El Concejo Municipal de Los Ángeles no reunió los diez votos necesarios para frenar un piloto de lectores de placas de Axon para el LAPD. La prueba de tres meses sigue adelante, mientras un contrato de diez años y USD $235 millones espera una revisión y una votación separadas, en medio de advertencias sobre datos desactualizados, alertas erróneas y detenciones de alto riesgo.
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• La votación del 27 de octubre terminó 9 a 6, un voto menos de los diez necesarios para revocar la aprobación de la comisión policial.
• El inspector general registró 210.568.103 lecturas de placas en dos meses y 161 alertas precisas que luego correspondieron a vehículos que ya no estaban reportados como robados.
• El contrato de diez años por USD $235 millones aún requiere aprobación del concejo y continúa bajo revisión del Oficial Administrativo de la Ciudad.

Los Ángeles mantiene el piloto de lectores de placas de Axon y deja pendiente un contrato de USD $235 millones

Una votación insuficiente para bloquear la prueba

El Concejo Municipal de Los Ángeles no consiguió los diez votos que necesitaba para revocar la aprobación de la Junta de Comisionados de Policía a un piloto de lectores de placas de Axon para el Departamento de Policía de Los Ángeles, conocido como LAPD. La votación del 27 de octubre terminó 9 a 6, de modo que el programa de tres meses puede continuar mientras el concejo encara por separado el debate sobre un contrato tecnológico de mayor alcance.

La prueba autorizada es la más pequeña de dos iniciativas aprobadas por la comisión policial el 22 de septiembre, en una votación de 3 a 0. El piloto instalará cámaras en postes de alumbrado público, sin costo para la ciudad, según la información proporcionada sobre el programa; la iniciativa más amplia contempla equipamiento y servicios para el departamento durante una década.

La diferencia entre los votos necesarios para abrir la discusión y los requeridos para revertir la decisión explica el resultado. El 6 de octubre, diez concejales afirmaron su jurisdicción sobre la aprobación de la comisión conforme a la Sección 245 de la Carta Orgánica, pero anularla requería diez votos entre los 15 integrantes del concejo, por lo que nueve apoyos no bastaron.

Bob Blumenfield, John Lee, Traci Park y Monica Rodriguez votaron en contra de afirmar esa jurisdicción, según el reporte de MyNewsLA. Antes de la votación final, el Comité de Seguridad Pública había recomendado el veto por 3 a 2 el 20 de octubre: Curren Price, Nithya Raman y Hugo Soto-Martínez apoyaron la recomendación, mientras Lee y Park votaron en contra.

Las cifras del inspector general y las alertas cuestionadas

La discusión llegó después de que el inspector general Matthew J. Barragan advirtiera sobre el funcionamiento del sistema de lectores de placas del LAPD. Su informe, fechado el 10 de julio de 2026 y registrado como BPC 26-184, revisó la actividad entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, periodo en el que las cámaras acumularon 210.568.103 lecturas.

El documento atribuyó a las alertas de las listas de vehículos buscados 68 detenciones y 74 arrestos, además de la recuperación de 337 vehículos robados. The Auto Wire calculó que el volumen equivale a unas 625.000 lecturas por cada vehículo recuperado, pero esa proporción es un cálculo del medio y no una cifra presentada por el inspector general.

El informe también identificó 161 alertas en las que la cámara había leído correctamente la placa, pero los investigadores descubrieron después que el vehículo ya no estaba robado. La explicación señalada fue que algunos registros no se actualizaron a tiempo, como podía ocurrir cuando un automóvil recuperado permanecía en una lista de búsqueda y seguía generando una alerta.

El dato importa porque una lectura correcta no garantiza que la información asociada a la placa siga vigente. Una alerta puede orientar a los agentes hacia un vehículo que ya no debería figurar como buscado, lo que plantea dudas sobre cómo se mantiene la base de datos y qué controles se aplican antes de convertir el aviso de una cámara en una intervención policial.

Uso de fuerza y controles sobre los datos

De las 68 detenciones asociadas a alertas, en 46 los oficiales emplearon tácticas de alto riesgo para sacar a los ocupantes y ponerlos bajo custodia. Una nota al pie del informe describe ese tipo de intervención como una operación que suele incluir refuerzos, una aeronave, armas desenfundadas y una patrulla utilizada como cobertura.

El informe recomendó que el departamento suspendiera el despliegue de nuevas cámaras lectoras de placas y la firma de nuevos contratos hasta que el público pudiera pronunciarse y se revisaran los proveedores y las prácticas sobre datos. También pidió un método estandarizado para documentar las detenciones iniciadas por una alerta, con el fin de analizar de manera consistente cómo se producen.

Barragan señaló además que el contrato de Axon ya vigente, que cubría una función activa de lectura de placas en aproximadamente 1.500 vehículos del LAPD, no establecía términos específicos sobre retención, capacidad de búsqueda ni intercambio de información con otras agencias. El informe se registró 74 días antes de que la comisión aprobara el nuevo piloto y el contrato de diez años, el 22 de septiembre.

El debate no se limita a la cantidad de cámaras, sino también a cuánto tiempo permanecen disponibles los registros y quién puede consultarlos o compartirlos. La fuente informa que una conductora de Florida pasó 13 días en la cárcel después de que una cámara de Flock contribuyera a su arresto; ese caso ilustra el posible costo de una coincidencia problemática, aunque no corresponde al sistema del LAPD.

El LAPD reduce el acceso, pero la expansión sigue en disputa

El LAPD emitió el 16 de octubre una nueva política que redujo de dos años a 90 días el periodo de datos de placas disponible para búsquedas y limitó el acceso a unos 4.000 oficiales, según MyNewsLA. El acceso directo al sistema permanece suspendido y, de acuerdo con el reporte, no entrarán en vigor nuevos acuerdos para compartir datos hasta que concluya el piloto.

Dean Gialamas, jefe de tecnología del LAPD, dijo a la Comisión de Policía que Axon aceptó que el departamento sería propietario de los datos y que estos no podrían compartirse con autoridades federales, según información difundida por Police1. El piloto utilizaría 30 cámaras, de acuerdo con Ubicquia Inc., la empresa instaladora.

El departamento dejó de utilizar Flock a mediados de julio, luego de decidir que no renovaría el servicio, informó el Los Angeles Daily News. Esa decisión y las nuevas restricciones se producen mientras la ciudad evalúa otro sistema, de modo que los límites de acceso y las condiciones para compartir información forman parte central de la discusión sobre la prueba de Axon.

Los argumentos dentro del concejo reflejaron una disputa entre avanzar con la prueba y definir primero las salvaguardas. Blumenfield y Park aludieron al tiempo y al dinero ya invertidos, así como a eventos próximos como el Super Bowl y los Juegos Olímpicos; Soto-Martínez, quien presentó la moción para detener el programa, sostuvo que las protecciones debían quedar escritas antes de instalar más cámaras.

El contrato de diez años aún necesita aprobación

El acuerdo de mayor alcance asciende a USD $235 millones y cubriría diez años, hasta julio de 2036, según un informe del personal citado por el Los Angeles Daily News. Incluye cámaras corporales mejoradas, sistemas de cámaras para vehículos, pistolas Taser, almacenamiento digital de evidencia y una herramienta de inteligencia artificial que redacta informes policiales a partir del audio captado por las cámaras corporales.

El concejo todavía no ha votado ese contrato, que necesita aprobación municipal y continúa bajo revisión del Oficial Administrativo de la Ciudad, según LAist. Los reportes del 6 de octubre indicaban que algunos integrantes tenían reparos, pero consideraban que entonces no contaban con autoridad para intervenir sobre el acuerdo.

Las cifras sobre el alcance del sistema varían según los documentos citados: el inspector general contabilizó alrededor de 1.500 vehículos con una función activa de lectura de placas, mientras MyNewsLA informó que el contrato incluye más de 1.600 cámaras para patrullas con esa tecnología. El LAPD ha dicho que publicará informes mensuales durante el piloto, una medida que permitirá seguir su operación mientras el concejo considera el acuerdo más amplio.

La siguiente etapa será la revisión del Oficial Administrativo de la Ciudad y, posteriormente, una votación del concejo sobre el contrato de USD $235 millones. Mientras tanto, la expansión de las cámaras queda pendiente hasta que termine el piloto, y el debate municipal deberá decidir si basta con los límites anunciados por el LAPD o si hacen falta reglas adicionales para la retención, búsqueda y circulación de los datos.

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