La comisionada de la SEC, Hester Peirce, cree que el CLARITY Act podría llegar al pleno del Senado de EE. UU. antes del receso de agosto. Su comentario refuerza la expectativa de que Washington intente cerrar este verano una de las reformas más importantes para definir quién regula las criptomonedas, aunque el proyecto aún enfrenta una aritmética legislativa exigente y varias etapas críticas.
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- Hester Peirce dijo que espera un voto del CLARITY Act en el Senado antes del receso de agosto.
- La ley dividiría la supervisión cripto entre la SEC y la CFTC, y aclararía cómo aplica la prueba de Howey.
- El proyecto todavía necesita fusionar textos legislativos y alcanzar 60 votos para superar el cierre del debate.
🚨 La comisionada de la SEC, Hester Peirce, confirma que el CLARITY Act podría ser votado en el Senado antes del receso de agosto.
Este acto dividiría la supervisión criptográfica entre la SEC y la CFTC.
Se espera un marco más claro para la regulación de criptomonedas.
Sin… pic.twitter.com/2YoI47p6PZ
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) July 2, 2026
La comisionada de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Hester Peirce, dijo que espera que el CLARITY Act sea votado por el pleno del Senado de Estados Unidos antes del receso de agosto. La declaración la hizo durante el podcast Searching for Mana.
Su comentario importa por una razón simple. Peirce no habló como una observadora externa, sino como una comisionada en funciones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y ex integrante del personal del Comité Bancario del Senado.
Ese detalle da más peso político a la fecha sugerida. También sugiere que dentro de la agencia la ventana de verano ya no se ve solo como una aspiración, sino como una posibilidad real.
El avance del proyecto ha sido relevante, aunque todavía incompleto. La Cámara de Representantes lo aprobó con apoyo bipartidista de 294 a 134 en julio de 2025. Más tarde, el texto avanzó fuera del Comité Bancario del Senado con una votación de 15 a 9 en mayo de 2026. Ese paso fue importante en términos procedimentales, pero no equivale a una aprobación final.
Para entender el alcance de esta discusión conviene recordar el problema de fondo. En Estados Unidos, la regulación cripto ha oscilado entre acciones de cumplimiento, guías administrativas y disputas sobre si ciertos tokens son valores o productos básicos.
Esa incertidumbre ha afectado durante años a emisores, exchanges, desarrolladores y participantes del mercado secundario. Por eso, una ley que fije criterios estatutarios tiene implicaciones que van mucho más allá del corto plazo.
Una ruta legislativa con optimismo, pero todavía exigente
Aunque el tono general del mercado ha sido optimista, la aritmética política aún luce apretada. El Senado no solo debe votar el proyecto, sino hacerlo sobre un texto combinado. Eso se debe a que el borrador surgido del Comité Bancario del Senado debe fusionarse con otro proyecto paralelo del Comité de Agricultura. Este último se concentra en productos básicos y derivados.
Una vez integrado ese texto, el proyecto necesitará 60 votos para superar la cláusula de cierre. Ese umbral obliga a una cooperación bipartidista sostenida. En el comité ya hubo señales de ese apoyo compartido. Los demócratas Rubén Gallego, de Arizona, y Angela Alsobrooks, de Maryland, se sumaron a 13 republicanos para respaldar el avance.
Sin embargo, un voto favorable en comité no garantiza un resultado idéntico en el pleno. Son dos escenarios distintos y con cálculos políticos diferentes. Peirce conoce esa diferencia de primera mano por su experiencia institucional. Justamente por eso su pronóstico ha sido leído como una señal seria, aunque no definitiva.
La presión para actuar también ha crecido fuera del Capitolio. Más de 100 empresas y asociaciones de la industria cripto firmaron una carta pública para instar al liderazgo del Senado a mover el proyecto.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también elevó el tono del debate. Según ese planteamiento, aprobar la ley sería crítico para preservar el liderazgo financiero de Estados Unidos y el estatus de reserva del dólar. Ese argumento amplía la discusión más allá de la innovación financiera. La sitúa dentro de una disputa más amplia por competitividad regulatoria y relevancia monetaria global.
Peirce resumió ese momento político con una frase directa. “Esta es una ventana rara donde tienes una gran cantidad de buena voluntad regulatoria. Usa eso para construir cosas que perduren, cosas que importen”, afirmó.
Cómo repartiría el CLARITY Act la supervisión entre SEC y CFTC
Uno de los puntos centrales del CLARITY Act es la redistribución de competencias entre la SEC y la CFTC. El proyecto propone un marco de clasificación de tres categorías para los activos digitales.
Dentro de ese esquema, los productos básicos digitales quedarían bajo la órbita de la CFTC para la supervisión del mercado al contado. Hoy esa estructura no existe de forma clara en el estatuto federal. Bitcoin y Ethereum aparecen como los casos más evidentes dentro de esa categoría. Peirce también señaló que Solana probablemente quedaría incluida.
Los activos que sí califiquen como contratos de inversión seguirían bajo supervisión de la SEC. Esa distinción es clave porque toca la base del conflicto regulatorio de los últimos años.
El proyecto también contempla a las stablecoins de pago permitidas. En ese caso, la supervisión sería conjunta. La novedad no es menor para el mercado. Una delimitación más precisa entre reguladores podría reducir choques de jurisdicción y bajar el riesgo de interpretaciones opuestas sobre un mismo activo.
Para exchanges, emisores y firmas de infraestructura, esa claridad podría influir en listados, cumplimiento normativo y diseño de productos. También podría modificar la forma en que se evalúan riesgos legales en operaciones dentro de Estados Unidos.
El trasfondo es que la falta de reglas legislativas claras ha dejado demasiadas zonas grises. Eso ha forzado a muchas empresas a operar esperando definiciones caso por caso. En ese sentido, la ley apunta a reemplazar parte de esa incertidumbre por categorías legales explícitas. Esa es una de las razones por las que el proyecto ha ganado tanta atención en el ecosistema.
La prueba de Howey y el fin de una zona gris para varios tokens
Peirce destacó otro componente esencial del proyecto: la aclaración de la prueba de Howey. Ese test se usa para evaluar si un activo forma parte de un contrato de inversión.
Bajo el marco actual, esa determinación depende de un análisis intensivo de hechos. La SEC lo ha aplicado de forma inconsistente, según la lectura expuesta en la conversación citada por la fuente. Esa inconsistencia ha dejado expuestos tanto a emisores como a actores del mercado secundario. El riesgo ha sido la posibilidad de enfrentar acciones retroactivas de cumplimiento.
El CLARITY Act codificaría un estándar más claro sobre cuándo esa prueba aplica a un token específico. Eso atacaría una de las mayores fuentes de inseguridad jurídica en el sector. La relevancia práctica es alta para varias redes de capa 1. La ambigüedad regulatoria ha mantenido a importantes tokens en una zona gris de clasificación.
Según el planteamiento reseñado, esa situación también ha frenado listados en exchanges de Estados Unidos. En otras palabras, la incertidumbre legal no solo ha sido un problema teórico, sino comercial.
Peirce ha sostenido durante mucho tiempo que un enfoque de “aplicación primero” distorsiona el panorama. Bajo esa lógica, desarrolladores honestos pueden terminar tratados igual que actores fraudulentos.
La propuesta busca sustituir ese modelo por un marco estatutario más predecible. Para los constructores, eso significaría diseñar productos frente a reglas escritas y no frente a posiciones cambiantes del personal regulador.
La distinción es importante porque las guías administrativas pueden revertirse. Una futura administración podría deshacer cartas de no acción y boletines del personal sin pasar por el Congreso. En cambio, una definición legal aprobada por ley tiene un peso mucho más estable. Esa asimetría explica por qué el calendario de verano es visto como un momento decisivo para el mercado de activos digitales.
Protecciones para desarrolladores y señales políticas desde la SEC
El proyecto también aborda la responsabilidad legal de los desarrolladores de software. Ese punto resulta especialmente sensible para protocolos DeFi y comunidades de código abierto.
Bajo el régimen anterior de la SEC, los desarrolladores podían quedar expuestos si terceros usaban sus protocolos de formas que luego fueran consideradas ilegales por los reguladores. Ese riesgo ha pesado sobre redes descentralizadas sin una entidad central de control.
El CLARITY Act introduciría una protección para esos desarrolladores en casos donde la red descentralizada carezca de un intermediario centralizado que ejerza control. La medida intentaría separar la creación de software del uso posterior que hagan terceros.
Para muchos equipos técnicos, esa protección sería más que simbólica. Podría afectar decisiones de lanzamiento, contribución de código y localización de talento dentro o fuera de Estados Unidos.
En paralelo, el liderazgo actual de la SEC ha emitido señales alineadas con la visión de Peirce. El presidente de la agencia, Paul Atkins, reforzó ese mensaje en comentarios al Economic Club de Nueva York y en una entrevista con Fox News.
Atkins dijo que el presidente Trump había desafiado a la SEC a convertir a Estados Unidos en la capital cripto del mundo. También criticó a la administración anterior por tratar a los activos digitales como sospechosos por naturaleza.
Además, prometió traer de vuelta a los innovadores que abandonaron el país para construir bajo la ley estadounidense. Esa postura coincide con la línea defendida por Peirce sobre la importancia de un marco consistente.
La fuente también señaló que la exposición financiera profunda de la administración Trump al sector cripto añade peso político a ese compromiso. Eso sugiere que el respaldo al proyecto no descansa solo en declaraciones públicas.
Aun así, el resultado legislativo sigue abierto. Hay impulso, apoyo sectorial y mensajes favorables desde la SEC, pero todavía faltan un texto unificado, un voto en el pleno y la firma presidencial.
Por eso, el mercado seguirá mirando no solo los discursos, sino la secuencia procedimental de las próximas semanas. Si el Senado actúa antes del receso de agosto, el CLARITY Act podría marcar un antes y un después en la arquitectura regulatoria de las criptomonedas en Estados Unidos.
Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.
Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.
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