Por Canuto  

La quiebra de Banco Ueno, que concentraba cerca del 9% de los depósitos del sistema paraguayo, desencadenó protestas, investigaciones y un proceso de destitución contra el presidente Santiago Peña. La crisis también puso bajo escrutinio los vínculos del mandatario y del exjefe del Banco Central Carlos Carvallo con la entidad.
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  • Banco Ueno, con casi 3 millones de clientes, quedó bajo intervención después de que su solvencia cayera por debajo de la mitad del capital exigido.
  • Los ahorristas cubiertos por la garantía podrían recuperar hasta USD $38.600, mientras grandes depositantes y fondos públicos esperan la liquidación de activos.
  • La Cámara Baja votó por unanimidad iniciar la destitución de Peña, luego de que el Congreso rechazara su renuncia.

La quiebra de Banco Ueno sacude al Gobierno de Santiago Peña

La caída de Banco Ueno abrió una crisis financiera y política en Paraguay: la entidad dejó en incertidumbre fondos de clientes y pensionistas, mientras las protestas contra la respuesta oficial se extendían por Asunción. El Congreso rechazó la renuncia del presidente Santiago Peña y la Cámara Baja votó por unanimidad iniciar un proceso de destitución, que ahora debe continuar en el Senado.

El episodio también colocó bajo escrutinio los vínculos del mandatario y del entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, con el grupo propietario de Ueno. Según la información publicada por Bitcoin News, Carvallo había dirigido el banco privado antes de asumir el cargo en el organismo monetario, mientras Peña reconoció que fue accionista del Grupo Vázquez hasta 2025.

El cierre de Ueno y los depósitos en riesgo

El Banco Central embargó los activos de Ueno el lunes, después de que el coeficiente de solvencia de la entidad cayera por debajo del 50% del nivel de capital exigido para operar. El banco, que atendía a casi 3 millones de clientes, administraba cerca de USD $380 millones en fondos de pensiones y representaba alrededor del 9% de los depósitos del sistema bancario paraguayo.

La magnitud de esa participación convirtió el cierre en una preocupación que iba más allá de los clientes particulares de la entidad. Aunque el Banco Central sostuvo que se trataba de un caso aislado y no de una crisis bancaria estructural, la quiebra puso en cuestión la continuidad del acceso a depósitos y la confianza en la supervisión financiera.

El fondo de garantía citado en la información cubre hasta USD $38.600 por persona o institución, lo que permitiría a la mayoría de los ahorristas recuperar sus fondos dentro de ese límite. Sin embargo, grandes depositantes y entidades públicas quedaron fuera de esa solución inmediata y deberán esperar a que se subasten activos de calidad para recibir una compensación.

Entre los afectados que esperan ese proceso figuran fondos públicos de pensiones y la empresa nacional de energía ANDE. La diferencia entre quienes pueden recurrir a la garantía y quienes dependen de la venta de activos ayuda a explicar por qué la crisis no se resolvió con el anuncio de cobertura para la mayoría de los clientes particulares.

Las protestas y la investigación sobre el banco

La falta de acceso inmediato a los fondos provocó manifestaciones en Asunción, donde ahorristas y pensionistas exigieron una salida rápida y cuestionaron la supervisión ejercida por las autoridades. La información describe enfrentamientos entre manifestantes y la policía local, en medio de reclamos tanto por la situación de Ueno como por el dinero que seguía bloqueado.

Las pesquisas sobre la entidad detectaron registros deficientes de préstamos concedidos al Grupo Vázquez y una contabilidad cuestionada, que habría registrado algunos gastos como activos. Esos hallazgos alimentaron las sospechas sobre los controles internos del banco y la eficacia de la vigilancia regulatoria, pero no sustituyen las conclusiones que deban determinar las autoridades en los procesos correspondientes.

La investigación llevó a la detención de ocho directivos de Ueno, incluido su fundador, Miguel Vázquez, y el entonces director Juan Manuel Gustale. La fiscalía imputó a 27 responsables del banco por varios delitos, de acuerdo con la información disponible; las imputaciones son acusaciones en trámite y no equivalen por sí mismas a una condena.

La controversia también alcanzó a Carvallo por su paso previo por la dirección de Ueno y su posterior liderazgo del Banco Central. El reporte señala que dimitió en medio de las críticas por la supervisión de la entidad y sus vínculos con ella; también lo identifica como detenido, aunque no detalla cuándo ni bajo qué cargos se produjo esa detención.

Los vínculos políticos y la renuncia de Peña

Peña estuvo relacionado con Ueno a través del Grupo Vázquez, propietario mayoritario del banco. El presidente reconoció públicamente que mantuvo acciones del grupo hasta 2025, cuando vendió su participación, un antecedente que intensificó los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el manejo de la supervisión pública.

Tras la quiebra, Peña pidió a Carvallo que dejara la presidencia del Banco Central, con el argumento de que la institución debía poder actuar sin el peso de sus vínculos con Ueno. El mandatario también propuso acelerar la respuesta a los clientes mediante una ley que habilitaría pagos de emergencia, pero esa iniciativa no logró contener las críticas por el posible uso de fondos públicos para atender la crisis.

Con crecientes pedidos de investigación incluso dentro de su propio partido, Peña anunció su renuncia y dijo que buscaba preservar la estabilidad nacional, la paz social y las instituciones democráticas. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, pidió disculpas y afirmó: «Nunca fue mi intención defraudar la confianza que el pueblo depositó en mí».

El presidente añadió que «ningún cargo es más relevante que la estabilidad de la República; ninguna persona es más importante que Paraguay». Sin embargo, ambas cámaras del Congreso rechazaron su dimisión, según el reporte, porque aceptarla le habría permitido acceder a un escaño vitalicio en el Senado y a la inmunidad asociada, que solo podría levantarse con una mayoría de dos tercios de esa cámara.

El proceso de destitución y los próximos pasos

Después del rechazo a la renuncia, la Cámara Baja votó por unanimidad remitir al Senado una moción para destituir a Peña. El resultado abrió una nueva etapa institucional, pero la información no afirma que la destitución ya se haya consumado: el mandatario aún tendría que responder ante el Congreso y el Senado deberá abordar la moción.

Peña dijo que ejercería su derecho a defenderse, no por orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también constituye una responsabilidad ante la población. Aseguró que cooperaría con las instituciones competentes para aclarar lo ocurrido, determinar responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes hubieran infringido la ley.

Al mismo tiempo, insistió en que la discusión sobre su continuidad no debía frenar la atención a los ahorristas. «El debate sobre mi permanencia en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas», afirmó, al colocar la devolución de fondos entre las prioridades que el Gobierno debía atender mientras avanzaba el trámite político.

La crisis deja dos procesos conectados, pero distintos: la recuperación de los depósitos y la determinación de responsabilidades por la gestión y supervisión de Ueno. La garantía ofrece una vía para muchos clientes, mientras que los fondos públicos y otros grandes depositantes dependen de la subasta de activos; al mismo tiempo, las investigaciones y el proceso legislativo tendrán que avanzar sin que las imputaciones se confundan con veredictos.

Una prueba para la confianza institucional

El caso muestra cómo una quiebra bancaria puede adquirir dimensión política cuando los responsables públicos tienen antecedentes o relaciones con la entidad afectada. En Paraguay, las conexiones atribuidas a Peña y Carvallo elevaron las preguntas sobre conflictos de interés y supervisión, mientras el cierre y las demoras para ciertos depositantes alimentaron las protestas.

La afirmación del Banco Central de que Ueno fue un caso aislado convive con el impacto que tuvo sobre una porción significativa de los depósitos del sistema. Esa tensión importa para evaluar la respuesta: una explicación oficial sobre el alcance del problema no elimina la necesidad de aclarar cómo se deterioró la solvencia, qué controles operaron y por qué algunos fondos quedaron sujetos a la venta de activos.

La reacción pública también refleja que la cobertura de depósitos no garantiza que cada cliente reciba su dinero de inmediato ni que todos los tipos de depositantes tengan el mismo mecanismo de compensación. En este episodio, el tope de USD $38.600 distingue a buena parte de los ahorristas particulares de los grandes depositantes, los fondos de pensiones y ANDE, cuya recuperación depende de otro procedimiento.

Por ahora, la ruta inmediata combina la atención a los clientes afectados, la investigación fiscal y el examen del Congreso sobre Peña. La resolución de esos frentes determinará cómo se asignan las responsabilidades y qué ocurre con los depósitos pendientes, mientras el caso mantiene bajo presión la confianza en la supervisión bancaria y en la respuesta de las instituciones paraguayas.


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