Por Canuto  

Una jueza federal de Nueva York bloqueó la aplicación de una ley que buscaba recaudar USD $75.000 millones de grandes contaminadores para financiar proyectos climáticos, en una decisión que abre un nuevo frente legal para otros estados.
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  • La jueza Brenda Sannes determinó que Nueva York no puede hacer cumplir su ley de súper fondo climático.
  • La norma, firmada por Kathy Hochul en diciembre de 2024, exigía pagos durante 25 años para mitigación y adaptación.
  • La fiscalía general de Nueva York podría apelar, mientras Vermont enfrenta un desafío legal similar.

Una jueza federal bloqueó una ley emblemática de Nueva York que buscaba obligar a las grandes empresas contaminantes a pagar por los daños asociados al cambio climático. El fallo impide, por ahora, que el estado haga cumplir un mecanismo diseñado para recaudar USD $75.000 millones durante 25 años y destinarlos a proyectos de mitigación y adaptación climática.

La decisión fue emitida el lunes por Brenda Sannes, jueza presidenta del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York. El pronunciamiento respalda el desafío presentado por estados gobernados por republicanos y por intereses de la industria petrolera, que cuestionaron la capacidad del estado para exigir esos pagos.

El fallo contra la ley climática

La legislación, conocida como ley de súper fondo climático, fue firmada por la gobernadora Kathy Hochul en diciembre de 2024. Su objetivo consistía en trasladar a las grandes petroleras una parte del costo de las obras que Nueva York necesita para enfrentar inundaciones, daños en carreteras y otros impactos vinculados al cambio climático.

El esquema no planteaba un pago único, sino contribuciones distribuidas a lo largo de un periodo de 25 años. Con esos recursos, el estado pretendía financiar medidas de mitigación y adaptación, dos áreas que abarcan tanto la reducción de riesgos como la protección de comunidades y bienes públicos frente a fenómenos climáticos.

En una decisión de 63 páginas, Sannes describió la norma como una medida “inusual y de amplio alcance”. La jueza fundamentó su conclusión en un precedente del Segundo Circuito de 2021, derivado del caso City of New York v Chevron, en el que Nueva York había demandado a empresas petroleras para reclamarles responsabilidad por daños climáticos.

La aplicación de ese precedente se convirtió en uno de los puntos centrales de la controversia, debido a que el caso anterior y la ley estatal persiguen objetivos jurídicos distintos. Cassidy DiPaola, directora de comunicaciones de Make Polluters Pay, sostuvo que el fallo se apoya en un precedente controvertido y pidió a la fiscal general Tish James presentar una apelación de inmediato.

Reacciones y próximos pasos

El Departamento de Justicia de Donald Trump respaldó la demanda contra la política de Nueva York durante una audiencia celebrada el mes pasado. Además, el gobierno federal presentó una demanda propia contra la ley en el Distrito Sur de Nueva York, un proceso que todavía permanece pendiente.

La intervención del Departamento de Justicia agrega una segunda vía de litigio contra la norma y podría prolongar la incertidumbre sobre el programa. Mientras el caso del Distrito Norte concluyó con el bloqueo de la ley, la demanda del Distrito Sur aún debe avanzar antes de producir una resolución independiente.

Los republicanos recibieron la decisión como una victoria contra los esfuerzos de estados gobernados por demócratas para financiar sus presupuestos climáticos mediante cobros a compañías de combustibles fósiles. JB McCuskey, fiscal general de Virginia Occidental, cuya oficina encabezó el desafío contra la legislación, afirmó que el fallo representa un triunfo para los trabajadores de las industrias del carbón, el petróleo y el gas.

La oficina de Hochul todavía no confirmó si apelará la decisión federal. Ken Lovett, asesor sénior de comunicaciones de la gobernadora en materia de energía y medio ambiente, señaló que el equipo está revisando el fallo para determinar cuáles podrían ser los próximos pasos.

Un precedente con alcance nacional

Nueva York no es el único estado que intentó crear un fondo de este tipo, aunque el modelo continúa siendo poco extendido. Vermont es el único otro estado que aprobó una ley de súper fondo climático y actualmente enfrenta un desafío legal paralelo, mientras iniciativas similares presentadas en otros estados no llegaron a convertirse en legislación.

La decisión de Sannes no obliga directamente a otros estados ni les prohíbe aprobar leyes propias, según DiPaola. La representante de Make Polluters Pay advirtió, sin embargo, que la industria de los combustibles fósiles podría utilizar el fallo para desalentar a legisladores de todo el país que evalúan mecanismos similares.

El conflicto enfrenta dos visiones sobre la responsabilidad por el cambio climático y la forma de distribuir sus costos. Para los impulsores de la ley, las empresas más grandes de la industria deberían contribuir a financiar la infraestructura necesaria para proteger a los neoyorquinos; para los demandantes, el estado intentó imponer una obligación incompatible con los límites de su autoridad.

La disputa también muestra cómo una ley estatal puede convertirse en el centro de una batalla nacional entre gobiernos locales, empresas energéticas y autoridades federales. Si la decisión se mantiene, Nueva York tendría que buscar otras vías para costear sus proyectos climáticos, mientras la apelación y el proceso paralelo definirán si el modelo puede sobrevivir.

El costo de la adaptación en disputa

La ley fue concebida en un contexto en el que las comunidades necesitan recursos para responder a daños que los defensores del súper fondo atribuyen al calentamiento global. DiPaola afirmó que las inundaciones continuarán, que las carreteras seguirán sufriendo daños y que las comunidades necesitarán miles de millones de dólares para protegerse, aunque el fallo impide por ahora financiar esas necesidades mediante el mecanismo cuestionado.

La cifra de USD $75.000 millones habría representado una fuente específica y de largo plazo para las obras previstas por el estado. El bloqueo no elimina las necesidades de mitigación y adaptación mencionadas por los defensores de la ley, pero sí deja en suspenso el mecanismo con el que Nueva York pretendía obtener esos recursos de los grandes contaminadores.

El caso también podría influir en la estrategia de fiscales generales y legisladores que consideran demandas o fondos similares contra la industria petrolera. No obstante, cualquier efecto sobre esas iniciativas dependerá de nuevas decisiones judiciales, porque el fallo de un tribunal de distrito en Nueva York no vincula automáticamente a otros estados.

La próxima etapa dependerá de la respuesta de la fiscalía general de Nueva York y de la evolución de la demanda presentada en el Distrito Sur. Hasta que esas rutas legales se definan, la ley firmada por Hochul permanecerá como una apuesta política de alto impacto, pero sin capacidad efectiva para recaudar los pagos previstos.

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