El Salvador avanzó hacia el desembolso de USD $140 millones del FMI después de demostrar que sus compras recientes de BTC provinieron de donaciones privadas. El acuerdo todavía necesita la aprobación de la Junta Ejecutiva, mientras el país mantiene miles de bitcoins y enfrenta límites sobre nuevas adquisiciones con fondos públicos.
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- El acuerdo a nivel de personal combina la segunda y tercera revisión del programa de financiamiento de 40 meses.
- El FMI verificó que el BTC añadido después de la primera revisión procedió de donaciones privadas y no de recursos estatales.
- El rastreador de la Oficina Nacional de Bitcoin registra aproximadamente BTC 7.764, valorados en unos USD $628 millones.
🚨 El Salvador podría recibir USD 140 millones del FMI
El acuerdo requiere aprobación de la Junta Ejecutiva.
El FMI validó que las compras recientes de BTC fueron donaciones privadas.
El país registra 7.764 BTC, valorados en USD 628 millones.
Persisten límites a nuevas… pic.twitter.com/YGU8JZUflu
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) September 4, 2026
El Salvador alcanzó un acuerdo a nivel de personal con el Fondo Monetario Internacional que podría abrirle acceso a aproximadamente USD $140 millones en fondos frescos. El entendimiento llegó después de que las autoridades demostraran que las compras de BTC realizadas tras la primera revisión del programa fueron financiadas mediante donaciones privadas, y no con dinero público, un punto central en la relación entre el Gobierno y el prestamista.
El acuerdo agrupa la segunda y tercera revisión del programa de préstamos de 40 meses, iniciado bajo una facilidad total cercana a USD $1.400 millones en febrero de 2025. Sin embargo, el desembolso no es automático: todavía requiere la aprobación de la Junta Ejecutiva del FMI y el cumplimiento de las acciones previas contempladas en el programa, por lo que el anuncio representa un avance, pero no la entrega definitiva de los recursos.
El origen de las compras de Bitcoin
La procedencia del dinero utilizado para adquirir BTC se convirtió en una condición determinante para que El Salvador pudiera avanzar dentro del acuerdo financiero. Los documentos presentados por las autoridades salvadoreñas confirmaron, según el FMI, que las monedas incorporadas a las reservas después de la primera revisión procedían de donantes privados, una explicación destinada a demostrar que el sector público no había utilizado recursos fiscales para ampliar sus tenencias.
La distinción importa porque el programa con el FMI impone restricciones específicas sobre la actividad de Bitcoin del Estado. Aunque el país conserva su política de mantener BTC, el prestamista busca evitar que nuevas adquisiciones públicas aumenten las presiones financieras o contradigan los compromisos asumidos dentro del programa de estabilización económica.
En su comunicación, el FMI indicó que no espera una acumulación adicional más allá de las donaciones que ya fueron documentadas. Esa formulación deja abierta una diferencia entre mantener los activos existentes y realizar nuevas compras con fondos estatales, una separación que seguirá siendo observada mientras el acuerdo avance hacia la Junta Ejecutiva.
La situación también refleja el cambio en la relación institucional desde que El Salvador convirtió a BTC en moneda de curso legal, en septiembre de 2021. El presidente Nayib Bukele presentó entonces la medida como una herramienta para modernizar la economía y ampliar el acceso financiero de los ciudadanos sin cuenta bancaria, pero el vínculo con el FMI se volvió tenso a partir de esa decisión.
Un programa de financiamiento con condiciones
El entendimiento actual se apoya en un programa que comenzó en febrero de 2025 y que contempla recursos equivalentes a cerca del 360% de la cuota de El Salvador ante el FMI. El monto total aproximado de USD $1.400 millones busca respaldar las finanzas del país, mientras las revisiones periódicas permiten evaluar el cumplimiento de las metas económicas y de las condiciones relacionadas con Bitcoin.
En diciembre de 2024, El Salvador aceptó limitar la actividad de Bitcoin del sector público, permitir que la aceptación privada fuera voluntaria y desmantelar el control gubernamental sobre la billetera Chivo. Posteriormente, en marzo de 2025, el FMI fue más lejos al prohibir la acumulación voluntaria de BTC por parte del sector público, con lo que buscó contener la exposición directa del Estado al activo digital.
Bukele insistió en que las compras continuarían y afirmó que el país seguiría agregando al menos un BTC por día. No obstante, Cryptopolitan informó posteriormente, en septiembre de ese año, que las tenencias de Bitcoin del Gobierno no habían aumentado, mientras Meera Louis, oficial de comunicaciones del FMI, explicó que las ganancias observadas en el fondo de reserva respondían al movimiento de monedas entre billeteras estatales y no a adquisiciones nuevas.
La controversia volvió a intensificarse cuando El Salvador comunicó en noviembre de 2025 que había comprado BTC 1.090 por un valor de USD $100 millones. Ese anuncio planteó dudas sobre el cumplimiento de las reglas del FMI, especialmente porque el organismo había establecido límites para la acumulación pública y porque el nuevo acuerdo depende de una evaluación documentada sobre el origen de los activos incorporados.
El tamaño de las reservas y el costo económico
El rastreador de la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador muestra que el país posee aproximadamente BTC 7.764. Con un precio cercano a USD $80.900 por unidad, esas reservas tendrían un valor total aproximado de USD $628 millones, aunque esa valoración puede variar con las fluctuaciones del mercado y no representa necesariamente efectivo disponible para financiar el presupuesto público.
Ese cálculo ubica a El Salvador en el quinto lugar entre los gobiernos con mayores tenencias de Bitcoin, detrás de países que incluyen a China, el Reino Unido y Ucrania, de acuerdo con el registro citado en la información de origen. La posición refuerza la visibilidad internacional de la estrategia salvadoreña, pero también expone al país a debates sobre volatilidad, custodia, transparencia y uso de recursos públicos.
En el plano macroeconómico, el FMI proyecta un crecimiento del producto interno bruto real de 4,5% para El Salvador en 2026. La institución atribuye esa expectativa al impulso combinado de la inversión, las remesas, el turismo y el gasto de consumo, factores que podrían mejorar la actividad económica aunque no eliminan las tensiones sociales asociadas con el programa de austeridad.
El organismo también prevé que el superávit primario del sector público aumente de 2,9% del PIB a 3,7% para 2027. Al mismo tiempo, alrededor del 30% de los salvadoreños continúa viviendo en la pobreza, lo que coloca las metas fiscales y la búsqueda de financiamiento externo frente a una realidad social que limita el margen político para aplicar recortes.
Despidos, Chivo y el futuro de la estrategia
Los efectos del programa de austeridad han generado críticas entre economistas y organizaciones laborales. Estimaciones citadas en la información de origen calculan que unos 15.000 trabajadores estatales han perdido sus puestos desde 2024 bajo los términos del programa, mientras los sindicatos elevan la cifra a 47.000 empleos desde que Bukele asumió la Presidencia en 2019.
Las diferencias entre ambas cifras muestran que el impacto laboral depende de la metodología y del periodo utilizado para medirlo. Aun así, el contraste evidencia una tensión persistente: el Gobierno necesita cumplir objetivos fiscales para mantener el respaldo financiero internacional, pero enfrenta cuestionamientos sobre el costo de esas medidas para los trabajadores y los hogares con menores ingresos.
La estructura de Chivo también cambió dentro de este proceso. Una empresa privada posee actualmente la mayoría de la billetera y administra sus operaciones diarias, mientras el Gobierno conserva una participación accionaria pequeña y mantiene la responsabilidad de proteger los fondos de los clientes, una combinación que separa la gestión operativa de la supervisión estatal.
El próximo paso será la evaluación de la Junta Ejecutiva del FMI, que deberá aprobar el acuerdo para que los USD $140 millones queden disponibles. Mientras tanto, el país conserva una reserva significativa de BTC y una política que convirtió al activo en un símbolo nacional, pero la documentación sobre donaciones privadas y los límites a las compras públicas definirán cuánto espacio tendrá para seguir acumulando.
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