Por Canuto  

Una corte de apelaciones determinó que la investigación del Departamento de Justicia no puede abarcar comunicaciones de periodistas sin una relación concebible con una pesquisa por filtraciones militares. El tribunal ordenó revisar y reducir el alcance de la solicitud dirigida a LinkedIn, y cuestionó también el secreto impuesto a la empresa.
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  • El DOJ había solicitado 18 meses de comunicaciones de periodistas que publicaron más de 1.000 artículos sobre temas diversos.
  • El panel de tres jueces no anuló por completo la orden, pero pidió al tribunal de distrito que la reduzca sustancialmente.
  • La corte también pidió evaluar una alternativa que notificaría a un abogado del medio investigado sobre la solicitud gubernamental.

 

Una corte de apelaciones de Estados Unidos concluyó que una investigación federal sobre una presunta filtración de información militar no justifica rastrear las comunicaciones de periodistas sin vínculo concebible con el caso. El fallo unánime ordena que el tribunal de distrito revise y reduzca sustancialmente la solicitud dirigida a LinkedIn, aunque no la anula por completo. La disputa, reportada por Ars Technica, pone en primer plano el choque entre las necesidades de una pesquisa de seguridad nacional y las protecciones constitucionales asociadas a la libertad de prensa. La agencia AP también informó que la corte ordenó limitar la solicitud de comunicaciones dirigida a LinkedIn.

El Departamento de Justicia pidió a LinkedIn datos de comunicaciones correspondientes a 18 meses de periodistas específicos, quienes en conjunto publicaron más de 1.000 artículos sobre asuntos variados durante ese lapso. La solicitud no se limitó a quienes participaron en un informe controvertido que, según Donald Trump, reveló información militar confidencial en un país extranjero. La publicación involucrada no fue identificada en el material difundido, en atención a secretos de seguridad nacional.

La corte cuestiona el alcance de la solicitud

En lugar de restringir la búsqueda a personas relacionadas directamente con el informe bajo investigación, el DOJ pidió información de usuarios que pudieran haber tenido alguna conexión con los periodistas señalados cuando se preparaba la publicación. LinkedIn sostuvo que esa fórmula podía incluir a una amplia variedad de colegas y contactos que no tenían relación con la pesquisa. El efecto, según la empresa, excedía el caso concreto y podía alcanzar comunicaciones de fuentes confidenciales.

El juez J. Harvie Wilkinson III, nominado por Ronald Reagan, redactó la opinión unánime de un panel de tres jueces. Wilkinson escribió que muchos de los usuarios identificados no tenían una relación concebible con la investigación de la filtración y que podían estar vinculados a medios, universidades o despachos de abogados. Esas conexiones, observó, quizá correspondían a otras historias investigadas por los periodistas durante el mismo periodo, no al informe que motivó la pesquisa.

La corte rechazó el razonamiento del tribunal de distrito, que había considerado que la solicitud no imponía una carga relevante porque LinkedIn podía recopilar técnicamente los datos. Para el panel de apelaciones, la facilidad logística no basta para justificar la entrega de registros cuando la petición plantea riesgos para derechos constitucionales. Wilkinson señaló que los tribunales no deben aprobar solicitudes solo porque una empresa tenga capacidad práctica para reunir la información.

El fallo no desconoce que el gobierno invoca intereses de seguridad nacional, pero sostiene que estos pueden coexistir con la libertad de expresión y de prensa. Wilkinson advirtió que reunir en bloque los registros de reporteros para identificar sus fuentes inclinaría la balanza contra el discurso informado y afectaría la salud democrática. También alertó que una práctica así podría silenciar a quienes revelan acontecimientos relevantes o conductas gubernamentales de legalidad e integridad cuestionables.

El riesgo para las fuentes y la privacidad

LinkedIn argumentó que periodistas de distintos medios suelen publicar sus datos de contacto en la plataforma para facilitar que las fuentes se comuniquen con ellos. Por eso, la empresa sostuvo que el alcance de la orden podía perjudicar no solo a los reporteros específicamente identificados, sino también a una herramienta que utilizan para establecer contactos confidenciales. La corte tomó en cuenta ese argumento al considerar que los registros solicitados podían revelar relaciones profesionales ajenas a la investigación.

La preocupación no se limitaba a los periodistas cuyo nombre aparecía en la solicitud. Si el gobierno accedía a un conjunto extenso de interacciones, también podía obtener información sobre personas que no sabían que sus comunicaciones estaban bajo revisión, señaló la empresa. El tribunal de distrito, según Wilkinson, no evaluó adecuadamente la carga para LinkedIn ni el impacto sobre los derechos de la Primera Enmienda de esos usuarios, que no tenían cómo conocer la búsqueda.

El caso gira alrededor de comunicaciones en una red profesional, pero la disputa judicial también aborda quién puede conocer los contactos de un periodista y bajo qué límites. LinkedIn presentó la amplitud de la solicitud como una amenaza a la posibilidad de que fuentes confidenciales se acerquen a reporteros a través de la plataforma. La corte no declaró que toda petición gubernamental de datos periodísticos sea inválida; ordenó, en cambio, que el tribunal inferior sopese con mayor rigor el alcance y las consecuencias de esta solicitud concreta.

En su declaración, un portavoz de Microsoft, propietaria de LinkedIn, calificó el fallo como importante para la privacidad y la libertad de prensa. La empresa afirmó que ha defendido la capacidad de los periodistas para proteger fuentes confidenciales y que las demandas gubernamentales de información deben someterse a un escrutinio judicial significativo. La decisión, sin embargo, no cierra el proceso ni garantiza que ningún registro llegue al gobierno: el tribunal de distrito todavía debe definir qué partes de la orden pueden mantenerse.

La orden de secreto también queda bajo revisión

La administración Trump había conseguido que LinkedIn no informara a nadie sobre la solicitud durante un año. Para los jueces, ese silencio dejó a los periodistas demasiado tiempo sin saber que sus derechos podían estar comprometidos. La corte de apelaciones pidió revisar también esa restricción y considerar una alternativa más acotada propuesta por LinkedIn: avisar a un solo abogado del medio de comunicación investigado.

El gobierno se opuso a esa notificación limitada al argumentar que el abogado podía no ser confiable o alertar a otras personas sobre la investigación. Wilkinson no consideró suficientes esas objeciones tal como se presentaron hasta ahora. Escribió que los tribunales suelen trabajar con litigantes que no cuentan con información perfecta y que el gobierno debe explicar de qué manera concreta una divulgación restringida pondría en riesgo la pesquisa.

El juez indicó que, si la respuesta gubernamental no resulta más persuasiva que los argumentos presentados hasta el momento, el tribunal debería adoptar la excepción limitada propuesta por LinkedIn. Esa recomendación no equivale a una decisión definitiva sobre la notificación: la corte devolvió el asunto al tribunal de distrito para que examine la propuesta y determine cómo modificar la orden de secreto. El siguiente paso dependerá de las razones que presente el gobierno y de la evaluación judicial de esos riesgos.

LinkedIn había solicitado anular por completo la orden, pero el panel optó por una solución intermedia: mantener la investigación dentro de límites más estrechos y exigir una nueva ponderación de sus efectos. Una orden reducida podría evitar que la administración obtenga una gama extensa de interacciones entre periodistas y fuentes, aunque no necesariamente impediría que usuarios sin relación directa con el caso queden incluidos. La corte dejó así abierta la tarea de fijar el alcance concreto de la divulgación.

Grupos de derechos civiles, entre ellos el Reporters Committee for Freedom of the Press, respaldaron a LinkedIn durante la disputa. Bruce D. Brown, presidente de esa organización, celebró el fallo como una victoria para el periodismo y afirmó que las fuentes confidenciales son la sangre vital de las investigaciones periodísticas. Brown sostuvo que exigir en bloque a empresas tecnológicas datos que permitan revelar esas fuentes vulnera la ley; esa valoración pertenece al grupo defensor, mientras el tribunal ordenó que el caso continúe con una revisión más estricta.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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