituto de Políticas de Solana no fue la única organización que pidió una votación rápida. El miércoles, Digital Currency Group envió una carta a la dirección del Senado con una solicitud similar.

Digital Currency Group pidió programar una votación en el pleno sobre la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales antes del receso de agosto. La empresa argumentó que el país necesita preservar su liderazgo en innovación digital.

Las subsidiarias de DCG incluyen a Grayscale Investments y Foundry. Grayscale ha lanzado varios fondos cotizados de criptomonedas, mientras Foundry opera un grupo dedicado a la minería de bitcoin.

La participación de estas compañías muestra que el debate interesa a distintos segmentos del sector. El reclamo abarca desde gestores de productos financieros hasta empresas vinculadas con la infraestructura minera.

DCG sostuvo que los creadores, las empresas y los consumidores estadounidenses merecen la certeza que proporcionaría el marco regulatorio. También afirmó que Estados Unidos merece continuar como hogar de la innovación durante la era digital.

Las cartas de SPI y DCG aumentan la presión pública sobre Thune y Schumer. Sin embargo, el avance dependerá de las negociaciones sobre ética, competencias regulatorias y respaldo demócrata.

La posibilidad de una votación permanece abierta, pero el calendario deja poco margen para nuevas demoras. Si el Senado no actúa antes de agosto, el debate podría perder espacio frente a las prioridades electorales de noviembre.

La discusión también evidencia el equilibrio que busca el Congreso entre innovación y controles públicos. Para la industria, una ley clara puede ofrecer previsibilidad; para sus críticos, el texto debe evitar conflictos de interés y vacíos de supervisión.

El desenlace definirá si el proyecto avanza hacia la Casa Blanca o queda pendiente de futuras negociaciones. Mientras tanto, las organizaciones del sector continuarán presionando por una votación antes de que se cierre la actual oportunidad legislativa.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

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