Por Canuto  

Corea del Sur mantiene para enero de 2027 un impuesto de hasta 22% sobre ingresos por criptomonedas, incluso cuando los activos estén en carteras privadas o bolsas extranjeras. El gobierno reconoce que la autocustodia complica el rastreo, mientras revisa el tratamiento de staking, préstamos, airdrops y bifurcaciones.

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  • Los ingresos cripto superiores a 2,5 millones de wones anuales enfrentarán un impuesto nacional de 20% y una tasa combinada máxima de 22%.
  • El Servicio de Impuestos Nacionales planea usar declaraciones financieras internacionales y el CARF para rastrear activos en plataformas extranjeras.
  • Las autoridades aún revisan las reglas aplicables a staking, préstamos, airdrops y bifurcaciones duras.

 

 

Corea del Sur confirmó que los ingresos obtenidos mediante la transferencia o el préstamo de activos digitales quedarán sujetos a impuestos aunque las criptomonedas permanezcan en una cartera privada o en una bolsa extranjera.

El régimen, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027, aplicará una deducción básica anual de KRW 2.500.000 y gravará el excedente con un impuesto nacional de 20%, que puede llegar a una tasa combinada máxima de 22% al sumar el tributo local.

La definición alcanza a los residentes surcoreanos sin importar el lugar donde se custodien los activos ni si la operación utiliza un intermediario nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio de Impuestos Nacionales señalaron que el tratamiento fiscal depende de la generación del ingreso, no del método de custodia empleado por el inversor.

La confirmación fue divulgada por Digital Asset el 20 de agosto, a partir de respuestas entregadas por el gobierno al legislador Kim Sang-hoon, del Partido del Poder Popular. Las autoridades sostuvieron que el impuesto debería comenzar según el calendario previsto, aunque ese partido ha promovido iniciativas para eliminarlo o retrasarlo nuevamente.

La autocustodia no elimina la obligación tributaria

Para el fisco surcoreano, mantener criptomonedas en una cartera sin custodia no cambia la obligación de declarar los ingresos imponibles. La regla se refiere a las ganancias derivadas de transferir o prestar activos digitales, por lo que separa la responsabilidad del contribuyente de la capacidad práctica del Estado para identificar cada movimiento en la cadena de bloques.

El Servicio de Impuestos Nacionales reconoció que las carteras privadas representan un reto de aplicación porque una persona puede crear numerosas direcciones sin depender de una entidad centralizada. Esa estructura dificulta vincular las transacciones con una identidad y detectar operaciones no declaradas, incluso cuando el principio tributario aplicable ya está definido.

La agencia indicó que todavía existen límites prácticos para identificar cada transacción realizada mediante autocustodia. Como respuesta, planea incorporar herramientas de seguimiento y análisis de transacciones destinadas a reducir las brechas de fiscalización, aunque la información disponible no detalla el alcance técnico ni el calendario de esos programas.

El gobierno ya había distinguido la autocustodia en otro ámbito regulatorio. En enero de 2024, el Servicio de Impuestos Nacionales indicó que los activos almacenados en carteras sin custodia, como MetaMask, no estaban sujetos a la declaración separada de cuentas financieras en el extranjero, porque un proveedor extranjero de cartera no controla directamente esos fondos.

La diferencia resulta relevante para los inversores: una regla aborda la obligación de informar determinadas cuentas financieras, mientras que la nueva confirmación trata sobre los ingresos generados por los propios activos digitales. Por ello, que una cartera no active un reporte financiero específico no significa que sus ganancias queden fuera del impuesto sobre la renta.

El rastreo de bolsas extranjeras incorporará mecanismos internacionales

Cuando las criptomonedas estén depositadas o se negocien en plataformas extranjeras, el Servicio de Impuestos Nacionales prevé utilizar el sistema surcoreano de declaración de cuentas financieras en el exterior. También recurrirá al Marco de Información de Criptoactivos, conocido como CARF, para ampliar el acceso a datos que podrían quedar fuera de los sistemas nacionales.

El CARF fue desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con el objetivo de facilitar el intercambio automático de información sobre transacciones de criptoactivos entre jurisdicciones fiscales participantes. Su diseño busca que las autoridades puedan recibir datos de operaciones transfronterizas que, de otro modo, resultarían difíciles de obtener mediante declaraciones domésticas.

Corea del Sur también ha reforzado el control sobre la actividad cripto internacional mediante normas adicionales. En mayo, los legisladores aprobaron reglas que obligan a registrarse ante el ministro de Finanzas a las empresas que gestionen transferencias transfronterizas de activos digitales entre Corea del Sur y otros países.

La legislación creó una categoría para los servicios de transferencia de activos virtuales, que incluye compras, ventas e intercambios realizados entre el mercado surcoreano y jurisdicciones extranjeras. Bolsas, custodios y otras compañías que faciliten movimientos de ese tipo podrían quedar dentro del régimen de registro, dependiendo de las actividades que desarrollen.

La magnitud de los flujos hacia el exterior ayuda a explicar el interés de los reguladores por las plataformas extranjeras y la autocustodia. Datos del Servicio de Supervisión Financiera correspondientes a la segunda mitad de 2025 mostraron salidas de criptomonedas desde bolsas surcoreanas hacia plataformas extranjeras y carteras privadas por un valor de USD $60.000 millones.

El calendario de 2027 sigue vigente pese a la disputa política

El Ministerio de Economía y Finanzas reiteró que la tributación debería comenzar en 2027, bajo el principio de que los ingresos se gravan donde se generan. Los funcionarios afirmaron que continuarán revisando los estándares de implementación y los procedimientos administrativos para que el sistema esté listo antes del inicio previsto.

El Servicio de Impuestos Nacionales informó que ya terminó el desarrollo de un sistema de gestión de fuentes tributarias y que construye una plataforma integrada de análisis para apoyar la fiscalización. Las principales bolsas locales también participan en los preparativos, dado que sus registros pueden resultar necesarios para calcular los ingresos imponibles de los usuarios.

En mayo, el organismo tributario trabajaba con Dunamu, operador de Upbit, y con Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax en una guía detallada sobre la aplicación del régimen. El documento debía abordar los registros de transacciones y otros datos requeridos para determinar los ingresos sujetos al impuesto, aunque la información proporcionada no confirma una versión final publicada.

Con las reglas actuales, el impuesto alcanzará los ingresos generados desde el 1 de enero de 2027. El primer periodo completo de declaración para los inversores afectados ocurriría en mayo de 2028, cuando reporten los ingresos obtenidos durante el año anterior.

La fecha actual llegó después de varios aplazamientos vinculados con la infraestructura de declaración, la carga para los inversores y el tamaño de la deducción básica. El impuesto fue incorporado mediante reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero su aplicación se postergó mientras los legisladores discutían cómo administrar un mercado que opera entre intermediarios regulados, protocolos y carteras privadas.

La oposición política no ha desaparecido. En marzo, el Partido del Poder Popular presentó una iniciativa para abolir el gravamen, argumentando que aplicar un impuesto específico a los activos digitales mientras otras formas de ingresos por inversión reciben un trato distinto genera una carga injusta para los usuarios de criptomonedas.

Una petición pública que solicitaba derogar el impuesto superó posteriormente las 50.000 firmas y provocó una revisión del comité de la Asamblea Nacional en mayo. Sus promotores cuestionaron la deducción de KRW 2.500.000 y sostuvieron que no debería gravarse la inversión en criptomonedas mientras Corea del Sur no aplica el mismo sistema a las ganancias provenientes de acciones y bonos.

Staking y airdrops todavía carecen de un criterio definitivo

El marco no ha resuelto todas las formas en que los inversores pueden recibir activos digitales. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio de Impuestos Nacionales dijeron que aún revisan el tratamiento de las recompensas por staking, los préstamos, los airdrops y las bifurcaciones duras, debido a las diferencias económicas y técnicas entre cada actividad.

Los activos entregados gratuitamente por una bolsa podrían quedar gravados en determinadas circunstancias. Según las autoridades, las distribuciones que califiquen como bienes o premios bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta pueden clasificarse como otros ingresos, incluso si el contribuyente no realizó una venta convencional para recibirlos.

La clasificación puede modificar el momento en que surge la obligación fiscal y la forma de calcular el costo de adquisición. Recompensas de staking, distribuciones de protocolos y monedas surgidas de una división de cadena pueden tener fechas de recepción y bases de costo diferentes, lo que exige criterios separados para valorar cada ingreso.

El gobierno tampoco ofreció una proyección sobre la recaudación esperada. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Servicio de Impuestos Nacionales respondieron a la oficina de Kim Sang-hoon que todavía resulta difícil elaborar una estimación razonable, debido a la incertidumbre sobre el comportamiento de los inversores, los precios y el volumen de operaciones que finalmente se declare.

La combinación de un alcance amplio y herramientas de fiscalización aún en desarrollo plantea una tensión central para el régimen. Corea del Sur quiere mantener la obligación tributaria sobre los ingresos generados en cualquier modalidad de custodia, pero reconoce que convertir ese principio en cobros verificables será especialmente complejo cuando las operaciones no pasan por una plataforma identificable.

El próximo tramo de la implementación dependerá de las guías administrativas, los sistemas de análisis y las decisiones legislativas que se adopten antes de 2027. Hasta que se definan los criterios para staking, airdrops, préstamos y bifurcaciones, los inversores tendrán un marco general de tributación, pero no todas las respuestas operativas para calcular sus obligaciones.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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