Por Canuto  

La principal ley económica de Donald Trump extendió recortes fiscales, endureció el acceso a SNAP y Medicaid, elevó el gasto migratorio y militar, y podría sumar USD $3,4 billones a la deuda estadounidense durante la próxima década.
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  • La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que la ley aumentará el déficit acumulado en USD $3,4 billones durante diez años.
  • Los cambios en SNAP ya se relacionan con 4 millones menos de beneficiarios, mientras Medicaid podría dejar sin seguro a más de 7 millones de personas.
  • El paquete destinó unos USD $350.000 millones a Defensa y Seguridad Nacional, mientras la deuda federal de Estados Unidos ronda los USD $40 billones.

La ley conocida como One Big Beautiful Bill, firmada el 4 de julio de 2025 por el presidente Donald Trump, está mostrando un balance marcado por beneficios fiscales, recortes sociales, mayor gasto en seguridad y un deterioro de las cuentas públicas. El paquete, que los demócratas denominan “Big Ugly Bill”, extendió políticas tributarias del primer mandato de Trump y añadió nuevas deducciones, pero también restringió el acceso a programas de alimentos y atención médica para millones de personas.

Un año después de su aprobación, los republicanos presentan la legislación como su principal logro mientras buscan conservar la mayoría en el Congreso durante las elecciones intermedias. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la describe como una muestra de gobernanza de “sentido común”, y el representante Derrick Van Orden, republicano por Wisconsin, reprochó que ningún demócrata hubiera votado a favor.

Alivio fiscal con mayores beneficios para los ingresos altos

La ley evitó que expiraran a finales de 2025 varios recortes fiscales aprobados durante el primer mandato de Trump. Además de prolongar esas medidas, incorporó exenciones para ciertos ingresos por propinas, horas extra y pagos de intereses de préstamos automotrices, junto con una deducción estándar más amplia, un crédito tributario por hijos mayor y una deducción adicional para numerosos adultos mayores.

El Departamento del Tesoro informó que unos 7,5 millones de declarantes reclamaron la exención para ingresos por propinas, mientras 29 millones utilizaron la correspondiente a horas extra. Otros 35 millones aplicaron la deducción mejorada para adultos mayores, y casi 40 millones de familias reclamaron el crédito tributario por hijos ampliado, cifras que los republicanos utilizan para defender el alcance popular de la legislación.

El paquete también creó las llamadas cuentas Trump para niños, aunque el efecto más visible para muchos contribuyentes consistió en mantener beneficios que ya existían. Garrett Watson, vicepresidente de política fiscal federal de Tax Foundation, señaló que el recorte promedio rondó los USD $2.300, pero explicó que muchas personas quizá no lo perciban porque la medida simplemente conserva el tratamiento anterior.

Según Tax Foundation, los reembolsos efectivos aumentaron cerca de USD $350 en promedio, equivalente a aproximadamente 11%, una diferencia que Watson describió como la prevención de un incremento tributario y no necesariamente como un alivio adicional. El beneficio, además, fue desigual: los hogares con mayores ingresos obtuvieron ganancias más amplias, mientras los aranceles de Trump y otras políticas compensaron buena parte de la ventaja para algunos contribuyentes.

SNAP y Medicaid enfrentan nuevas restricciones

Uno de los cambios centrales de la ley recae sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, y sobre Medicaid, el programa público de salud. La legislación amplió los requisitos de trabajo para determinados beneficiarios, con la meta republicana de reducir lo que sus impulsores califican como desperdicio, fraude y abuso, además de incentivar el regreso al empleo.

Las personas sujetas a las nuevas reglas deben trabajar, realizar servicio comunitario o participar en programas educativos durante 80 horas al mes. El requisito de SNAP se extendió a más adultos considerados aptos para trabajar, incluidos estadounidenses de hasta 64 años que no tienen hijos pequeños, aunque los defensores del programa sostienen que muchas personas que pueden trabajar ya lo hacen y aun así necesitan la ayuda para cubrir sus gastos.

Hasta ahora, unos 4 millones de personas menos reciben asistencia alimentaria mediante SNAP, según datos federales recopilados por el Center on Budget and Policy Priorities. La participación disminuyó en todos los estados, y más de 800.000 niños dejaron de recibir la ayuda en al menos 13 estados con información pública disponible, de acuerdo con ese centro de estudios.

Medicaid no exigía previamente un requisito general de trabajo, pero la ley establece uno que la mayoría de los estados comenzará a aplicar en 2027, aunque algunos ya iniciaron el proceso este año. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que más de 7 millones de personas podrían quedar sin seguro médico, mientras la legislación reserva USD $50.000 millones para ayudar a los hospitales rurales a enfrentar los recortes.

Más recursos para defensa, seguridad y deportaciones

El paquete asignó aproximadamente USD $350.000 millones a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional, ampliando de forma considerable los presupuestos de ambas áreas. El Pentágono recibió cerca de USD $150.000 millones para distintos proyectos, aunque el secretario de Defensa Pete Hegseth regresó al Capitolio durante el verano para solicitar fondos adicionales destinados a apoyar la guerra contra Irán.

Seguridad Nacional obtuvo unos USD $175.000 millones, principalmente para respaldar la agenda migratoria y de deportaciones de Trump. Con esos recursos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aceleró sus contrataciones, mientras departamentos de policía estatales y locales comenzaron a aprovechar fondos adicionales para colaborar con la agencia federal.

Los arrestos migratorios alcanzaron casi 50.000 en julio, un máximo registrado después de que Seguridad Nacional intensificara sus operaciones. El ritmo había disminuido tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses asesinados por agentes del orden mientras protestaban contra las acciones federales de control migratorio en Minneapolis.

En agosto, Seguridad Nacional comunicó otro récord, con casi 51.000 arrestos migratorios. El aumento de las detenciones y deportaciones representa una de las consecuencias más visibles del financiamiento aprobado, aunque el debate político continúa dividido entre la promesa republicana de reforzar la aplicación de la ley y las críticas por sus costos humanos.

Déficit, deuda y distribución de los recursos

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la ley incrementará el déficit nacional en USD $3,4 billones durante los próximos diez años. El cálculo contempla una reducción de USD $4,5 billones en ingresos tributarios por los recortes, parcialmente compensada por una disminución del gasto de USD $1,1 billones, concentrada en buena medida en los programas de alimentos y atención médica.

Los déficits anuales de Estados Unidos se acercan a USD $2 billones, mientras la deuda federal ronda los USD $40 billones. Esa combinación coloca el resultado fiscal de la ley en el centro de la discusión sobre sostenibilidad presupuestaria, especialmente porque sus beneficios tributarios se presentan como permanentes o prolongados y los recortes sociales recaen sobre grupos con menor capacidad financiera.

El análisis presupuestario concluye que los recursos disminuirán para los hogares ubicados en la parte baja de la distribución de ingresos, mientras aumentarán para los hogares de ingresos medios y altos. La estructura explica por qué la administración puede exhibir millones de declaraciones con deducciones nuevas o ampliadas, al mismo tiempo que organizaciones sociales reportan una caída en la cobertura de alimentos y salud.

Steve Scalise, líder de la mayoría republicana, pidió durante la convención de Dallas que se identificara a quienes se están beneficiando de los recortes fiscales, y el público respondió con aplausos. Sin embargo, el balance disponible muestra una disputa que va más allá del alivio inmediato: la ley combina ventajas tributarias y mayor gasto de seguridad con menos protección social y una deuda federal que continúa creciendo.

El resultado deja a los votantes ante una elección política definida por prioridades contrapuestas. Los republicanos prometen profundizar este modelo si conservan el poder, mientras los demócratas cuestionan que el costo de los recortes recaiga sobre los programas utilizados por los hogares más vulnerables.

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