Por Canuto  

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió un proceso para compensar a las víctimas de OneCoin, uno de los mayores fraudes vinculados al sector cripto. La medida pone sobre la mesa más de USD $40 millones en activos decomisados, aunque el daño global atribuido al esquema supera con creces esa cifra.
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  • El Departamento de Justicia de EE. UU. habilitó reclamos para quienes compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y sufrieron pérdidas netas.
  • Hay más de USD $40 millones en activos decomisados para compensar a las víctimas del esquema, que causó pérdidas superiores a USD $4.000 millones.
  • Ruja Ignatova sigue desaparecida desde 2017, mientras Karl Sebastian Greenwood fue condenado a 20 años de prisión en 2023.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha un proceso de compensación para las víctimas de OneCoin, el esquema fraudulento que durante años se presentó como una gran alternativa a Bitcoin. La iniciativa utilizará activos decomisados a algunos de los responsables de la operación para intentar devolver parte del dinero perdido por los afectados.

La medida aplica a personas que compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y que registraron una pérdida neta. Según informó Cointelegraph, el monto actualmente disponible supera los USD $40 millones, una cifra relevante, aunque pequeña frente a la magnitud total del daño económico asociado al caso.

El fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, describió el proceso como “un paso importante hacia la devolución de fondos a quienes resultaron perjudicados”. También afirmó que, aunque ninguna recuperación puede revertir por completo el daño, su oficina continuará trabajando para decomisar ganancias ilícitas y priorizar el retorno del dinero a las víctimas.

El caso OneCoin ocupa un lugar singular dentro de la historia reciente de los fraudes financieros con narrativa tecnológica. Aunque fue promocionado como un proyecto de criptomonedas, con promesas de rivalizar con Bitcoin, la operación terminó convertida en uno de los mayores escándalos de alcance global relacionados con activos digitales.

Un fraude global disfrazado de criptomoneda

OneCoin fue lanzado en 2014 por Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood en Bulgaria. Su propuesta se apoyó en el discurso de la innovación financiera y en la promesa de participar desde temprano en una moneda digital capaz de superar a BTC. Con esa narrativa, logró atraer a millones de personas alrededor del mundo.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, entre 2014 y finales de 2016 el esquema habría robado más de USD $4.000 millones a cerca de 3,5 millones de víctimas. La cifra ya lo ubica entre los mayores fraudes de su tipo. Sin embargo, algunas estimaciones sobre las pérdidas globales elevan ese monto hasta USD $19.000 millones.

Antes de su colapso, OneCoin incluso llegó a ser presentado como la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado. Ese dato ayuda a entender el alcance de la campaña comercial del proyecto, pero también subraya el problema de fondo: la supuesta moneda carecía de utilidad real, un hecho que terminó por salir a la luz cuando usuarios e investigadores comenzaron a examinarla con mayor detalle.

Para muchos lectores menos familiarizados con el caso, OneCoin es recordado como un ejemplo clásico de cómo una narrativa sobre blockchain puede ser usada para vestir un esquema Ponzi. En estos montajes, los ingresos no provienen de una actividad económica genuina, sino del dinero aportado por nuevos participantes, hasta que el sistema deja de sostenerse.

La expansión de OneCoin en Estados Unidos comenzó alrededor de 2015. Desde entonces, las autoridades fueron reconstruyendo la forma en que sus promotores vendían una promesa falsa con apariencia de oportunidad financiera disruptiva. Clayton resumió ese punto al señalar que los fundadores “vendieron una mentira disfrazada de criptomoneda”.

Advertencias tempranas y caída del esquema

La caída de OneCoin no ocurrió de un día para otro. Antes del derrumbe definitivo, varios bancos centrales ya habían comenzado a advertir al público sobre el proyecto. Entre ellos figuraron los de Letonia, Suecia y Noruega, que señalaron a OneCoin como un posible esquema Ponzi.

Esas alertas fueron relevantes porque mostraban que el escepticismo no surgió solo tras el colapso. Incluso mientras la organización seguía captando usuarios, reguladores y autoridades financieras detectaban señales típicas de una estructura insostenible, entre ellas la opacidad operativa y la falta de un uso genuino para la moneda promovida.

Con el tiempo, las investigaciones internacionales fueron cercando a la empresa. La policía búlgara allanó la sede de OneCoin en 2018 y arrestó a Karl Sebastian Greenwood. Ese operativo marcó un punto de quiebre visible en la ofensiva legal contra la organización y confirmó la gravedad de las acusaciones.

Greenwood fue condenado en septiembre de 2023 a 20 años de prisión por su papel en el esquema. Su sentencia representó una de las principales consecuencias penales del caso hasta ahora, pero no resolvió el aspecto más complejo para miles de afectados: la posibilidad de recuperar aunque sea una fracción de los fondos perdidos.

Compensación parcial y búsqueda de justicia

La apertura del proceso de reclamos por parte de Estados Unidos apunta precisamente a ese frente. Los más de USD $40 millones en activos decomisados están destinados a compensar a quienes compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y terminaron con pérdidas netas. El programa busca canalizar recursos ya confiscados hacia los perjudicados.

Sin embargo, la diferencia entre el dinero disponible y las pérdidas atribuidas al fraude deja claro que el resarcimiento será necesariamente parcial. Si se toma como referencia la estimación del Departamento de Justicia, el daño superó los USD $4.000 millones. Si se consideran los cálculos más altos, la brecha es aún mucho mayor.

Aun así, el inicio del proceso tiene peso simbólico y práctico. En el plano simbólico, confirma que las autoridades buscan traducir los decomisos en algún beneficio directo para las víctimas. En el plano práctico, ofrece una vía formal para que los afectados intenten recuperar parte de sus recursos tras años de litigios e investigaciones.

El anuncio también vuelve a poner el foco sobre un tema recurrente en el ecosistema cripto: la dificultad de distinguir entre innovación legítima y estructuras fraudulentas cuando un proyecto se apoya más en campañas de mercadeo que en tecnología verificable. El caso OneCoin sigue siendo una referencia obligada en ese debate.

La figura de Ruja Ignatova sigue siendo una pieza central

Mientras Greenwood ya recibió condena, la situación de Ruja Ignatova continúa envuelta en misterio. La cofundadora de OneCoin fue vista por última vez en 2017, cuando abordó un vuelo hacia Atenas. Desde entonces, permanece desaparecida.

Ignatova integra la lista de las “Diez personas fugitivas más buscadas” del FBI. La agencia ofrece USD $5 millones por información que conduzca a su captura y condena. Su ausencia ha convertido el caso en una historia que mezcla fraude financiero internacional, evasión y persecución transfronteriza.

Su desaparición también ha reforzado la dimensión pública del escándalo. Más allá de la mecánica del fraude, OneCoin quedó asociado a una figura central que logró construir una marca global, atraer millones de personas y luego desvanecerse cuando las investigaciones empezaron a cerrarse sobre la organización.

Con la nueva etapa de compensación abierta en Estados Unidos, el caso suma un capítulo orientado a las víctimas, no solo a los acusados. No borra el daño causado, pero sí refleja un intento concreto de convertir los activos recuperados en reparación económica, aunque sea limitada, para quienes quedaron atrapados en una de las mayores estafas de la era cripto.


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