Por Canuto  

El fracaso de una votación procedimental en el Senado de EE. UU. no modificó las obligaciones de prevención de lavado de dinero que ya pesan sobre las empresas cripto cubiertas. Mientras continúa la incertidumbre legislativa, bancos y plataformas deberán mantener conectados los controles de identidad, billeteras y transacciones, además de definir límites claros para los agentes de inteligencia artificial.
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  • La votación del Senado para avanzar con la CLARITY Act terminó con 49 votos a favor y 50 en contra, por debajo de los 60 necesarios para aprobar la moción de cierre.
  • Las obligaciones de identificación de clientes, beneficiarios finales, sanciones, AML y reportes de actividad sospechosa siguen vigentes.
  • La verificación de usuarios de billeteras autocustodiadas puede realizarse fuera de la cadena, mientras los agentes de IA requieren permisos limitados y revocables.

 

 

El fracaso del Senado de Estados Unidos para avanzar con la CLARITY Act dejó intactas las obligaciones de prevención de lavado de dinero que ya aplican a las empresas cripto cubiertas. La votación no eliminó los controles de identificación de clientes, verificación de beneficiarios finales, filtrado de sanciones, monitoreo de transacciones ni los reportes de actividad sospechosa exigidos por la Bank Secrecy Act.

Fernando Castellanos, Global Head of Digital Assets and Sponsor Banks de Prove, explicó a crypto.news que el proyecto se concentraba principalmente en la estructura del mercado y no pretendía sustituir la legislación contra el lavado de dinero. En ese escenario, las compañías deben continuar aplicando los controles existentes, incluso mientras el Congreso debate qué agencias deben supervisar cada activo y actividad digital.

La votación no modificó las obligaciones de AML

El 15 de septiembre, el Senado rechazó una moción de cierre sobre la moción para proceder con la H.R. 3633, la versión de la Cámara del Digital Asset Market Clarity Act. La votación procedimental terminó con 49 votos a favor y 50 en contra, por debajo de los 60 necesarios para superar el cierre, pero no representó una votación final sobre el proyecto.

Siete senadores demócratas que se opusieron al cierre describieron después el resultado como “no el final” y afirmaron que seguían comprometidos con negociaciones bipartidistas. Hasta el momento no se había programado una segunda votación, aunque esos legisladores reabrieron las conversaciones mientras persistían las diferencias sobre las disposiciones éticas aplicables a funcionarios electos y sus intereses en activos digitales.

Castellanos sostuvo que una legislación sobre estructura de mercado nunca habría desplazado la Bank Secrecy Act, sino que habría aclarado qué regulador tendría autoridad principal sobre determinados productos y actividades. Por eso, la derrota parlamentaria no cambia las obligaciones de cumplimiento que ya recaen sobre las empresas cripto cubiertas, que todavía deben reportar las operaciones detectadas cuando cumplan los estándares aplicables.

El ejecutivo también advirtió que la velocidad de las redes blockchain no reduce la necesidad de saber quién controla una cuenta o respalda una transacción. Las liquidaciones más rápidas y las operaciones difíciles de revertir pueden reducir el tiempo disponible para detectar fraude o actividad ilícita, lo que, en su opinión, eleva la exigencia operativa para las empresas.

Los bancos buscan controles conectados durante toda la relación

Para los bancos patrocinadores, la verificación de identidad no debe convertirse en un trámite aislado que termina al abrir una cuenta. Las instituciones esperan que las empresas mantengan revisiones de riesgo durante todo el ciclo de vida del cliente y relacionen los cambios en la conducta de la cuenta con la actividad de la billetera y los patrones de transacción.

Las evaluaciones suelen incluir la verificación de clientes y negocios, la identificación del beneficiario final, el filtrado de sanciones, la prevención de fraude, el análisis de billeteras y el monitoreo transaccional. Sin embargo, Castellanos señaló que los bancos también buscan evidencia de que esos controles funcionan en condiciones reales, en lugar de confiar únicamente en políticas escritas o pruebas realizadas antes del lanzamiento de un producto.

Cuando las herramientas operan de manera separada, los datos de identidad, billetera y transacciones pueden no llegar al mismo proceso de evaluación. Esa fragmentación crea puntos ciegos, porque una institución puede conocer al titular de una cuenta sin entender que su comportamiento cambió o que la billetera vinculada presenta un riesgo distinto al identificado durante la incorporación.

La propuesta de la CLARITY Act habría dividido la supervisión federal entre la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías. Los productos digitales calificados y ciertos intermediarios del mercado al contado quedarían bajo la CFTC, mientras la SEC conservaría autoridad sobre valores y transacciones relacionadas, pero esa distribución no habría eliminado las demás capas de cumplimiento.

Según el marco propuesto, las licencias estatales para transmisores de dinero, las reglas federales de sanciones y las obligaciones aplicables a instituciones financieras podrían seguir vigentes dependiendo de los servicios y clientes de cada empresa. Para reducir fricciones, Castellanos planteó combinar varias señales de riesgo y evitar que los usuarios legítimos repitan verificaciones aisladas cada vez que realizan una operación.

La identidad puede verificarse sin escribir datos en la cadena

Las billeteras autocustodiadas y las aplicaciones de finanzas descentralizadas no obligan a colocar nombres, documentos de identidad u otros datos personales en una blockchain pública. La verificación puede realizarse en los puntos donde las compañías reguladas interactúan con los usuarios, como las rampas de entrada y salida de dinero fíat, las interfaces de aplicaciones y otros servicios de acceso.

Mantener esa información fuera de los libros públicos evita exponer registros sensibles que después no podrían eliminarse de la cadena. Las empresas reguladas pueden conservar los datos necesarios para cumplir sus obligaciones dentro de sistemas controlados, sin convertir cada dirección autocustodiada en un registro público con información personal asociada.

Las contrapartes tampoco necesitan recibir todo el expediente creado durante una verificación. En muchos casos, puede bastar con confirmar que una persona superó una revisión de identidad, controla una billetera declarada o no aparece en una lista de sanciones, sin revelar los documentos y datos subyacentes a cada participante de la operación.

Castellanos describió este enfoque como una forma de confirmar afirmaciones verificables, en lugar de entregar información personal completa o exigir que el software abierto funcione como un intermediario financiero convencional. La distinción permite separar el código abierto de un protocolo de las obligaciones de las empresas reguladas que operan sus interfaces, servicios de acceso o vías de pago.

El objetivo, según el ejecutivo, no consiste en tratar cada billetera autocustodiada como una cuenta bancaria, sino en establecer suficiente información verificada alrededor de una interacción regulada para gestionar sus riesgos identificados. La CLARITY Act incluía exenciones de registro para algunos desarrolladores de software DeFi, proveedores de billeteras y operadores de validadores, pero su falta de avance deja a las empresas bajo la ley vigente.

Los agentes de IA deberán tener permisos acotados

La llegada de agentes de inteligencia artificial capaces de abrir cuentas, negociar activos o iniciar pagos agrega otra capa al proceso de identificación. Las instituciones deben establecer quién controla al agente, quién aprobó una acción determinada y qué operaciones tiene permitido ejecutar el software, porque cada pregunta aborda una dimensión distinta de la responsabilidad.

Verificar a la persona o empresa detrás del agente permite identificar al principal responsable, mientras que la autorización determina si el programa puede iniciar la transacción bajo revisión. Esa autoridad debe limitarse por alcance y tiempo, además de poder revocarse cuando cambien las condiciones, el riesgo o la relación con el cliente.

Las instituciones deberían comprobar el permiso en el momento de cada transacción, en vez de confiar indefinidamente en una aprobación anterior. La exigencia adquiere mayor importancia cuando un agente puede mover fondos sin una nueva intervención humana, porque una autorización amplia y permanente dificultaría atribuir la operación y controlar sus consecuencias.

La cuestión ganó relevancia con el lanzamiento de Coinbase for Agents en junio, una herramienta que permite a agentes de software autorizados negociar criptomonedas, administrar carteras, realizar pagos y ejecutar tareas financieras mediante cuentas de usuarios. Coinbase indicó que sus clientes pueden establecer reglas para rebalancear carteras, ejecutar operaciones y gestionar posiciones, mientras que su protocolo x402 permite pagar por datos, investigación, interfaces de programación de aplicaciones y computación sin intervención humana directa en cada pago.

Para las instituciones que respalden servicios similares, el registro de autorización debe conectar la transacción con la persona o empresa responsable. Ese historial tendría que identificar al principal, al agente, la acción aprobada y los límites vigentes cuando se inició la operación, de modo que exista una cadena verificable entre el usuario, el software y los fondos movilizados.

Castellanos resumió el desafío al señalar que, a medida que los agentes comiencen a interactuar con sistemas financieros y mover dinero de forma autónoma, debe existir una conexión clara entre la persona, el negocio, el agente y la transacción. Para las empresas cripto, el cambio implica pasar de verificar al cliente una sola vez a comprobar continuamente quién tiene autoridad para actuar y qué cuenta o fondos utiliza el agente.

Mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre la estructura del mercado, las compañías no cuentan con una pausa regulatoria derivada de la votación fallida. La prioridad inmediata sigue siendo demostrar que sus controles de identidad, sanciones, fraude, billeteras y transacciones trabajan juntos, incluso cuando la actividad se ejecuta en redes descentralizadas o mediante software autónomo.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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