Illinois acordó postergar seis meses la entrada en vigor de un impuesto del 0,2% sobre actividad cripto empresarial. El aplazamiento todavía requiere la aprobación de un juez y no resuelve la disputa sobre la legalidad de la medida.
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- La pausa podría evitar que el impuesto comience el 1 de enero, pero el acuerdo aún debe recibir luz verde judicial.
- La medida aprobada en junio afecta a empresas con más de USD $100.000 en ingresos y contempla distintas actividades con activos digitales.
- Los grupos del sector cuestionan la constitucionalidad y la aplicación del tributo, y también alegan que la ley federal lo desplaza.
⚖️ Illinois aplaza seis meses el impuesto cripto del 0,2%
El gravamen previsto para empresas con más de USD 100.000 en ingresos aún requiere aprobación judicial para retrasarse.
La disputa sobre su legalidad y aplicación sigue abierta. pic.twitter.com/XZXgrFKoOh
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Illinois aplaza seis meses el impuesto cripto del 0,2% mientras continúa la disputa legal
Un aplazamiento que todavía depende del tribunal
Illinois acordó retrasar seis meses la implementación de un impuesto del 0,2% relacionado con la actividad de criptomonedas de ciertas empresas. El cambio podría impedir que la medida comience el 1 de enero, como estaba previsto, aunque el acuerdo no es definitivo: necesita la aprobación de un juez estatal y tampoco representa una revocación del tributo.
El entendimiento fue alcanzado por Digital Chamber y la Illinois Blockchain Association con funcionarios del estado, según informó KuCoin al recoger información de CoinDesk. Las organizaciones habían cuestionado la política fiscal y buscaban detener su entrada en vigor mientras continúa el litigio, de modo que la demora les daría tiempo adicional para impugnar la medida en los tribunales.
Las partes esperan presentar una solicitud conjunta de aplazamiento el jueves por la mañana ante el Tribunal de Circuito del condado de Sangamon. Si el juez la acepta, el proceso podría avanzar directamente hacia la discusión de los asuntos de fondo, en lugar de mantener el foco en las solicitudes de órdenes judiciales que buscaban frenar temporalmente la aplicación del impuesto.
La pausa tendría un alcance limitado: pospondría la implementación, pero no determinaría si la ley es constitucional ni si el estado puede hacerla cumplir. Por eso, incluso si el tribunal aprueba el acuerdo, las empresas y los usuarios seguirán pendientes de una disputa cuyo resultado podría definir el futuro del gravamen en Illinois.
Qué contempla el impuesto aprobado en junio
El gobierno de Illinois aprobó en junio un impuesto del 0,2% asociado con actividades cripto de empresas que superen los USD $100.000 en ingresos. La descripción de la medida incluye las actividades de transacción y la aceptación de activos digitales para su almacenamiento, por lo que el alcance no se limita a una sola forma de operar con criptomonedas.
La propuesta podría alcanzar a compañías que realizan operaciones con activos digitales o que los reciben para custodiarlos, siempre bajo los criterios establecidos por la ley estatal. La información disponible no detalla en qué momento se medirían los ingresos ni cómo se calcularía cada obligación, por lo que esos aspectos no deben confundirse con una interpretación definitiva de la norma.
La fecha de inicio prevista, el 1 de enero, se convirtió en uno de los puntos inmediatos de tensión porque las empresas debían prepararse para cumplir con una nueva obligación. Los grupos del sector sostuvieron que esa preparación ya estaba generando costos y utilizaron ese argumento al pedir una suspensión temporal ante un tribunal estatal el 9 de septiembre.
La postergación acordada busca, por ahora, aliviar esa presión de cumplimiento durante seis meses. Sin embargo, el retraso no elimina la necesidad de que las empresas evalúen cómo podría aplicarse la ley si finalmente entra en vigor, ni resuelve las objeciones legales que sostienen las organizaciones contrarias al impuesto.
La industria cuestiona la validez de la ley
Los grupos que impugnan el tributo afirman que la ley estatal presenta problemas constitucionales y podría resultar difícil de ejecutar. Esas posiciones son alegatos de las organizaciones, no conclusiones judiciales: todavía corresponde al tribunal examinar los argumentos y decidir si la medida puede mantenerse en los términos aprobados por Illinois.
Además de sus objeciones bajo la legislación estatal, los defensores de la industria sostienen que el impuesto estaría desplazado por la Internet Tax Freedom Act, una ley federal. La discusión sobre esa posible incompatibilidad forma parte de la controversia legal y deberá resolverse en el proceso, sin que el acuerdo de demora anticipe cuál será la interpretación del juez.
Digital Chamber dijo que el aplazamiento brindará alivio a empresas y usuarios de activos digitales frente a obligaciones de cumplimiento que considera costosas. Su director ejecutivo, Cody Carbone, expresó satisfacción por el acuerdo y señaló que la organización continuará buscando la revocación permanente del impuesto a través de los tribunales.
La declaración de Carbone refleja la diferencia entre una suspensión temporal y el objetivo más amplio de los grupos del sector: eliminar la medida. El primer resultado depende de la aprobación judicial de la solicitud conjunta, mientras que el segundo requiere que el litigio avance y que el tribunal resuelva las cuestiones legales planteadas por ambas partes.
El litigio pasa a la discusión de fondo
La presentación que las partes esperan entregar ante el tribunal argumentará que el aplazamiento favorece el interés de la justicia mientras el caso avanza hacia una resolución sobre el fondo. Según el documento revisado por CoinDesk, ese planteamiento permitiría concentrar la siguiente etapa en la constitucionalidad y la ejecutabilidad de la Ley de Impuesto sobre Activos Digitales de Illinois.
Ese enfoque podría reducir, al menos por el momento, la necesidad de debatir las solicitudes de medidas cautelares. No significa que el tribunal haya aceptado las objeciones de la industria ni que el estado haya retirado su política; significa que ambas partes buscan cambiar el calendario mientras la disputa legal continúa.
El caso reúne así dos preguntas distintas: cuándo podría comenzar a aplicarse el impuesto y si la ley que lo establece supera los cuestionamientos presentados. La primera podría recibir una respuesta provisional con la aprobación de la demora, pero la segunda seguirá abierta hasta que el tribunal examine los argumentos constitucionales, la aplicación de la norma y la alegada preeminencia de la legislación federal.
Por ahora, el acuerdo ofrece una pausa a las empresas que ya se preparaban para cumplir con el nuevo gravamen, sin garantizar que queden exentas de forma permanente. El siguiente paso inmediato es la decisión del juez sobre la solicitud conjunta; después, el litigio deberá determinar si Illinois puede mantener el impuesto del 0,2% sobre las actividades cripto contempladas por su ley.
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