Por Canuto  

La Comisión Europea estudia ampliar un gravamen a grandes empresas para recaudar más de multinacionales como Apple, Meta y Google sin presentar un impuesto dirigido exclusivamente a las tecnológicas estadounidenses. La propuesta retoma CORE, pero todavía tendría que superar las objeciones de los 27 países del bloque y las sensibilidades comerciales con Washington.
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  • La Comisión considera elevar el gravamen asociado a CORE, un plan que contempla pagos anuales fijos para empresas con ingresos superiores a EUR €100 millones.
  • La fórmula buscaría incluir a grandes compañías en general, aunque entre sus objetivos de recaudación están Apple, Meta, Google y otras tecnológicas estadounidenses.
  • La propuesta necesita el respaldo de los 27 Estados miembros, mientras persiste el temor a represalias comerciales de Estados Unidos.

La UE estudia ampliar un gravamen para recaudar más de las grandes tecnológicas

La Comisión Europea explora un cobro más alto para las grandes empresas, una fórmula que podría alcanzar a Apple, Meta y Google sin crear un impuesto reservado solo para las compañías tecnológicas.

Una fórmula general para recaudar más

La Comisión Europea analiza elevar los ingresos que obtiene de grandes multinacionales mediante un gravamen aplicable a las empresas de mayor tamaño, de acuerdo con información del Financial Times citada en la noticia. La estrategia podría abarcar a Apple, Meta, Google y otras firmas tecnológicas de Estados Unidos, pero evitaría presentar la medida como un impuesto dirigido exclusivamente contra ese sector. Esa distinción importa en un debate que combina la búsqueda de nuevos recursos europeos con la sensibilidad comercial de Washington.

El plan se apoya en una propuesta ya existente, conocida como Recurso Corporativo para Europa o CORE, que la Comisión presentó en julio de 2025 como parte de su búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto de la Unión Europea. Bajo ese esquema, las empresas con sede en la UE que superen los EUR €100 millones de ingresos anuales pagarían una suma fija cada año. La idea no establece, según la información disponible, un cálculo basado directamente en las ganancias de cada compañía.

Los pagos contemplados actualmente van de EUR €100.000 a EUR €750.000 anuales, una escala que, de acuerdo con la noticia, representa solo una fracción de las ganancias de las multinacionales más grandes. Por eso, Bruselas considera alternativas para aumentar lo que recaudaría el mecanismo. La discusión no equivale a una decisión definitiva ni confirma cuánto subiría el cobro: el punto central es que la Comisión busca modificar la capacidad recaudatoria de una propuesta que ya estaba sobre la mesa.

La ampliación tendría una lógica política además de fiscal: en vez de señalar a las tecnológicas estadounidenses por separado, abarcaría a casi todas las grandes compañías. Un funcionario europeo citado por el Financial Times dijo que algunas capitales rechazan un impuesto digital puro porque no quieren irritar a Estados Unidos, mientras que muchas más se oponen a CORE. La declaración refleja que el diseño del gravamen enfrenta resistencias dentro del propio bloque y no solo diferencias con Washington.

La disputa sobre quién pagaría

El planteamiento general permitiría que las autoridades europeas incluyeran a gigantes tecnológicos sin nombrarlos directamente como objetivo de la medida. Apple, Meta y Google aparecen entre las compañías de las que la Comisión buscaría obtener más recursos, pero el gravamen descrito no se limitaría a ellas. El alcance amplio intenta responder a una tensión: aumentar la contribución de empresas de gran tamaño y, a la vez, evitar que el plan parezca una sanción específica contra el sector tecnológico estadounidense.

La diferencia entre un impuesto digital y un cobro corporativo general no es meramente terminológica. Un tributo dirigido de manera explícita a compañías tecnológicas de Estados Unidos podría generar una reacción política y comercial más directa, mientras que un gravamen extendido a grandes empresas presentaría una base de aplicación más amplia. Sin embargo, cambiar el diseño no garantiza que desaparezcan las objeciones, porque los gobiernos europeos también han expresado reparos a CORE y deben acordar cualquier medida de esta naturaleza.

La noticia también recuerda que la Comisión descartó un impuesto digital específico en los borradores filtrados de CORE, según información de Reuters sobre los documentos elaborados en esa etapa. En lugar de esa opción, los textos apuntaban a un cobro más general. Ese antecedente ayuda a entender que la alternativa amplia no surgió únicamente en la discusión actual: forma parte del recorrido de la propuesta desde su preparación, aunque ahora Bruselas estudia cómo aumentar lo que podría recaudar.

Para las empresas afectadas, el dato decisivo todavía no es una tasa final, sino el criterio de inclusión y el monto que la Comisión termine proponiendo. La información disponible describe pagos fijos y un umbral de ingresos, pero no presenta un nuevo calendario de tarifas ni una lista definitiva de compañías sujetas al cobro. Por lo tanto, el alcance concreto dependerá de cómo avance la discusión y de los cambios que los Estados miembros acepten durante el proceso.

El veto de los países y el factor estadounidense

La Comisión no puede convertir el plan en una política fiscal de la UE por sí sola: cualquier propuesta de este tipo requiere la aprobación de los 27 Estados miembros, y cada gobierno conserva poder de veto. Esa exigencia vuelve central la negociación entre capitales, incluso si Bruselas considera que una base más amplia podría reducir las objeciones de algunos países. La oposición a CORE, mencionada por el funcionario citado, muestra que ampliar el universo de empresas gravadas no elimina automáticamente el desacuerdo.

El debate ocurre además bajo la presión de una relación comercial delicada con Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha criticado con frecuencia las normas europeas sobre las grandes tecnológicas, y los anteriores planes de impuestos digitales en Europa se estancaron ante amenazas estadounidenses de represalias comerciales, según el contenido de la noticia. Ese antecedente explica por qué la Comisión busca una fórmula que no describa el gravamen como una medida exclusiva contra compañías de ese país.

La estrategia de incluir a casi todas las grandes empresas puede reducir la apariencia de discriminación sectorial, pero no necesariamente despeja las preocupaciones políticas. Si las tecnológicas estadounidenses siguen siendo algunas de las principales compañías de las que Bruselas espera recaudar más, Washington podría interpretar el alcance real del cobro a partir de sus efectos, no solo de su nombre. A la vez, los gobiernos europeos tendrán que valorar si aceptarían la propuesta pese a las reservas internas sobre el propio mecanismo CORE.

Por ahora, la noticia describe una deliberación de la Comisión y no una obligación fiscal aprobada ni un monto definitivo para las empresas. El siguiente paso depende de la formulación que Bruselas presente y de si logra reunir el respaldo de los 27 países, cada uno con capacidad de bloquear el acuerdo. Hasta entonces, el gravamen más amplio funciona como una vía en evaluación para recaudar más de las grandes compañías y sortear, al menos en su diseño, la controversia de un impuesto tecnológico exclusivo.

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