El presidente de la SEC, Paul Atkins, afirmó que la agenda regulatoria de la agencia avanzará aunque el Senado no apruebe la Ley CLARITY. Su plan contempla nuevas vías para emitir tokens, modernizar las reglas de transferencia y permitir soluciones alternativas para la custodia de criptomonedas.
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- Paul Atkins dijo que la SEC seguirá implementando Project Crypto aunque la Ley CLARITY no supere la votación de procedimiento del Senado.
- La agencia prepara reglas para facilitar la emisión de tokens y actualizar normas de agentes de transferencia vigentes desde hace décadas.
- La SEC también estudia permitir la autocustodia por parte de asesores de inversión y habilitar a empresas fiduciarias estatales como custodios cripto.
🚨 SEC mantendrá su agenda cripto pese a obstáculos para la Ley CLARITY
Atkins confirmó que Project Crypto avanzará en paralelo al Senado.
La SEC prepara reglas para emitir tokens, modernizar transferencias y ampliar la custodia.
Evalúa autocustodia para asesores y custodios… pic.twitter.com/zMB7OiPCBI
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) September 15, 2026
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Paul Atkins, aseguró que la agenda regulatoria de la agencia para los activos digitales no depende por completo de la aprobación de la Ley CLARITY. Durante su discurso principal del 14 de septiembre en la cumbre del Solana Policy Institute, Atkins sostuvo que la SEC avanzará con sus propios proyectos mientras el Senado se prepara para una votación de procedimiento sobre la iniciativa.
La declaración introduce una lectura menos binaria del proceso legislativo, que tenía prevista para el 15 de septiembre una votación para cerrar el debate. Aunque Atkins respaldó la Ley CLARITY, su mensaje fue que la Comisión mantiene un calendario paralelo para abordar la emisión, negociación, transferencia y custodia de criptoactivos bajo la legislación estadounidense.
La SEC no esperará al Congreso
La Ley CLARITY busca establecer límites más definidos entre la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, conocida como CFTC. La primera agencia supervisa la negociación de acciones, bonos y otros valores, mientras la segunda regula las materias primas, y la distribución de competencias sobre las criptomonedas ha sido uno de los conflictos centrales de la política estadounidense de activos digitales.
La votación prevista es una medida de procedimiento del Senado para cerrar el debate, no la aprobación definitiva de la ley, y requiere 60 votos. El escenario descrito en la información de origen incluye una oposición creciente de grupos bancarios y de fiscales generales estatales, factores que han aumentado la incertidumbre sobre el desenlace legislativo y que explican la importancia del mensaje enviado por Atkins.
“Con o sin esa legislación, esta Administración entregará resultados para los inversores estadounidenses y los innovadores tecnológicos”, dijo Atkins, según la transcripción de la SEC. El funcionario añadió: “Se hicieron promesas, y se cumplirán”, una formulación que presenta la actividad regulatoria de la agencia como un compromiso que continuará incluso si el proyecto enfrenta nuevas dificultades políticas.
Atkins describió los trabajos de la SEC como tres esfuerzos conectados dentro de Project Crypto, y no como medidas aisladas para responder a problemas puntuales. En su planteamiento, cada iniciativa cubre una etapa distinta del ciclo de los activos digitales, desde la captación de capital hasta el registro de propietarios y la protección de los fondos administrados por profesionales.
Tres pilares para los activos digitales
El primer proyecto se denomina Regulation Crypto Assets y pretende crear una vía definida para que los emisores de tokens recauden capital en Estados Unidos bajo la legislación federal de valores. Atkins lo calificó como “uno de los pasos más significativos que esta Comisión ha tomado jamás para modernizar la regulación federal de valores”, de acuerdo con la transcripción de su intervención.
La SEC presentó la iniciativa como una propuesta de reglas para crear un régimen adaptado a determinadas ofertas de valores vinculadas con contratos de inversión. El objetivo descrito es ofrecer un camino regulatorio más claro para la captación de capital mediante tokens, sin abandonar el marco de las normas federales de valores.
El segundo frente contempla la actualización de las normas aplicables a los agentes de transferencia. Atkins señaló que esas reglas no han sido revisadas de manera significativa en unos 40 años, pese a que estos intermediarios cumplen una función fundamental al registrar quién posee acciones y bonos dentro de los mercados tradicionales.
La modernización de ese sistema es presentada como un requisito previo para que los valores tokenizados puedan operar a escala institucional. Si los registros de propiedad y las transferencias digitales no encajan con las necesidades de grandes participantes financieros, la tokenización puede quedar limitada a pruebas aisladas en lugar de integrarse en infraestructuras de mercado más amplias.
El tercer pilar está relacionado con la custodia de criptomonedas, uno de los obstáculos que ha mantenido a muchos asesores de inversión registrados al margen del sector. Atkins dijo que pidió al personal de la SEC desarrollar una propuesta que permita a esos asesores mantener la custodia propia de criptoactivos cuando todavía no exista un custodio calificado de terceros.
La iniciativa no se limitaría a la autocustodia de los asesores, ya que también abriría una vía para que empresas fiduciarias con licencia estatal actúen como custodios. Con ello, la SEC busca responder a una limitación práctica del mercado: la disponibilidad insuficiente de proveedores autorizados capaces de custodiar activos digitales para clientes institucionales y profesionales.
Un calendario regulatorio paralelo
La combinación de emisión, transferencia y custodia forma lo que Atkins definió como “tres pilares de una arquitectura regulatoria única, racional e integral”. El diseño intenta conectar las distintas etapas de la actividad cripto, en lugar de tratar cada producto o servicio como un problema independiente dentro del régimen financiero estadounidense.
La primera vía se concentra en cómo los emisores pueden recaudar capital; la segunda, en cómo se registra y actualiza la propiedad; y la tercera, en quién puede proteger los activos de los clientes. Esa secuencia muestra por qué la SEC considera que sus proyectos pueden avanzar de manera coordinada aunque el Congreso todavía no haya fijado una división definitiva entre la SEC y la CFTC.
La votación del Senado conserva relevancia porque una aprobación de la Ley CLARITY podría establecer por ley las fronteras institucionales que el sector reclama. Sin embargo, el discurso de Atkins sugiere que el mercado no debería interpretar el 15 de septiembre como un evento único capaz de decidir por sí solo el rumbo de la regulación cripto en Estados Unidos. La evidencia disponible confirma la convocatoria de la votación de procedimiento, pero no permite afirmar aquí cuál fue su resultado.
El mensaje también traslada parte de la presión hacia la propia SEC, que deberá convertir sus anuncios en propuestas concretas y procesos regulatorios verificables. La declaración política ofrece una señal de continuidad, pero la información disponible no presenta todavía calendarios detallados para las tres iniciativas ni confirma cuándo podrían publicarse formalmente.
Para los participantes del mercado, la consecuencia inmediata es que la incertidumbre legislativa convivirá con una agenda administrativa activa. Emisores de tokens, operadores de infraestructuras, proveedores de custodia y asesores de inversión tendrán que seguir de cerca tanto el debate sobre la Ley CLARITY como las medidas que la SEC desarrolle bajo Project Crypto.
Atkins presentó sus propuestas como una respuesta independiente al posible estancamiento legislativo, sin abandonar su respaldo al proyecto debatido por el Senado. En ese escenario de doble vía, la regulación estadounidense podría avanzar mediante nuevas normas de la SEC mientras el Congreso intenta definir una arquitectura permanente para los activos digitales.
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