Por Canuto  

Una investigación periodística puso bajo una nueva luz a World Liberty Financial, el proyecto DeFi respaldado por la familia Trump, tras revelar su asociación con una empresa cuyos principales responsables fueron sancionados por presuntos nexos con una red de “pig butchering” que habría robado miles de millones a ciudadanos estadounidenses. El caso también alcanza a dos figuras operativas de WLF, hoy bajo escrutinio federal por sus emprendimientos previos.

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  • World Liberty Financial permitió que su stablecoin USD1 operara en la red de AB menos de un mes después de sanciones de EE. UU. contra figuras ligadas a esa empresa.
  • El Tesoro estadounidense sancionó a más de 140 personas y empresas por su presunta relación con Prince Group y complejos de estafa en Camboya.
  • Chase Herro y Zachary Folkman, identificados como piezas clave de WLF, son examinados por el DOJ y la SEC por sus proyectos anteriores.

 


World Liberty Financial, el proyecto cripto respaldado por la familia Trump, enfrenta nuevas preguntas tras una investigación periodística que lo vinculó con una empresa relacionada con una presunta red transnacional de fraude conocida como “pig butchering”.

El caso añade presión legal y reputacional sobre una iniciativa que desde su lanzamiento buscó posicionarse como actor relevante dentro del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi).

Según reportó The Wall Street Journal, WLF se asoció con una compañía de moneda virtual llamada AB, lo que permitió que la stablecoin USD1 operara sobre la red de esa firma. El problema es que personajes clave de AB habían sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con Prince Group, una estructura señalada por dirigir complejos de estafa en Camboya.

La asociación entre WLF y AB fue anunciada menos de un mes después de la acción del Tesoro del 14 de octubre. Esa cronología es central en el caso, porque los nombres de Yang Jian, accionista controlador del resort de AB en Timor Oriental, y Yang Yanming, su gerente general, ya figuraban en el paquete de sanciones al momento en que se comunicó la alianza.

La historia no sostiene que Donald Trump o su familia tuvieran conocimiento de esos antecedentes. Sin embargo, el hecho de que el proyecto use una marca políticamente tan visible amplifica el nivel de escrutinio y abre un debate sobre la calidad de sus procesos de conocimiento de contrapartes y debida diligencia.

La escala de la red y el vínculo con AB

El “pig butchering” es una modalidad de fraude prolongado en la que operadores crean relaciones falsas con sus víctimas en internet, ganan su confianza y luego las inducen a invertir en esquemas cripto fraudulentos. En muchos casos, estas operaciones se apoyan en complejos offshore donde también se ha denunciado la explotación de trabajadores forzados.

De acuerdo con la investigación citada, Prince Group habría robado miles de millones de dólares mediante operaciones de este tipo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo describió como operador de al menos 10 complejos violentos de estafa en Camboya, una dimensión que sitúa el caso entre los episodios más graves de fraude financiero habilitado por infraestructura digital.

El 14 de octubre, el Tesoro estadounidense sancionó a más de 140 personas y empresas por su presunta participación en esta red. Entre los señalados estaban Yang Jian y Yang Yanming, ambos relacionados con el proyecto de resort temático de blockchain que AB desarrollaba en Timor Oriental.

AB retiró de la empresa a los tres individuos sancionados poco después de la acción del Tesoro. Aun así, la alianza con World Liberty Financial fue anunciada semanas después, un hecho que hoy concentra buena parte de las dudas sobre los controles internos del proyecto y sobre la evaluación que se hizo antes de integrar USD1 a esa red.

El foco sobre Chase Herro y Zachary Folkman

La investigación también identifica a Chase Herro y Zachary Folkman como piezas centrales de la estrategia técnica y operativa de World Liberty Financial. Ambos aparecen ahora bajo la lupa del Departamento de Justicia y de la SEC por sus proyectos anteriores, específicamente Yield Game y Dough Finance.

Según el reporte, las autoridades examinan una presunta superposición de infraestructura entre esas empresas previas y un sindicato de “pig butchering” que habría defraudado a inversionistas por más de USD $100 millones en todo el mundo.

Ni Herro ni Folkman han sido acusados formalmente, pero el hecho de que los reguladores federales analicen esa conexión ya marca un salto importante en el riesgo para WLF.

La pieza más delicada de la investigación está en los análisis forenses de blockchain. Esos estudios, citados en el reportaje, muestran flujos de transacciones desde billeteras vinculadas al desarrollo temprano de WLF hacia direcciones relacionadas con operaciones de lavado de dinero atribuidas a la red de fraude.

Además, WLF habría contratado desarrolladores y consultores que antes trabajaron para esas entidades cuando ya estaban bajo escrutinio federal. Si esos cruces se confirman, el caso podría dejar de ser un problema reputacional para entrar en un terreno más sensible, con preguntas sobre evasión de sanciones y uso de infraestructura cripto en esquemas de fraude.

La respuesta de WLF y los riesgos para la marca Trump

Los abogados de World Liberty Financial dijeron al Journal que la empresa solo conoció la conexión de AB con el proyecto sancionado del resort en Timor Oriental en enero de 2026. Eso ubicaría el descubrimiento cerca de dos meses después de haberse anunciado la asociación entre ambas compañías.

Esa defensa busca marcar distancia temporal entre el acuerdo y el entendimiento completo de los antecedentes del socio. No obstante, la secuencia sigue siendo incómoda, ya que las sanciones del Tesoro habían sido anunciadas públicamente antes de que USD1 fuera habilitada en la red de AB.

World Liberty Financial fue lanzada en 2024 como un protocolo DeFi de préstamo y gobernanza respaldado por la familia Trump. Ese respaldo le dio visibilidad casi inmediata en el mercado, y convirtió a su stablecoin USD1 en uno de sus productos de infraestructura financiera más observados por reguladores, medios e inversionistas.

Por qué este caso importa para el ecosistema cripto

El caso de WLF refleja un problema más amplio del sector: la distancia entre la narrativa de innovación financiera y los riesgos reales de cumplimiento cuando entran en juego redes transnacionales, infraestructura blockchain y socios poco transparentes. En el papel, habilitar una stablecoin en otra red puede parecer una expansión técnica rutinaria. En la práctica, puede exponer a un proyecto a sanciones, investigaciones y daños duraderos.

También deja una lección sobre el llamado KYP, o conocimiento de contraparte. Cuando reguladores sancionan a más de 140 personas y entidades en una sola acción, cualquier vínculo posterior con firmas cercanas a ese entramado tiende a ser interpretado como una falla estructural de debida diligencia, no como un simple error administrativo.

Para el mercado, la controversia llega en un momento en que las stablecoins ocupan un lugar central en la discusión regulatoria global. USD1, que fue presentada como una pieza estratégica de la infraestructura financiera de WLF, ahora queda asociada a un episodio que podría condicionar su crecimiento, sus alianzas futuras y la percepción de riesgo del proyecto.

Más allá del desenlace judicial, la investigación ya plantea una pregunta de fondo para la industria: qué tan robustos son los filtros de cumplimiento en proyectos cripto que crecen rápido, operan con múltiples socios y se mueven entre jurisdicciones con distintos niveles de supervisión. En este caso, esa duda pesa todavía más por la sensibilidad política de la marca implicada.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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