Por Canuto  

Chainalysis calcula que Francia concentró USD $9.400 millones en actividad cripto potencialmente imponible durante 2025, mientras unos 24.000 contribuyentes reportaron ganancias netas por EUR €368 millones en 2024. La aplicación del intercambio automático de datos bajo DAC8 y CARF busca reducir una brecha cuya magnitud no equivale por sí sola a evasión fiscal y que también plantea riesgos de privacidad y seguridad.
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  • Chainalysis estimó en USD $9.400 millones la actividad cripto potencialmente imponible registrada en Francia durante 2025.
  • Unos 24.000 contribuyentes franceses declararon EUR €368 millones en ganancias netas correspondientes al ejercicio fiscal de 2024.
  • DAC8 se aplica desde el 1 de enero de 2026 y el marco CARF podría cubrir solo una parte de la actividad cripto potencialmente imponible.


Francia enfrenta una brecha fiscal cripto de miles de millones, según Chainalysis

Una diferencia que expone el problema

Francia registró durante 2025 una actividad cripto potencialmente imponible estimada en USD $9.400 millones, pero las declaraciones fiscales muestran una realidad mucho más reducida. Chainalysis calculó que ese volumen se distribuyó entre USD $5.200 millones en pagos, USD $2.500 millones en ganancias de capital y USD $1.700 millones procedentes de fuentes como la minería y el staking.

El contraste aparece al revisar los datos correspondientes al ejercicio fiscal de 2024. Alrededor de 24.000 contribuyentes franceses declararon en conjunto EUR €368 millones, equivalentes aproximadamente a USD $427 millones, en ganancias netas relacionadas con criptomonedas.

La cifra de declarantes creció frente al año anterior, cuando unas 7.700 personas reportaron EUR €150,8 millones, cerca de USD $175 millones. Sin embargo, ese aumento no elimina la distancia entre la actividad que registra la cadena de bloques y los ingresos que llegan formalmente al conocimiento de la administración tributaria.

Las dos mediciones no son idénticas, porque la actividad potencialmente imponible incluye pagos, ingresos y movimientos que no necesariamente representan beneficios sujetos al impuesto sobre ganancias de capital. Por ello, la diferencia no demuestra por sí sola que todo el monto restante corresponda a evasión fiscal. Sí muestra, no obstante, una brecha relevante entre la actividad identificada en la cadena y lo declarado ante las autoridades.

Qué midió Chainalysis y cómo funciona el impuesto francés

La estimación francesa forma parte de un cálculo global de Chainalysis, que situó en más de USD $457.000 millones la actividad en cadena potencialmente imponible durante 2025. Europa concentró USD $125.100 millones de ese total, mientras Estados Unidos representó USD $112.600 millones y China registró alrededor de USD $21.000 millones, pese a la prohibición local sobre el comercio de criptomonedas.

En el caso francés, las ganancias netas de capital derivadas de criptoactivos enfrentan una tasa fija de 31,4%, de acuerdo con la información citada en el informe. El umbral anual de exención alcanza EUR €305, aproximadamente USD $350, por lo que las ganancias realizadas por encima de ese límite son técnicamente declarables bajo las condiciones aplicables.

La diferencia entre actividad imponible y beneficio imponible resulta especialmente importante para interpretar las cifras sin exagerarlas. Un pago en criptomonedas puede reflejar una operación económica, pero no equivale automáticamente a una ganancia neta; del mismo modo, los ingresos de minería o staking siguen reglas distintas de las aplicables a una compraventa con plusvalía.

Chainalysis ha señalado que el incumplimiento podría superar el 90% en algunos países y François Volpoet, quien dirige las operaciones de la firma en Francia, vinculó esa estimación con el patrón observado entre la actividad registrada y las declaraciones. El informe también cita a Suecia como referencia, al indicar que más del 90% de las personas no reportaron su actividad cripto.

DAC8 prepara una nueva etapa de vigilancia

La octava Directiva de Cooperación Administrativa de la Unión Europea, conocida como DAC8, se aplica desde el 1 de enero de 2026. La norma exige que los proveedores de servicios cripto que operan en los Estados miembros recopilen información detallada sobre la identidad y las transacciones de sus usuarios, para entregarla a las autoridades fiscales nacionales.

El intercambio de esos registros entre administraciones tributarias se desarrollará dentro del calendario de aplicación de la directiva. Desde esa etapa, las autoridades podrán contrastar con mayor facilidad los datos suministrados por plataformas de distintos países, una capacidad que pretende dificultar la ocultación de operaciones mediante el uso de proveedores extranjeros.

DAC8 representa la implementación europea del Marco de Reporte de Criptoactivos, conocido como CARF, un estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Los países participantes buscan incorporar los criptoactivos al régimen de intercambio automático de información que durante años se ha aplicado al sector bancario.

El marco, sin embargo, ya enfrenta resistencia legal en Francia. El exchange Bull Bitcoin presentó en febrero de 2026 una impugnación ante el Conseil d’État para intentar anular el decreto que incorpora DAC8 a la legislación nacional, lo que añade una disputa jurídica a un proceso que las autoridades consideran clave para cerrar la brecha de cumplimiento.

Los límites del nuevo marco y el riesgo de seguridad

Chainalysis calcula que CARF solo alcanza aproximadamente al 14% de la actividad imponible global, dejando cerca del 86% fuera de su alcance práctico. Esa limitación no se debe únicamente a una falta de cooperación internacional, sino también a que el modelo depende de intermediarios centralizados capaces de identificar a sus clientes.

Las wallets de autocustodia, los exchanges descentralizados, las transferencias entre pares y algunos flujos de ingresos directamente registrados en la cadena no cuentan con un intermediario equivalente al que se pueda obligar a reportar. En consecuencia, DAC8 puede mejorar la visibilidad sobre los usuarios de plataformas reguladas sin resolver por completo las operaciones que ocurren fuera de esos canales.

La recopilación masiva de datos también abre un debate sobre la seguridad de los contribuyentes. Francia registró 30 ataques violentos conocidos contra propietarios de criptomonedas durante el primer semestre de 2026, según Chainalysis. Además, una filtración que expuso datos de 678.000 contribuyentes franceses incrementó la preocupación sobre el posible uso indebido de información fiscal, aunque no permite atribuir por sí sola esos ataques a la filtración.

El dilema para las autoridades consiste en ampliar la trazabilidad sin crear nuevos objetivos para delincuentes que buscan identificar a personas con activos digitales. DAC8 podría facilitar la detección de ganancias no declaradas, pero su eficacia dependerá de la calidad de los controles, de la cooperación entre países y de la protección aplicada a los datos que los proveedores entreguen al Estado.

La diferencia entre los USD $9.400 millones de actividad potencialmente imponible y los EUR €368 millones declarados no prueba por sí sola que todo el monto restante corresponda a evasión fiscal, pero sí muestra una brecha que las autoridades ya no pueden ignorar. La aplicación de DAC8 convierte la nueva etapa de intercambio de información en un punto relevante para los contribuyentes franceses, las plataformas y los usuarios que operan fuera de los intermediarios tradicionales.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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