Por Canuto  

El representante Thomas Massie presentó ocho artículos de juicio político contra el secretario de Guerra Pete Hegseth, antes secretario de Defensa, con acusaciones que abarcan operaciones militares no autorizadas, presuntas ejecuciones extrajudiciales y represalias contra un senador. Aunque la iniciativa enfrenta pocas posibilidades en una Cámara controlada por republicanos, podría obligar a sus miembros a fijar posición públicamente.
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  • Thomas Massie acusa a Pete Hegseth de violar la Ley de Poderes de Guerra y desobedecer plazos establecidos por el Congreso.
  • Los cargos también cuestionan ataques en Irán, Venezuela, Yemen y el Caribe, además de presuntas represalias contra el senador Mark Kelly.
  • La resolución probablemente no prosperará, pero las reglas de la Cámara podrían llevarla directamente al pleno para una votación pública.

El representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, presentó ocho artículos de juicio político contra el secretario de Guerra Pete Hegseth —quien anteriormente ocupaba el cargo de secretario de Defensa—, en una ofensiva que busca someter a votación las decisiones militares de la administración de Donald Trump. Los cargos plantean presuntos abusos de poder relacionados con Irán, Venezuela, Yemen y el mar Caribe, además de una supuesta represalia contra el senador demócrata Mark Kelly.

La iniciativa tiene pocas probabilidades de ser aprobada por una Cámara de Representantes controlada por los republicanos, pero podría producir un efecto político relevante. Las reglas de la Cámara permiten que un legislador presente una resolución de juicio político directamente ante el pleno, de modo que Massie podría obligar a sus colegas a registrar públicamente su posición sobre la conducta de Hegseth.

Una ofensiva centrada en los poderes de guerra

Los tres primeros artículos se apoyan en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, una norma que concede al presidente 60 días para obtener autorización del Congreso cuando Estados Unidos participa en un conflicto armado. Según los documentos presentados por Massie, ese plazo ya venció y Hegseth habría tratado obligaciones legales de cumplimiento obligatorio como si fueran decisiones discrecionales.

Massie sostiene que el secretario de Guerra participó en el lanzamiento de una guerra sin demostrar que Estados Unidos enfrentaba una amenaza inminente, una condición relevante dentro del marco legal citado. También lo acusa de continuar el conflicto después de que el Congreso aprobara una resolución que ordenaba ponerle fin y de ignorar los plazos de retirada incluidos en esa medida.

La disputa expone una tensión constitucional que aparece con frecuencia en la política estadounidense: el Ejecutivo dirige las operaciones militares, mientras el Congreso conserva la autoridad para declarar guerras, financiar campañas y establecer límites a su duración. Para Massie, el problema no consiste solamente en el criterio estratégico de Hegseth, sino en la supuesta negativa del Departamento de Guerra a reconocer las restricciones aprobadas por los legisladores.

En su comunicado, el congresista afirmó que Hegseth estaba abusando del cargo para ignorar las resoluciones del Congreso sobre poderes de guerra, secuestrar a líderes extranjeros e intimidar a críticos de la administración Trump. Esas afirmaciones forman parte de la justificación política de la resolución y deberán distinguirse de hechos establecidos si la Cámara decide examinar formalmente los artículos.

Cuestionamientos por daños a civiles y ataques extrajudiciales

Otros dos artículos se enfocan en ataques estadounidenses en Irán y cerca de Venezuela, con énfasis en las normas destinadas a reducir las bajas civiles. Massie señala de manera particular el ataque del 28 de febrero contra la Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh, una operación que, según los documentos citados, mató a decenas de civiles, incluidos numerosos niños.

Los artículos alegan que funcionarios del Departamento de Guerra recibieron advertencias sobre información desactualizada antes del ataque, pero no actuaron para evitarlo. La acusación sostiene que Hegseth incumplió de forma intencional y sistemática las leyes y directivas destinadas a proteger a civiles, debilitó los mecanismos de prevención y mitigación de daños y provocó de manera previsible la muerte o lesiones de más de 200 personas.

La formulación presentada por Massie describe el episodio como algo más grave que un error de juicio operacional, porque lo vincula con un supuesto abuso extraordinario de las facultades del secretario de Guerra. También afirma que la conducta reflejaría desprecio por los civiles que el Departamento de Guerra debía proteger y por los militares bajo la responsabilidad de Hegseth, aunque esas conclusiones corresponden a los alegatos de la resolución.

Un artículo adicional cuestiona los ataques de la administración Trump contra presuntos narcotraficantes en el mar Caribe, operaciones que, según la información citada, han causado más de 200 muertes. Massie las califica como ejecuciones sumarias porque las víctimas habrían sido atacadas sin cargos ni condenas, y sostiene que la estrategia tampoco detuvo el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos.

La acusación por represalias contra Mark Kelly

El sexto artículo acusa a Hegseth de violar el derecho constitucional del senador Mark Kelly a la libertad de expresión. El caso se relaciona con declaraciones de Kelly en las que recordó a integrantes de las Fuerzas Armadas que tienen la obligación de negarse a cumplir órdenes ilegales, un mensaje que el secretario de Guerra habría intentado castigar.

De acuerdo con los documentos descritos en la noticia, Hegseth intentó privar a Kelly de su rango y reducir parte de su pensión militar. Un juez federal bloqueó esas medidas y determinó que la actuación vulneraba los derechos constitucionales de Kelly, lo que Massie utiliza como fundamento para sostener que el secretario tomó represalias contra un legislador por ejercer una libertad protegida constitucionalmente.

La acusación combina una disputa sobre disciplina militar con una cuestión de límites institucionales, porque Kelly es senador y sus comentarios se produjeron en el marco de un debate público sobre la legalidad de las órdenes. Para los promotores de los artículos, castigar ese tipo de advertencias podría disuadir a funcionarios y legisladores de cuestionar operaciones que consideren contrarias a la ley.

Sin embargo, que una resolución llegue al pleno no significa que la Cámara vaya a aprobarla ni que el Senado vaya a iniciar un proceso de destitución. La mayoría republicana puede rechazar los cargos, bloquear su avance o convertir la votación en un debate partidista, aunque Massie conseguiría el registro oficial de cómo cada representante responde a las acusaciones.

Venezuela, Yemen y el futuro de la iniciativa

Los dos últimos artículos se refieren a las operaciones militares estadounidenses en Venezuela y Yemen. Massie sostiene que el supuesto secuestro del líder venezolano Nicolás Maduro se realizó sin autoridad constitucional o legal, mientras que también objeta los ataques todavía activos en Yemen por sus bajas civiles y por no contar, según su argumento, con autorización del Congreso.

Las acusaciones amplían el alcance de la resolución más allá de un solo teatro de operaciones y presentan un patrón que, a juicio de Massie, muestra una expansión indebida de las facultades del Departamento de Guerra. El congresista afirma que permitir que Hegseth permanezca en el cargo representaría una amenaza continua para los civiles, las leyes de guerra, la diplomacia estadounidense y la Constitución.

Massie dijo que el Congreso no debe hacer la vista gorda ante acciones que considera inconstitucionales e ilegales, porque sus integrantes juraron sostener y defender la Constitución de Estados Unidos. Su planteamiento ubica el juicio político como una herramienta de rendición de cuentas frente a funcionarios del Ejecutivo, incluso cuando el resultado legislativo parezca improbable.

La resolución deberá superar obstáculos políticos importantes antes de producir consecuencias concretas. Aun así, su presentación abre un nuevo frente de discusión sobre quién puede autorizar operaciones militares, qué controles deben aplicarse para proteger a civiles y hasta dónde puede llegar el Ejecutivo cuando el Congreso ha establecido límites expresos.

La información fue publicada inicialmente por Yahoo News a partir de un artículo de Reason Magazine, que describió la presentación de los ocho cargos y las acusaciones formuladas por Massie. El reporte no equivale a una determinación judicial sobre todos los hechos denunciados, por lo que cualquier evaluación definitiva dependerá de una eventual revisión legislativa, judicial o administrativa.

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