Por Canuto  

La Clarity Act enfrenta una votación procesal decisiva en el Senado de Estados Unidos, pero las diferencias sobre stablecoins y ética política reducen las expectativas de aprobación. La industria cripto ya contempla avanzar mediante medidas administrativas de la SEC y otras agencias, aunque sus ejecutivos advierten que solo una ley duradera ofrecería la certeza necesaria para atraer capital de largo plazo.

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  • El Senado programó para el 15 de septiembre una votación procesal que podría abrir el camino para debatir la Clarity Act en el pleno.
  • La propuesta mantiene pendientes las reglas sobre recompensas de stablecoins y disposiciones éticas relacionadas con Donald Trump y los intereses cripto de su familia.
  • Aunque la SEC ha avanzado con propuestas específicas para activos digitales, empresas e inversionistas sostienen que la legislación formal sigue siendo clave para reducir la incertidumbre.

 

 

La industria de las criptomonedas entra en septiembre con su principal apuesta legislativa en Estados Unidos suspendida sobre un margen estrecho. La Clarity Act, proyecto identificado como H.R. 3633 que busca definir la estructura del mercado de activos digitales, se aproxima a una votación crítica en el Senado mientras crecen las dudas sobre su aprobación antes de las elecciones de medio mandato.

El desenlace pondrá a prueba años de presión política y esfuerzos de cabildeo de empresas, inversionistas y organizaciones vinculadas con el sector. Aunque la administración de Donald Trump continúa presentando la regulación cripto como una prioridad, varios participantes de la industria consideran que el proyecto podría quedar estancado durante 2026, incluso después de la inversión política realizada en el ciclo electoral de 2024. El medio de noticias CNBC reseñó.

Una votación con obstáculos pendientes

La Clarity Act establecería un marco general para las criptomonedas y repartiría responsabilidades entre la Comisión de Bolsa y Valores, conocida como SEC, y la Comisión de Negociación de Futuros de Mercancías, o CFTC. También fijaría requisitos de registro para los participantes del mercado y reforzaría las protecciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero, elementos que la industria considera necesarios para operar con mayor previsibilidad.

Sin embargo, el proyecto perdió la ventana legislativa que sus patrocinadores esperaban aprovechar cuando el Senado inició su receso de agosto sin someterlo a votación. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, presentó una moción de cierre para H.R. 3633 y dejó programada una votación procesal para el 15 de septiembre, después del regreso de los legisladores. Ese paso podría permitir posteriormente una votación completa en el pleno, pero no equivale a la aprobación de la ley.

La fecha no elimina las diferencias que todavía bloquean un acuerdo. Entre los asuntos pendientes aparecen las recompensas asociadas con las stablecoins y las disposiciones éticas vinculadas con el presidente Trump y los intereses cripto de su familia, un punto especialmente delicado para los demócratas que evalúan si respaldar el avance del proyecto.

El senador de Arizona Rubén Gallego, uno de los dos demócratas que votaron para impulsar la iniciativa desde la Comisión Bancaria del Senado, trabaja en un compromiso bipartidista sobre el lenguaje ético. Durante el Wyoming Blockchain Symposium, Gallego sostuvo que todavía existe una posibilidad de avance, pero advirtió que republicanos y demócratas tendrán que alcanzar un consenso capaz de reunir 60 votos.

El precio político de la regulación

La incertidumbre sobre la Clarity Act contrasta con el volumen de recursos que la industria cripto destinó a influir en Washington. Según datos citados por Public Citizen y CNBC, las corporaciones vinculadas con las criptomonedas habían gastado más de USD 119 millones directamente en las elecciones federales de 2024, principalmente mediante super PAC. Esa cifra no garantiza que el Congreso apruebe una ley de estructura de mercado.

La estrategia política partía de una premisa directa: una victoria de Trump y la llegada de un Washington más receptivo podían reemplazar años de hostilidad regulatoria. Desde una perspectiva limitada, esa apuesta ya ha producido algunos resultados para el sector, porque varias agencias federales adoptaron una actitud más abierta hacia las criptomonedas incluso sin la aprobación de una ley integral de estructura de mercado.

La SEC, por ejemplo, propuso en 2026 un régimen adaptado para determinadas ofertas de valores vinculadas con criptoactivos. Estos cambios administrativos no equivalen a una legislación permanente, pero muestran que las empresas pueden recibir orientación específica de los reguladores mientras el Congreso debate un marco más amplio. El alcance y la permanencia de esas medidas siguen sujetos a los procedimientos de cada agencia y a posibles cambios de política.

La Casa Blanca mantiene públicamente el tema como una prioridad. En una cumbre de criptomonedas celebrada en agosto, Trump afirmó que su administración se concentra en crear un marco regulatorio claro para los pioneros y constructores, un mensaje que coincidió con el debate del sector en el Wyoming Blockchain Symposium, realizado en Jackson Hole.

Para algunos ejecutivos, la posibilidad de avanzar mediante normas de la SEC y la CFTC representa una alternativa imperfecta, pero útil, ante la ausencia de una ley definitiva. Sunayna Tuteja, exdirectora de innovación de la Reserva Federal, dijo que ya observó cierta planificación de contingencia en las conversaciones entre ambas agencias y resumió la situación como un progreso que todavía dista de ser perfecto.

Construir sin una ley integral

Los líderes de la industria que participaron en Wyoming argumentaron que el ecosistema puede seguir desarrollándose aunque la Clarity Act no establezca todas las estructuras de mercado previstas. Según esa visión, la elaboración de normas y la coordinación entre reguladores podrían aportar suficiente orientación para que las compañías continúen construyendo, especialmente mientras se consolida el enfoque más flexible que la administración Trump impulsa.

Denelle Dixon, presidenta de la Stellar Development Foundation, planteó que los próximos dos años deberían dedicarse a mejorar las reglas existentes y crear precedentes que sobrevivan a un eventual cambio de administración. La organización sin fines de lucro busca ampliar el acceso a las finanzas globales mediante tecnología blockchain, por lo que su posición refleja la preocupación de proyectos que necesitan continuidad regulatoria más allá del ciclo político actual.

Dixon sostuvo que la industria debería utilizar los estándares que ya surgieron de la SEC y la CFTC para demostrar que la estructura de mercado puede funcionar y ofrecer ventajas concretas. Su objetivo, explicó, es que ese trabajo quede suficientemente consolidado para resistir a la siguiente administración, cualquiera que sea el partido que llegue al poder.

Aceptar el statu quo, no obstante, no significa que las empresas hayan abandonado la búsqueda de reglas claras. Un marco estable podría convertirse en un catalizador alcista para Bitcoin y el mercado cripto, y facilitar que compañías e inversionistas comprometan capital con horizontes más largos. Esa posibilidad es una expectativa del sector, no un efecto garantizado de la aprobación de la ley.

Andrew McCormick, jefe de desarrollo institucional y de mercado de Chainlink Labs, señaló que resulta difícil asignar capital cuando una jurisdicción ofrece un marco establecido y otra, como Estados Unidos, puede cambiar de manera rápida y extrema cada dos o cuatro años. Para los inversionistas institucionales, la legislación formal tendría valor precisamente porque podría sobrevivir a los cambios de administración y a las variaciones en el control partidista del Congreso.

El riesgo de un cambio de poder

Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York y miembro de la junta de OKX, advirtió que no aprobar la Clarity Act antes de las elecciones de medio mandato podría prolongar el conflicto regulatorio durante años. Su argumento parte de la posibilidad de que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes y ejerzan una supervisión más confrontativa sobre la administración Trump y sus reguladores.

Cuomo describió ese escenario como un entorno especialmente difícil para la industria, porque un Congreso demócrata podría enfrentarse con la Casa Blanca mientras las agencias toman decisiones bajo escrutinio legislativo. La disputa no implicaría necesariamente el cierre de las operaciones cripto, pero sí elevaría el riesgo de investigaciones, cambios normativos y nuevas batallas sobre los límites de la autoridad de cada organismo.

El posible fracaso también revelaría una paradoja para el sector. Después de años de operar bajo un régimen que muchos empresarios consideraron hostil, las compañías quizá hayan aprendido a seguir avanzando sin que Washington proporcione un marco definitivo, pero esa adaptación no elimina los costos de la incertidumbre para los proyectos que buscan invertir, contratar o ingresar al mercado estadounidense.

Por eso, la aprobación de la Clarity Act tendría un peso simbólico y práctico mucho mayor que el de una ley sectorial ordinaria. Representaría la confirmación de que la influencia política acumulada por la industria logró traducirse en reglas duraderas, mientras que un fracaso demostraría que las contribuciones electorales y el respaldo presidencial no bastan para superar las divisiones del Senado.

La votación procesal del 15 de septiembre será, por tanto, una prueba inicial de la capacidad de republicanos y demócratas para resolver los puntos más controvertidos. Si el proyecto avanza, todavía enfrentará negociaciones antes de una aprobación final; si se detiene, la industria probablemente recurrirá con mayor intensidad a la regulación administrativa y a los precedentes construidos por la SEC y la CFTC.

El sector cripto llega a esta etapa con una mezcla de cautela y pragmatismo. La Clarity Act sigue siendo la vía más clara para ofrecer certidumbre a largo plazo, pero las empresas también se preparan para operar sin ella, en un entorno donde el futuro de la política estadounidense podría depender tanto de las agencias actuales como del resultado de las próximas elecciones.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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