Por Canuto  

El fiscal general James Uthmeier presentó el 1 de junio de 2026 una demanda civil contra OpenAI, Sam Altman y cinco entidades relacionadas. Florida solicita medidas urgentes y restricciones permanentes de marketing, mientras acusa a la empresa de ocultar riesgos de ChatGPT; las afirmaciones son alegatos judiciales, no conclusiones del tribunal.
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  • La demanda se presentó en el tribunal de circuito del condado de Highlands y solicita una orden judicial de emergencia, sanciones civiles y límites permanentes a ciertas prácticas de marketing.
  • Florida relaciona el caso con incidentes violentos, incluido el tiroteo de 2025 en la Universidad Estatal de Florida, y cuestiona las salvaguardas para menores.
  • OpenAI rechazó las acusaciones y defendió sus medidas de seguridad; la demanda también invoca la figura de molestia pública, poco habitual para un producto de software.

Florida abre un frente judicial contra OpenAI

Florida se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en demandar a OpenAI, según la información publicada sobre el caso. El fiscal general James Uthmeier presentó la demanda civil el 1 de junio de 2026 contra la compañía, su director ejecutivo, Sam Altman, y cinco entidades relacionadas, en el tribunal de circuito del condado de Highlands. El escrito acusa a la empresa de ocultar riesgos de ChatGPT y de inducir a error a sus usuarios, incluidos menores de edad.

La demanda no equivale a una determinación judicial de que OpenAI haya cometido las conductas señaladas. Se trata de las alegaciones de la oficina de Uthmeier, que sostiene que la empresa conocía los peligros del producto, no los comunicó adecuadamente y los minimizó mediante su marketing. Esa distinción será central para entender el proceso: por ahora, las acusaciones describen la posición del estado y no una conclusión del tribunal.

Entre las medidas que Florida solicita figuran una orden judicial de emergencia, restricciones permanentes sobre ciertas prácticas de marketing y sanciones civiles bajo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida. La petición busca también cambios relacionados con la protección de usuarios jóvenes, de modo que el litigio no se limite a una disputa sobre publicidad, sino que alcance las salvaguardas y el tratamiento de datos.

Uthmeier presenta el caso como un asunto de protección al consumidor. La tesis estatal, tal como la resume la demanda, es que OpenAI ofreció un producto que sabía que podía ser peligroso sin advertir de manera suficiente a quienes lo usaban y, además, ocultó esos riesgos por medio de sus mensajes promocionales. OpenAI rechazó las acusaciones y defendió sus medidas de seguridad y su compromiso con el desarrollo responsable de la inteligencia artificial.

Los hechos violentos y la protección de menores

Uno de los episodios citados por la demanda es el tiroteo ocurrido el 17 de abril de 2025 en la Universidad Estatal de Florida, en el que estuvo involucrado el sospechoso Phoenix Ikner. La oficina del fiscal general sostiene que las interacciones con ChatGPT desempeñaron un papel en los hechos que precedieron a daños en el mundo real. Esa formulación expresa el argumento de Florida y no establece, por sí misma, una relación causal probada entre el chatbot y el ataque.

El estado afirma que OpenAI no implementó salvaguardas adecuadas frente a los riesgos que describe. Según la información presentada sobre el caso, los fiscales estatales revisaron registros de chat y comunicaciones internas antes de presentar la demanda civil. La investigación criminal habría comenzado en abril de 2026, aunque la información disponible no detalla qué pruebas concretas contienen esos registros ni qué conclusiones alcanzaron los investigadores.

La demanda también pone el foco en la forma en que ChatGPT llega a usuarios jóvenes y en el manejo de sus datos. Florida reclama controles parentales mejorados y restricciones sobre los métodos de recopilación de información que involucran a menores. Además, pide cambios en la manera de comercializar el servicio al público general, una exigencia que conecta la protección de niños y adolescentes con la presentación comercial del producto.

La combinación de estos reclamos amplía el alcance del litigio más allá de una discusión sobre respuestas generadas por inteligencia artificial. El estado busca que el tribunal examine tanto las advertencias dirigidas a los usuarios como las prácticas de recopilación de datos y las protecciones disponibles para las familias. La demanda, sin embargo, no detalla en la información publicada cómo deberían funcionar exactamente esos controles ni qué cambios específicos tendría que implementar OpenAI.

La figura de molestia pública y el vacío regulatorio

Un aspecto inusual del caso es que Florida describe a ChatGPT como una molestia pública, o public nuisance, una figura que la información de origen señala como más asociada históricamente con peligros ambientales o riesgos físicos que con productos de software. La demanda también solicita restricciones y sanciones por presuntas prácticas comerciales engañosas. El tribunal tendrá que considerar si esas vías legales pueden aplicarse a las conductas y al producto descritos por el estado.

El uso de esa figura resulta relevante porque el mismo marco se ha empleado en demandas contra fabricantes de opioides y empresas de pintura con plomo, según la información de origen. Aplicarlo a un chatbot supondría una expansión significativa de la doctrina, pero la presentación de la demanda no significa que el tribunal ya haya aceptado esa interpretación. El caso pone a prueba hasta dónde pueden llegar herramientas legales tradicionales cuando el producto cuestionado es un servicio digital basado en inteligencia artificial.

La fuente encuadra la iniciativa en un escenario de falta de salvaguardas federales integrales para la inteligencia artificial. En esa lectura, la ausencia de una respuesta amplia desde Washington ha dejado un mosaico de medidas estatales como principal mecanismo de control para compañías como OpenAI. Uthmeier ha defendido reglas estatales más estrictas y la rendición de cuentas de empresas cuando sus productos, incluidos los chatbots, aparezcan vinculados con actividades ilegales.

OpenAI ha rechazado las acusaciones y sostiene que cuenta con medidas de seguridad, aunque la información disponible no incluye una respuesta detallada punto por punto a cada reclamo ni el desenlace de la petición de emergencia. Por ahora, el proceso plantea preguntas sobre publicidad, protección de menores, responsabilidad empresarial y el alcance de las leyes estatales frente a la IA. La evolución del caso dependerá de los argumentos de ambas partes y de las decisiones que adopte el tribunal de circuito del condado de Highlands.


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