Por Canuto  

La Asamblea Nacional francesa aprobó por un solo voto una enmienda que propone gravar con 31,4% ciertas conversiones de criptomonedas a stablecoins desde enero de 2027. La medida aún debe superar más etapas legislativas y también modificaría el cálculo de ganancias y pérdidas de algunos activos digitales.
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  • La enmienda I-3898 pasó con 38 votos a favor y 37 en contra; otros 25 legisladores se abstuvieron.
  • La propuesta, si se incorpora al presupuesto y este se aprueba, entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y alcanzaría determinados tokens de dinero electrónico.
  • La enmienda también propone sustituir el cálculo basado en la cartera por costos de adquisición y promedios ponderados para criptomonedas idénticas.

Francia respalda una propuesta para gravar ciertas conversiones cripto a stablecoins desde 2027

La votación ajustada abre una nueva disputa sobre cuándo deberían tributar los inversores por las ganancias de activos digitales.

Una aprobación estrecha, no una ley definitiva

La Asamblea Nacional de Francia aprobó una enmienda que propone aplicar un impuesto del 31,4% a determinadas conversiones de criptomonedas a stablecoins, con una posible entrada en vigor el 1 de enero de 2027. La votación de la enmienda I-3898 se realizó el 16 de octubre y terminó con 38 legisladores a favor, 37 en contra y 25 abstenciones, según informó Cointelegraph. El margen de un voto refleja la división parlamentaria ante un cambio que modificaría el tratamiento fiscal de algunas operaciones digitales.

La propuesta se apartaría de la regla que actualmente permite a los inversores franceses intercambiar una criptomoneda por otra sin que la operación genere por sí misma una obligación fiscal, siempre que no reciban ni entreguen efectivo. La enmienda plantea retirar ese diferimiento para los tokens de dinero electrónico que entren en el ámbito de la regulación europea MiCA. De aprobarse en su forma actual, ciertas ganancias podrían quedar sujetas al impuesto aunque el inversor no haya convertido sus activos a euros ni retirado fondos.

El alcance descrito no equivale a gravar automáticamente toda operación entre criptomonedas ni permite concluir que cualquier stablecoin quedaría afectada, pues el texto apunta a tokens de dinero electrónico cubiertos por MiCA. La diferencia es relevante para quienes usan stablecoins como paso intermedio entre activos digitales: podrían enfrentar una obligación tributaria en una operación que hoy no implica necesariamente una salida a dinero fiduciario. La aplicación concreta dependerá de la redacción final y de cómo las autoridades definan los activos comprendidos.

La votación del 16 de octubre correspondió a la enmienda, no a la aprobación del presupuesto completo para 2027. La propuesta todavía debe avanzar por otras etapas parlamentarias, incluido el examen del Senado, antes de que pueda convertirse en ley. Por eso, el resultado representa un avance legislativo, pero no confirma que el impuesto vaya a entrar en vigor en la fecha prevista ni que conserve sin cambios su alcance actual.

Advertencias sobre aplicación y conducta de los inversores

Durante el debate, el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, expresó reparos sobre la capacidad de aplicar con claridad el sistema tributario propuesto. Amiel pidió aplazar el examen hasta que se precisaran las definiciones y las medidas de seguimiento, una preocupación relacionada con la identificación de las operaciones sujetas y la supervisión de activos digitales. Sus observaciones no detuvieron la votación, pero dejaron constancia de que aún hay interrogantes administrativos alrededor de la iniciativa.

Philippe Juvin, ponente de la comisión de finanzas, defendió que se mantenga el diferimiento fiscal vigente, en particular por la volatilidad de los precios de las criptomonedas. Su argumento pone el foco en una posible diferencia entre una ganancia registrada al convertir un activo y el resultado económico final de una cartera cuyo valor puede cambiar con rapidez. La enmienda, en cambio, podría exigir el pago del impuesto en determinados casos antes de que el inversor haya transformado sus posiciones en euros.

François Volpoet, ejecutivo de Chainalysis, advirtió que la medida podría llevar a inversores a trasladar su actividad a exchanges descentralizados y plataformas de comercio offshore. También manifestó inquietud por operaciones que quedarían fuera de los regímenes internacionales de reporte fiscal. Se trata de una advertencia sobre posibles respuestas del mercado, no de una consecuencia confirmada: el texto todavía debe avanzar por el proceso legislativo y la conducta de los usuarios dependerá del alcance final de las reglas.

El debate enfrenta dos objetivos que pueden entrar en tensión: recaudar sobre ciertas ganancias y conservar mecanismos de supervisión eficaces en un mercado que permite operar mediante distintas plataformas. Si algunos usuarios trasladaran sus transacciones a servicios descentralizados o extranjeros, como anticipó Volpoet, el seguimiento podría volverse más complejo, aunque no se ha cuantificado ese eventual desplazamiento. La discusión parlamentaria, por tanto, no se limita al porcentaje fiscal, sino que también abarca la definición de las operaciones imponibles y la forma de controlarlas.

Nuevo método para calcular ganancias y otras obligaciones debatidas

La enmienda también propone modificar la forma en que los contribuyentes calculan ganancias y pérdidas de criptomonedas, más allá de las conversiones a stablecoins. El método compararía los ingresos obtenidos al vender un activo con el costo al que fue adquirido, en lugar de recurrir a un cálculo basado en el conjunto de la cartera. Ese cambio podría hacer que el resultado fiscal de una venta se vincule de forma más directa con el precio de compra del activo vendido.

Cuando un contribuyente haya comprado unidades de una misma criptomoneda a precios diferentes, la propuesta establece el uso de un costo de adquisición promedio ponderado. Así, el cálculo tomaría en cuenta las distintas compras de activos idénticos para determinar el costo asociado a una venta, en lugar de tratar cada adquisición con un precio aislado. La enmienda plantea esta metodología como parte de una revisión más amplia de las reglas, aunque el texto definitivo aún podría cambiar durante el trámite parlamentario.

Por separado, legisladores también han debatido requisitos de reporte para grandes billeteras de autocustodia. La propuesta mencionada se aplicaría a tenencias superiores a EUR 100.000 y contempla multas de hasta EUR 10.000, de acuerdo con el reporte de CoinGape. Ese asunto aparece como una iniciativa distinta dentro del debate fiscal y regulatorio, por lo que no debe confundirse con la enmienda sobre conversiones a stablecoins ni asumirse que ya está vigente.

El siguiente paso será la revisión de la propuesta en las etapas parlamentarias restantes, incluido el examen del Senado, en un proceso que determinará si la enmienda llega a la legislación final y con qué alcance. Hasta entonces, el 31,4% y la fecha del 1 de enero de 2027 describen los términos propuestos, no una obligación ya aplicable a los inversores. También queda pendiente conocer cómo se precisarán las categorías de tokens, los métodos de cálculo y los mecanismos de seguimiento señalados durante el debate.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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