El Grupo de Acción Financiera Internacional sostiene que muchos proyectos DeFi conservan mecanismos de control identificables, por lo que sus operadores deberían cumplir reglas contra el lavado de dinero.
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• El FATF afirma que sus estándares alcanzan a cualquier disposición DeFi donde una persona conserve control o suficiente influencia.
• Casi el 93% de las jurisdicciones consultadas todavía no ha aplicado esas reglas a plataformas DeFi calificables.
• El organismo propone controles en contratos inteligentes e interfaces, y contempla prohibiciones como último recurso.

Los elementos centralizados persisten frecuentemente en DeFi y deberían ser regulados: FATF

La imagen de las finanzas descentralizadas como un sistema sin autoridades centrales enfrenta un nuevo cuestionamiento. El Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como FATF por sus siglas en inglés, afirmó que muchos proyectos conservan mecanismos de control identificables.

En un informe publicado el martes, el organismo sostuvo que sus estándares contra el lavado de dinero ya se aplican cuando una persona mantiene control o suficiente influencia sobre una disposición DeFi. La etiqueta de descentralización que utilice un proyecto no modifica ese criterio.

El control real pesa más que la etiqueta

El FATF, con sede en París, utiliza estándares que siguen más de 200 jurisdicciones. Su nuevo análisis divide las plataformas DeFi en tres grupos según el grado de control que exista sobre sus operaciones.

El primer grupo reúne plataformas con controladores identificables. El segundo incluye proyectos centralizados en la práctica, aunque sus operadores permanezcan ocultos, mientras que el tercero corresponde a una minoría que el organismo considera verdaderamente descentralizada.

Solo las plataformas sin liderazgo genuino quedan fuera del alcance directo de esos estándares, según el informe. Aun así, el FATF recomienda que los reguladores examinen los puntos de estrangulamiento que rodean a esos proyectos.

La entidad concluyó que los elementos centralizados persisten frecuentemente en la práctica. Entre ellos aparecen tokens de gobernanza concentrados, privilegios administrativos, control sobre actualizaciones y flujos de tarifas o recompensas hacia personas internas.

Giles Thomson, presidente del FATF, dijo que el objetivo consiste en impedir que los criminales utilicen la nueva tecnología para lavar dinero sucio. También defendió el apoyo a la innovación financiera responsable y un intercambio sólido de información entre los sectores público y privado.

Señales de centralización dentro y fuera de la cadena

El informe enumera distintas señales de control que pueden aparecer directamente en la cadena de bloques. Entre ellas menciona las claves de actualización, las funciones de apagado y la capacidad para modificar tarifas o parámetros de riesgo.

El poder de voto concentrado también puede revelar una estructura centralizada. La concentración permite que grandes tenedores de tokens influyan de manera decisiva sobre decisiones que afectan a todos los usuarios del protocolo.

El control no siempre se encuentra en los contratos inteligentes. El FATF también señala el dominio sobre el sitio web público, la aplicación utilizada por los clientes y las entidades corporativas que emplean a desarrolladores clave.

Las compañías que sostienen el tesoro de un protocolo pueden constituir otra señal relevante. El organismo considera que desarrolladores, grandes tenedores de tokens, operadores de interfaces y financiadores podrían quedar sujetos a licencias y supervisión.

Incluso operar una interfaz que canaliza usuarios hacia un protocolo podría ser suficiente para activar esa clasificación. En consecuencia, el análisis regulatorio no se limitaría a quienes escribieron el código principal.

Una brecha regulatoria amplia

En la práctica, la aplicación de estas reglas continúa siendo limitada. Casi el 93% de las jurisdicciones que respondieron una encuesta del FATF no ha aplicado los estándares a ninguna disposición DeFi calificable.

Además, solo 26 de 142 jurisdicciones habían evaluado los riesgos relacionados con DeFi. El organismo encontró que cuatro países cuentan con reglas de licenciamiento, pero únicamente dos las han utilizado para registrar o licenciar una plataforma.

La orientación del FATF no constituye una ley directamente aplicable. Sin embargo, sus miembros reciben evaluaciones sobre el nivel de cumplimiento de sus estándares y las brechas persistentes pueden contribuir a que un país ingrese en la lista gris.

El informe apareció después de una actualización más amplia del organismo. Ese análisis encontró que la mayoría de los países todavía enfrenta dificultades para hacer cumplir las reglas aplicables a las criptomonedas en general.

La magnitud del mercado aumenta la importancia de esa brecha. El valor total bloqueado en DeFi alcanzó USD $86.600 millones este año, aproximadamente 85% más que en 2023, mientras que los 12 protocolos principales concentran más del 60%.

Controles en contratos inteligentes e interfaces

El FATF pide a los países cerrar la brecha mediante exigencias o incentivos para que los proyectos incorporen controles contra el lavado de dinero. Esas medidas podrían integrarse directamente en los contratos inteligentes o en las interfaces.

Entre las herramientas mencionadas aparecen las verificaciones de sanciones y los controles de conocimiento del cliente antes de ejecutar determinadas funciones. El enfoque trasladaríaparte del cumplimiento a la propia infraestructura tecnológica.

Para los proyectos realmente sin liderazgo, el organismo propone concentrarse en los actores que los rodean. Los emisores de stablecoins, por ejemplo, pueden tener capacidad para congelar tokens y convertirse en puntos de control relevantes.

Los intercambios que gestionan entradas y salidas de dinero fiduciario también aparecen como intermediarios importantes. A ellos se suman los operadores de interfaces, que pueden controlar el acceso práctico de los usuarios al protocolo.

El FATF indica que bancos e intercambios deberían realizar debida diligencia sobre las plataformas DeFi con las que interactúan. Si una plataforma se niega a cooperar, una jurisdicción podría prohibir sus operaciones en su territorio como último recurso.

Hackeos y uso criminal de la infraestructura DeFi

El análisis del FATF se apoya en la forma en que los criminales ya utilizan el sector. El organismo destaca a Corea del Norte y afirma que hackers vinculados con ese Estado estuvieron detrás de dos ataques ocurridos en abril.

Esos ataques drenaron más de USD $570 millones en conjunto. Uno correspondió a un exploit de USD $285 millones contra Drift Protocol, un intercambio de contratos perpetuos basado en Solana.

El ataque contra Drift Protocol se ejecutó en solo 12 minutos, según el informe. El segundo caso fue un hack de USD $292 millones contra KelpDAO.

Ambos incidentes representaron aproximadamente el 76% de las pérdidas por hackeos de criptomonedas durante el año. Las cifras refuerzan la preocupación sobre la velocidad con que los fondos pueden moverse a través de infraestructuras sin controles uniformes.

El organismo también identifica como usuarios relevantes de mezcladoras, puentes e intercambios DeFi a grupos de ransomware, redes profesionales de lavado y responsables de fraudes contra inversionistas. Estas herramientas pueden facilitar el movimiento y la ocultación de activos ilícitos.

La presión judicial ya comenzó

La propuesta del FATF coincide con acciones judiciales recientes en Estados Unidos. Los fiscales de ese país consiguieron este año condenas de prisión para los dos cofundadores del mezclador de Bitcoin Samourai Wallet.

También obtuvieron una condena contra Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash. Esos casos se apoyan en una idea similar a la planteada por el FATF: las personas que construyen y ejecutan código pueden ser tratadas como operadores de negocios monetarios regulados.

El debate plantea una tensión entre la responsabilidad de los desarrolladores y el carácter abierto de muchas redes blockchain. Una plataforma puede funcionar con contratos públicos, pero conservar decisiones clave en manos de un grupo reducido.

Para los reguladores, esa influencia práctica puede ser suficiente para identificar responsables. Para la industria, el desafío consiste en establecer criterios previsibles que no castiguen automáticamente la innovación ni la publicación de software.

El FATF pide implementar su marco en lugar de mantener un vacío regulatorio. Su advertencia central es que la concentración de control y el crecimiento del sector podrían permitir financiación ilícita a gran escala si los países no actúan.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

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