Por Canuto  

El IRS revisa información vinculada con cerca de USD $100.000 millones en préstamos de ayuda por COVID-19, luego de que la SBA remitiera más de USD $200.000 millones en casos sospechosos. Las discrepancias no equivalen por sí solas a una determinación de fraude, pero podrían derivar en impuestos, sanciones y nuevas medidas de cobro.
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  • La SBA remitió al IRS más de USD $200.000 millones en préstamos sospechosos; el cruce de datos identificó discrepancias relacionadas con unos USD $100.000 millones.
  • La revisión comprende préstamos PPP y EIDL, programas creados para apoyar a empresas y trabajadores durante la pandemia.
  • La SBA también reportó préstamos enviados a cobro y restricciones futuras para personas sospechosas de defraudar programas de ayuda.

IRS revisa préstamos por USD $100.000 millones señalados por posible fraude durante la pandemia

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos analiza discrepancias relacionadas con préstamos de emergencia por COVID-19 que suman cerca de USD $100.000 millones. La cifra surge de un cruce entre datos de solicitudes presentadas ante la Administración de Pequeñas Empresas y declaraciones tributarias, y no significa que todos esos préstamos hayan sido declarados fraudulentos.

El cruce de información lleva los préstamos a revisión fiscal

A principios de este año, la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, conocida como SBA, remitió al IRS más de USD $200.000 millones en préstamos que consideraba sospechosos de fraude. La agencia tributaria comparó la información que los solicitantes entregaron al pedir ayuda con los datos que posteriormente declararon ante el sistema fiscal, una revisión que permitió identificar inconsistencias vinculadas con cerca de USD $100.000 millones.

La distinción entre una discrepancia y un fraude comprobado resulta central para interpretar el monto. La cifra identifica préstamos asociados a datos que no coinciden entre ambas fuentes, mientras que la determinación de responsabilidad dependerá de la revisión de cada caso y de las medidas que adopten las autoridades competentes.

Según la SBA, el IRS evaluará si corresponde aplicar impuestos adicionales o penalizaciones, incluidas sanciones por fraude. El alcance de esas consecuencias dependerá de lo que revelen las declaraciones y los documentos de cada prestatario, por lo que la suma señalada representa un universo bajo escrutinio y no un balance final de pérdidas confirmadas.

La revisión se concentra en dos programas federales creados durante la emergencia sanitaria: el Programa de Protección de Nóminas, conocido como PPP, y los Préstamos por Desastre Económico por Lesiones relacionados con COVID-19, o EIDL. El primero buscaba ayudar a las empresas a mantener a sus trabajadores; el segundo ofrecía préstamos y anticipos para que los negocios afrontaran los efectos económicos de la crisis.

Ambos programas canalizaron apoyo hacia empresas que enfrentaban dificultades durante la pandemia, pero sus objetivos no eran idénticos. Por eso, el análisis de las solicitudes considera los datos presentados para cada tipo de asistencia y contrasta esas afirmaciones con la información tributaria declarada por los beneficiarios.

La administradora de la SBA, Kelly Loeffler, sostuvo que las personas que hubieran inflado sus nóminas, inventado el número de empleados, falsificado registros comerciales o mentido para obtener préstamos también enfrentarían el escrutinio del IRS. Su declaración plantea la rendición de cuentas como objetivo de la revisión, aunque la existencia de una acusación o sospecha no determina por sí misma el resultado de un caso particular.

Más medidas de cobro y límites para futuros préstamos

La revisión actual se suma a otras acciones anunciadas para responder a posibles abusos en los programas de ayuda pandémica. En 2023, la SBA estimó que un 20% de los USD $1,2 billones destinados a la asistencia por COVID-19 podría haberse obtenido mediante fraude, una evaluación que refleja la escala de las sospechas, pero que no equivale a una cifra de condenas o fraudes probados.

El 24 de abril, la SBA informó que había remitido 562.000 préstamos sospechosos al Departamento del Tesoro para su cobro. La cifra abarca préstamos PPP y EIDL, y la agencia explicó que tiene la obligación legal de derivar deudas morosas a una oficina del Tesoro cuando alcanzan el nivel de atraso requerido.

La SBA también afirmó que la administración anterior no remitió esos 562.000 préstamos a las autoridades para su investigación y cobro. Esa explicación forma parte de la justificación ofrecida por la agencia para describir sus medidas recientes, mientras que el envío al Tesoro se relaciona con la gestión de deudas y no debe confundirse automáticamente con una decisión judicial sobre fraude.

El 14 de septiembre, JD Vance anunció que la administración suspendería permanentemente a 870.000 personas de recibir nuevos préstamos federales, debido a sospechas de que defraudaron USD $39.000 millones de los programas de apoyo a pequeñas empresas durante la pandemia. La medida anunciada se refiere a la elegibilidad para futuras ayudas federales y se basa, según lo reportado, en sospechas de fraude.

Las cifras de préstamos remitidos al IRS, las deudas enviadas al Tesoro y las personas excluidas de futuros préstamos describen acciones distintas, por lo que no deben sumarse como si representaran una sola pérdida confirmada. En conjunto, muestran que las autoridades están usando revisiones fiscales, procesos de cobro y restricciones de elegibilidad para abordar presuntas irregularidades en la asistencia de emergencia.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental estimó en un informe de abril de 2024 que el gobierno federal pierde entre USD $233.000 millones y USD $521.000 millones al año por fraude. Ese cálculo abarca el fraude gubernamental en términos generales y no corresponde exclusivamente a los programas de préstamos por COVID-19 ni permite atribuir toda esa pérdida a los casos que ahora examina el IRS.

El resultado de las revisiones determinará si las discrepancias detectadas conducen a ajustes fiscales, penalizaciones, cobros u otras consecuencias para los prestatarios involucrados. Hasta entonces, los USD $100.000 millones describen préstamos relacionados con inconsistencias bajo análisis, mientras las autoridades distinguen entre señales de alerta y responsabilidades establecidas.

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