Por Canuto  

Elizabeth Warren y Jeff Merkley pidieron explicaciones a la Casa Blanca por las apuestas que Gabriel Perez habría realizado en Kalshi tras acceder a declaraciones preparadas de Donald Trump. La CFTC ordenó al operador de teleprompter pagar USD 172.539,02, mientras los senadores cuestionan si la respuesta ética del Gobierno ha sido suficiente.
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  • Los senadores quieren saber si otros empleados usaron información no pública para apostar, operar o comprar contratos en beneficio propio.
  • La CFTC ordenó a Gabriel Perez pagar USD 172.539,02 por apuestas en mercados sobre palabras de Trump.
  • Warren pidió capacitación obligatoria y medidas que vayan más allá de un memorando de advertencia.

 

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Jeff Merkley solicitaron a la Casa Blanca información sobre las apuestas que Gabriel Perez habría realizado en Kalshi después de acceder a declaraciones preparadas del presidente Donald Trump. En una carta dirigida al consejero jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, sostuvieron que el caso plantea dudas sobre el uso de información no pública y sobre la respuesta ética del Gobierno.

En agosto, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ordenó a Perez pagar USD 172.539,02 por sus operaciones en mercados de predicción vinculados con palabras que Trump pronunciaría en sus discursos. La suma incluye USD 107.539,02 en ganancias que debe devolver y una sanción civil de USD 65.000. The Block informó que Perez trabajaba como operador de teleprompter y habría leído las declaraciones poco antes de que el presidente las presentara.

La carta exige explicaciones sobre las medidas de la Casa Blanca

Warren y Merkley plantearon que la administración no habría tomado «medidas significativas» para responder a las preocupaciones éticas derivadas del caso. En su comunicación, solicitaron conocer cómo la Casa Blanca está abordando las acusaciones de que un asistente presidencial clave se habría beneficiado de su acceso a información reservada, y qué relación tiene el episodio con las políticas de ética y anticorrupción vigentes.

Los legisladores no limitaron su pedido a las apuestas atribuidas a Perez. Quieren saber si otros empleados del Gobierno «se apropiaron indebidamente» de información privilegiada para realizar apuestas, operaciones, comprar contratos o tomar acciones similares con el propósito de obtener un beneficio personal.

La carta también pregunta si los empleados de la Casa Blanca cuentan con capacitación sobre el manejo de información no pública. Los senadores sostuvieron que un memorando de advertencia, por sí solo, no representa una respuesta suficiente y citaron la capacitación obligatoria como una medida aplicada por otras administraciones.

En el texto dirigido a Will Scharf, Warren y Merkley afirmaron que se requiere más acción del presidente, del consejero y de otros funcionarios para que el público confíe en la integridad del Gobierno federal bajo Trump. La petición combina así una consulta sobre el caso concreto con un reclamo más amplio de prevención, formación y rendición de cuentas dentro de la Casa Blanca.

El caso de Kalshi se vincula con información sobre discursos

Los mercados de predicción permiten apostar sobre posibles resultados o acontecimientos; en este caso, Kalshi ofrecía mercados relacionados con las palabras que usarían figuras públicas. La información publicada señala que Perez habría utilizado su acceso anticipado a declaraciones preparadas de Trump para apostar sobre menciones específicas poco antes de la entrega de los discursos.

La orden de la CFTC dispuso que Perez devolviera USD 107.539,02 en ganancias derivadas de operaciones que calificó como ilícitas y pagara una sanción civil de USD 65.000. El punto central de la carta de los senadores no es solo el resultado regulatorio del caso, sino la posibilidad de que el acceso a información interna haya dado a un empleado una ventaja para realizar apuestas.

El episodio forma parte de una serie de casos en los que personas habrían utilizado información privilegiada para apostar en mercados de predicción. Entre los ejemplos citados figura el de un soldado activo del Ejército de Estados Unidos acusado de usar información clasificada para apostar en Polymarket sobre el momento de la operación para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida a principios de ese año.

La comparación no establece que los dos casos tengan los mismos actores, información o circunstancias, y la noticia no ofrece detalles adicionales para equipararlos. Sí muestra por qué Warren y Merkley preguntan si el uso de datos no públicos para apostar podría involucrar a más empleados, y por qué reclaman una respuesta institucional que no dependa únicamente de la sanción impuesta en un caso individual.

Presión política y debate sobre la supervisión

La carta llega después de que los demócratas tomaran el control del Senado y de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de la semana anterior, según la información publicada. Warren está llamada a asumir la presidencia del Comité Bancario del Senado, una posición desde la que ha dicho que buscaría terminar con lo que considera una falta de supervisión en este ámbito.

Warren ha descrito ese escenario como una supervisión «al estilo del Lejano Oeste», en la que personas con información interna pueden obtener beneficios. Su próxima función en el Comité Bancario le daría un papel político más destacado en el debate sobre la supervisión, aunque la carta actual está dirigida a la Casa Blanca y pide información sobre sus políticas y prácticas internas.

Por separado, el representante demócrata Ro Khanna pidió el martes prohibir los mercados de predicción deportiva. Khanna está sopesando una candidatura presidencial para 2028, de acuerdo con la noticia, pero su propuesta se refiere específicamente a las apuestas deportivas y no equivale a la solicitud de Warren y Merkley sobre el uso de información no pública por empleados federales.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Por ahora, las preguntas de los senadores apuntan a establecer si hubo otros posibles casos, qué formación reciben los empleados y si la administración adoptará medidas adicionales a los memorandos de advertencia; la carta, por sí misma, no aporta respuestas a esas interrogantes.

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